Fiscalía y querellantes culminan alegatos

Es uno de los momentos cruciales del juicio, los alegatos finales. La conclusión que hace cada parte sobre las pruebas presentadas durante el desarrollo del juicio que hoy tiene la sala a reventar.

Todos quieren escuchar las últimas frases de los fiscales, de las víctimas y de la defensa en el caso 138-15, éste número mil veces pronunciado por el Tribunal en estos cuatro meses de juicio, en que la fiscalía y la defensa se empeñaron por presentar su teoría del caso.

La primera buscaba probar que el expresidente Ricardo Martinelli fue autor intelectual de los pinchazos telefónicos y que dio seguimiento a las víctimas sin una autorización judicial. Como parte de las acusaciones hay dos delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado: de uso y por malversación, relacionados a los equipos de escuchas que se utilizaron en el Consejo de Seguridad para supuestamente emplear a las víctimas. Entre éstos, adversarios políticos, empresarios, periodistas, magistrados, sindicalistas y una serie de profesiones, que según la teoría del Ministerio Público, alcanzó a 150 personas.

Esta es la razón por la que arribaron muy temprano los interesados en ingresar a la sala. Cupos limitados que se peleaban como pan caliente los seguidores del exmandatario antes de que el seguridad diera luz verde para el ingreso a la sala número uno del Sistema Penal Acusatorio.

Entre el público se apreciaba a varias víctimas, Balbina Herrera, Michell Doens, Reynaldo Rivera, Francisco Sánchez Cárdenas, Aurelio Barría, José Luis "Popy" Varela, entre otros.

Una vez se cerró la puerta, el juez dio inicio a la sesión y otorgó la palabra a la Fiscalía. El fiscal Ricaurte González, vocero principal, solicitó al juez la posibilidad de transmitir el acto al público a través del circuito cerrado del sistema o con la participación de las televisoras. Pero el presidente del tribunal, Roberto Tejeira, tomó la palabra y respondió que al Tribunal le compete por norma que la audiencia sea pública y desde el inicio del juicio, marzo 12, hasta la fecha lo ha sido. Le recordó a la fiscalía que en estos meses las personas que han asistido a todas las sesiones las puede contar con la mano y le sobran dedos. Que el público en general no escuchó el desahogo probatorio, que en los alegatos podrían salir a relucir los nombres de testigos que solicitaron reserva, y que nadie podía tener certeza que lo mencionado en los alegatos sucedió en la fase probatoria, y negó la petición.

El fiscal Ricaurte González tomó la palabra. Expuso, en forma hilada, los hechos que probaban su teoría del caso. Todo empezó con un Decreto Ejecutivo a la medida en 2010, arrancó, que reorganiza el Consejo de Seguridad y en el que se responsabiliza al Presidente de lo que ahí ocurra.

Enseguida recordó la famosa entrevista que ofreció el exmandatario a un canal de televisión en la que dijo: yo tengo el dossier de todo y de todos. Como muestra de una confesión de parte sobre los pinchazos.

Mencionó que desfilaron 23 víctimas y 8 funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que prueban que no se trata de palabras, sino de hechos.

Después relató una infidencia. Dijo que el equipo de la fiscalía reflexionó cuando el juez les manifestó que no estaba entendiendo su teoría del caso, esto lo repitió en dos ocasiones durante el alegato. Fue cuando compareció el perito informático Luis Rivera Calles, quien le causó tropiezos a la fiscalía luego de declarar que los discos compactos en los que guardó la información sensitiva de la víctimas, tenían el sello roto, y que no se hacía responsable por el contenido.

Un escollo que la fiscalía trató de superar cuando las víctimas reconocieron la información intervenida que se les mostró en el juicio.

González recordó algunas palabras vertidas por el testigo protegido en el sentido de que uno de sus compañeros, Rony Rodríguez, le había llamado para decirle que por órdenes del expresidente se debía desmantelar la planta superior del edificio 150 del CSN donde supuestamente se hacía el espionaje.

A continuación describió cómo se acondicionó la infraestructura para permitir la operación de estos equipos: el contrato de Internet con la empresa Liberty, la instalación de antenas y cableado, y la compra de equipos, tres en total.

El juez Tejeira escuchaba con toda pasividad el alegato, como si ya se hubiera formulado una idea de lo que más adelante sentenciaría en conjunto con los jueces Arlene Caballero y Raúl Vergara. El hombre con suma paciencia, que se ha dedicado a hacer docencia a las partes en estos cuatro meses, conoce los argumentos de antemano, ha tomado nota en cientos de páginas blancas que mantiene guardadas para ser consultadas al momento de la verdad.

"El testigo protegido ya explicó qué se hacía ahí, en el edificio 150, Betsaida Quintero dijo que cometió una imprudencia, pero no se retractó de sus declaraciones, Julio Palacios, otro exfuncionario del CSN, aceptó que se rumoraba que se hacían escuchas ilegales, los tres testigos que laboraban en la empresa proveedora de Internet explicaron cómo instalaron los cables. Todas estas personas no pueden ponerse de acuerdo para conspirar contra el acusado como alega la defensa", relató el fiscal.

Siguió con el peritaje de las dos funcionarias de la Contraloría quienes estipularon que se había adquirido un equipo que le costó al Estado $13.8 millones y del cual no hay rastro.

Yo no estaría aquí si hubiera venido una de las víctimas a decirme que no reconoce la información que se le mostró, ellos no se reunieron para formar una conspiración contra el pobre acusado, manifestó en voz alta González.

Esbozó que los sellos rotos que identificó el perito Rivera Calles mantenían un soporte documental con la información de cada una de las víctimas. También mencionó a Júbilo Grael, funcionario del CSN, quien declaró que la instrucción que recibía consistía en vigilar a ciertas personas.

Señaló que las declaraciones de Yassir Purcait, el exmagistrado Erasmo Pinilla, Michell Doens y el testigo protegido, vincularon directamente al expresidente en los hechos.

Recordó el testimonio de algunas víctimas que explicaron al Tribunal una serie de hechos que probaban la vinculación directa del expresidente con los delitos. En este episodio citó al perredista Michel Doens, quien se entrevistó con el acusado en una ocasión en el centro penitenciario El Renacer y éste le había confesado que lo había pinchado, pero que sus intervenciones estaban judicializadas. Esas pruebas, las que refutan tal confesión, las presentó la fiscalía como evidencias documentales durante el juicio, manifestó el fiscal.

Luego, rememoró al tribunal otras palabras del testigo protegido cuando declaró que él mismo había llevado a la Presidencia un sobre amarillo con la información del partido opositor y se lo había entregado en la mano al entonces presidente. Eso le valió un "atrevido" del acusado quien negaba el hecho desde su silla cuando declaró el testigo.

Casi al finalizar su intervención, el fiscal se puso en los zapatos de la defensa: "yo hubiera sentado a mi cliente aquí para que explique a qué se refería cuando hablaba de la vereda tropical, o de los dossier, y lo someto al contra interrogatorio si no tiene nada que ocultar".

Para acuerpar su teoría del caso sobre el delito de peculado por malversación, recordó el famoso rack que fue extraído del CSN y trasladado a las oficinas del súper 99 en Monte Oscuro, propiedad del acusado, precedido por una parada en la Presidencia donde el conductor del auto recibió instrucciones de continuar la ruta.

Después tocó el turno a los querellantes. Una hora para cada parte. Carlos Herrera Delegado tomó la palabra y centró su alegato en probar la vinculación directa de Martinelli con los 4 delitos que se le acusa.

Primero mencionó que todo se trató de un plan, que nada fue espontáneo, por eso se reformó el decreto ejecutivo del CSN. El siguiente paso, según la querella, fue la compra de equipos cada vez más sofisticados para poder saciar la sed de información que tenía el exgobernante.

El M.L.M. Protection fue adquirido por el Fondo de Inversión Social a través de un contrato en 2011. El segundo equipo, el Da Vinci, tampoco funcionó como se esperaba, por eso es que se compró el equipo Pegasus de la empresa NSO Gruop que permitía al espía apropiarse remotamente del equipo con todas sus funciones.

"Los testigos Ángel Coronel y Jesús González describieron que colocaron dos antenas que se miraban entre sí. Las pruebas documentales, como la carta de Julio Moltó, exdirector del CS, solicitó a la Autoridad del Canal instalar dichos equipos en su terreno. Los tres funcionarios de inteligencia señalaron cómo de manera consecutiva se intervinieron los teléfonos y correos de las víctimas de quienes conocieron su vida íntima, relaciones extramaritales, y hasta su orientación sexual, eso no tiene ninguna relación con los temas del CS", recalcó el querellante.

Enseguida relacionó las declaraciones de las víctimas que comparecieron en el juicio. Las palabras de Jaime Cucalón, Michell Doens, y la de Rolando López, exdirector del CSN de 2014-2019. De este última intervención, la de López, el querellante citó las palabras que en un 4 de julio de 2014 el acusado le dijo al jefe de inteligencia: "deja de estar preguntando por los equipos, están en el fondo del mar, yo tengo músculo y billete, deja de estar preguntando", según narró López en la audiencia previa.

Acerca de la credibilidad del testigo protegido, por haber sido trasladado al extranjero por el actual gobierno con un salario 7 veces más alto de que ostentaba, resaltó que tuvo la valentía de despojarse de su vestimenta y revelar su identidad para decir la verdad. "Si después fue movido o mejoró su salario toda persona puede hacer acuerdos con la fiscalía", manifestó.

Se refirió a las contradicciones técnicas del disco compacto con el sello roto y principalmente al ejercicio pericial que realizó la defensa al disco compacto en el que salió a relucir el nombre de López como autor de los correos presentados por el testigo protegido. "Se aclaró que López prestó su computadora al testigo protegido. Es un tema de en qué computador se originó, pero no que es mentira lo que dice, eso no resta credibilidad al contenido del documento", defendió Carlos Herrera Delegado.

Sobre el delito de malversación fue enfático cuando recordó las palabras del testigo protegido cuando le ordenaron desmantelar el equipo, y asoció las palabras de Martinelli a López sobre los equipos en el fondo del mar, con el nombre Oceanía donde se encuentran las oficinas del expresidente Martinelli.