Hurto y robo aumentaron en comparación a 2017

Así lo revela la sexta encuesta de victimización y percepción de seguridad ciudadana efectuada por el Observatorio de Seguridad Ciudadana, 55% de las víctimas no denunció el hecho, en 71% de los casos denunciados no pasó nada

El panameño(a) siente que pierde el tiempo al denunciar ante las autoridades cuando le roban o hurtan algo. Lo que es aún más grave es que más de la mitad de los encuestados desconfía del sistema de justicia y considera que no hay certeza del castigo.

Más de la mitad (55%) de las personas que fueron víctimas de cualquier delito en 2018, no lo denunciaron ante las autoridades. Esta cifra no ha variado en los últimos tres años, lo que a su vez revela que las autoridades no han sido capaces de incrementar la confianza en la ciudadanía para demostrar su efectividad en las investigaciones de estos hechos.

Cuando lo hicieron, en el 71% de los casos no pasó nada. Es decir, el hecho quedó impune. En este sentido la denuncia suele archivarse en el Ministerio Público. Solo un 8% respondió que sus casos estaban en trámite, mientras que un 5% contestó que se puso al delincuente a disposición de un juez.

Las personas que se acercaron a las instancias correspondientes, lo hicieron porque no querían que el delito les ocurriera nuevamente; porque es una obligación denunciar el delito, para recibir ayuda, o recuperar el bien que le robaron.

Cuando no interpusieron la denuncia, justificaron desconfianza en las autoridades (32%); porque prefirieron no hacerse más problemas (14%), o porque no tenían pruebas del hecho (14%).

El Hurto sigue siendo el delito de mayor victimización en el país, siendo dentro de la casa el lugar de mayor ocurrencia, lo que registró un aumento de un 31% en el 2018 contra un 30% en 2017.

De acuerdo al lugar donde se cometió el delito o hecho violento los de mayor ocurrencia siguen siendo en las cercanías de su casa y en la parada de buses con un 21% respectivamente.

Los artículos preferidos de los ladrones son el teléfono celular, equipos electrónicos, dinero (tarjetas de crédito o cheques), la cartera, joyas y documentos.

Llama la atención que en 2018, los meses que más robos sufrieron las víctimas ocurrieron en noviembre y diciembre, en comparación al 2017, el mes de mayor actividad delictiva que relataron los encuestados fue agosto.

Los datos fueron divulgados ayer por la Cámara de Comercio, a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que recoge la sexta encuesta anual de victimización y percepción de seguridad ciudadana para la que entrevistaron a 1016 personas, con un margen de error del 3%.

Entre el 2017 y 2018 el uso de arma de fuego en delitos violentos aumentó de un 40% a un 47%, sin embargo, se registró una disminución en el uso de arma blanca de un 30% a un 19%.

El Hurto y el robo aumentaron a un 44% y 37% respectivamente, con respecto a la encuesta del 2017.

Curioso es que cuando la persona es testigo de un hecho delictivo casi la mitad (42%) no hizo nada al respecto por miedo, el 27% llamó a la Policía y sólo un 10% brindó ayuda a la víctima.

EVALUACIONES
A los preguntados les parece que la entidad que mejor se desempeña en materia de seguridad es el Servicio Nacional de Fronteras (72%), luego el Servicio Nacional Aeronaval (66%), enseguida califican con un 65% a la Policía, siendo el Ministerio Público (fiscalías) uno de los que peores calificaciones recibe de los ciudadano en materia de desempeño con un 41% que dice que su ejecución es mala o pésima.

Un 46% dijo que es buena la labor del Ministerio Público. Un panorama muy similar ocurre con el Ministerio de Seguridad. Sobre esta institución, la mitad de los encuestados opina que su desempeño es bueno, mientras que un 42% lo calificó negativamente.

Un punto a destacar de esta encuesta es la confianza que genera la institución en el ciudadano. El Ministerio Público registró que el 47% de los preguntados le tienen confianza, dos puntos más en comparación al 2017.

El sistema penitenciario es uno de los peor evaluados por la población. Sólo confía en esta institución un 43% de los participantes de la encuesta. Lo mismo ocurre con las casas de Paz, renglón que evaluaron con un 41% de confianza. La Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional recibió el respaldo del 54% de los preguntados, un aumento de 6 puntos en comparación al año anterior.

Las personas desconocen programas de seguridad ciudadana, solo un 23% dijo estar al tanto de alguno de ellos. Los que respondieron afirmativamente están familiarizdos con el programa vecinos vigilantes (94%) o comercios vigilantes (34%).

No obstante las críticas, un poco más de la mitad de los encuestados (57%) evalúa positivamente el Sistema Penal Acusatorio (SPA). Pero esta cifra disminuyó 4 puntos en comparación a 2017.

La gran mayoría de las personas 95% no ha tenido necesidad de usar el SPA. Y nuevamente, los que lo hicieron, fueron víctimas de robo o hurto (36%), por estafa (18%), por violencia doméstica (15%) por peleas callejeras (9%), y por maltrato al menor un 6%.

Pero, los encuestados reportan poca o nada de confianza en cuanto a la rapidez y efectividad para administrar justicia y en la certeza del castigo. En este último, 57% lo califica de forma negativa (poca o nada de confianza), y con respecto a la rapidez y efectividad para administrar justicia el 59% desconfía del sistema.

La figura de los jueces de paz, según la encuesta, no ha sido tan productiva como se esperaba. Realmente las personas desconocen (45%) la labor que realizan estos intermediarios de conflictos que reemplazaron la labor de los corregidores. Solo un 25% dijo estar de acuerdo con el trabajo que hacen.

FALTA DE TRANSPARENCIA
Un 68% observa que los procesos institucionales y municipales no son transparentes. Veraguas es la provincia peor evaluada con un 82% de la gente que cree que no hay transparencia, le sigue Chiriquí 79%, Los Santos 78%, Colón y Panamá Oeste con 70%, Coclé con un 74%, Panamá registró un 62% y Bocas del Toro con un 55%.

En lo que casi la totalidad de los encuestados está de acuerdo es el aumento de penas para delitos como: secuestro, trata de personas, tráfico de drogas, homicidios, blanqueo de capitales, femicidio, robo, hurto, violencia doméstica y lesiones personales.

Una buena noticia es que el 85% de los encuestados dijeron que sí les responden el teléfono cuando marcan al 104, línea de auxilio de la Policía Nacional. La evaluación de esta institución sigue en mejoría.

En 2018 el 67% calificó su desempeño como positivo, mientras que un año antes un 62% pensaba lo mismo. En comparación al 2010, menos de la mitad de las personas (44%) consideraba que hacían una buena labor.

Violar la ley aún es considerada una opción para los encuestados. Si bien la cantidad de personas que piensa esto como una alternativa bajó con respecto a 2017 cuando 27% lo consideraba una opción, la encuesta reveló que un 17% creía necesario desobedecer la ley.