Jueza conmutó pena a De Saint Malo basada en la crisis carcelaria

Antes de emitir su decisión, la juez de cumplimiento Irma Arosemena, indicó que las cárceles no han podido resolver el problema de resocialización de los delincuentes

“No es un secreto la crisis carcelaria que se vive en Panamá, y los que nos dedicamos a esto sabemos que la cárcel no ha podido resolver el problema de resocialización”, así dio inicio la juez Irma Arosemena durante la audiencia del pasado miércoles su decisión de conmutar a Raúl De Saint Malo, condenado por blanqueo de capitales, la medida de trabajo comunitario por 60 meses de cárcel.

La juez trajo a colación el proceso de readaptación que atraviesa un interno, especialmente sin antecedentes penales como es el caso de De Saint Malo, una vez cumple el tiempo de sentencia privados de libertad, y no logra insertarse en la sociedad.

A continuación esbozó, palabras más o menos, que las personas internadas en las cárceles se contaminan de las enfermedades físicas y psicológicas, especialmente quienes no han delinquido. El Sistema Penal Acusatorio, continuó, considera que es más práctico que quien lastima a la sociedad trabaje para ella como una forma de resarcirla.

“No se trata solo de un trabajo administrativo, sino de campo. Usted va a ver las necesidades de la población a la cual pertenece y las carencias de las personas que usted ni siquiera se imagina”, dijo Arosemena, quien confesó a De Saint Malo, ser creyente de las medidas sustitutivas como recurso útil antes de ir a la cárcel.

Después advirtió al beneficiado: “así como la doy, la quito. En el momento en que se violen las condiciones se revoca el trabajo comunitario”.

Con relación al artículo 509 contenido en el Código Procesal Penal, que excluye la aplicación de la sustitución de pena cuando se trata del delito de blanqueo de capitales, norma que invocó la fiscal Anticorrupción Tania Sterling al oponerse a la solicitud de la defensa del condenado, la juez dio a entender que esta medida queda a discreción del juez de cumplimiento, y no es indicativo de que se prohíba otorgar la conmutación.

Una vez emitidas las motivaciones del fallo, Arosemena decidió otorgar a De Saint Malo el cambio de medida carcelaria por 960 días de trabajo comunitario en la Junta Comunal de Ancón. Sitio donde el mencionado realizará labores administrativas y de campo: pintar bancas, cortar césped, trasladar sillas, mesas, toldas, y asistir a la comunidad, entre otras.

Al calor de la audiencia se pactó el horario que cumpliría el condenado, los viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir del 10 de octubre. Se determinó que sería un día a la semana porque la primera opción consistía en tres horas, tres días a la semana. Ante esto, los funcionarios de la Junta Comunal comunicaron a la juez que podrían ejercer un mejor control del horario y de las actividades del citado los viernes, uno de los días de la semana más ‘pesados’, además del lunes.

A pesar de que a la audiencia asistieron 5 fiscales de la Fiscalía Anticorrupción (Tania Sterling, Adecio Mojica, Zuleyka Moore, Ruth Morcillo y Johana Valeska), aún evalúan si apelarán la decisión de la juez.

Raúl De Saint Malo efectuó un acuerdo de colaboración con la fiscalía Anticorrupción que le permitió amarrar 60 meses de prisión, devolver $1.9 millones, dos buques y a través de su colaboración, según la Fiscalía, se logró la incautación de $17 millones.

¿Por qué la fiscalía no impuso desde un principio una pena mayor a 60 meses para evitar la conmutación por trabajo comunitario, tal como lo avala el artículo 65 del Código Penal?

El fiscal Adecio Mojica explicó: “esa es una evaluación que el despacho consideró basado en lo que nos permite la Ley, así que es lo que le puedo decir, hasta este momento ya hay una pena establecida para este imputado dentro del proceso y los comisos que se han efectuado dentro del mismo”.

La decisión de la juez Arosemena causó revuelo en la opinión pública que mantiene la idea de que los delitos, especialmente en casos de alto perfil, deben pagarse con cárcel. En este caso emblemático, en el que el Ministerio Público ha insistido que investigará hasta las últimas consecuencias, choca la idea de que no haya una sola persona presa. Según información judicial, de 76 imputados en el caso Odebrecht, hay cinco condenas, y $255.1 millones recuperados en efectivo y bienes.

“Si el acuerdo de pena entre la fiscalía y De Saint Malo contemplaba no ir a la cárcel, el Ministerio Público debería ser honesto con la población sobre la exigencia de la defensa del procesado al momento de hacer el acuerdo. Esas solicitudes deberían ser evaluadas por los fiscales, pues el interés de la parte investigada es a su favor, por lo que el Ministerio Público debe considerar los parámetros de los acuerdos. De lo contrario, quien queda indefensa es la sociedad como tal”, analizó el presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz.