Red de Derechos Humanos exige debido proceso en el caso de Castillero

Más de una veintena de organizaciones recordaron a los diputados de la Asamblea Nacional que no está facultada para remover al Defensor del Pueblo por delito de acoso, sino que es la Sala Penal de la CSJ la indicada de decidir si existe o no causal

La Red de Derechos Humanos de Panamá, conformada por 22 organizaciones, se puso en pie de guerra ante las intenciones de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, de iniciar un proceso para remover al Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero, por supuestos casos de acoso sexual y laboral.

En conferencia de prensa exigieron que se respete el debido proceso en el caso de la investigación actual contra el Defensor, pues es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la encargada de admitir la denuncia en contra de Castillero y determinar si existe o no delito.

Castillero fue denunciado por un supuesto caso de acoso sexual. Denuncia que se presentó ante la Comisión de la Mujer, la Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea. El escrito daba cuenta del supuesto acoso a varias colaboradoras de la institución a quienes, según la diputada Zulay Rodríguez quien preside la Comisión, se les solicitaban favores sexuales para conservar sus posiciones de trabajo.

No obstante, la red de Derechos Humanos, recordó que la Asamblea solo puede remover al Defensor, según la Constitución Nacional, por causales puntuales, más no por la comisión de un delito. Las causas se limitan a una incapacidad física o psíquica, negligencia notoria o incurrimiento en cualquiera de las incompatibilidades previstas en la Ley 7 de 1997 que crea la Defensoría del Pueblo. Por ende, la Asamblea no tiene la facultad de destituirlo a raíz de las denuncias presentadas.

El artículo 15 de la misma Ley expresa que “el Defensor no podrá ser perseguido ni detenido por causas penales o policivas sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia”.

En la investigación que elaboró la Comisión en contra del Defensor, que consta de más de mil fojas según Lee, al señalado no se le ha permitido hacer sus descargos, ya que las pesquisas mantienen carácter reservado y únicamente los diputados que integran la Comisión conocen su contenido. “No podemos presuponer que se actúa con la transparencia que se requiere y con la neutralidad que se requiere”, remarcó Carlos Lee.

“No permitiremos que por cuestiones políticas haya injerencia de quién debe dirigir esta institución. En este momento, la Asamblea debe corregir su postura”, reclamaron los activistas.

“La funcionaria que logró presentar esta denuncia, que trabaja en la defensoría, y está pagado por la defensoría, fue protegida gracias a la intervención de la propia institución, mal se le puede decir que hay incapacidad o negligencia notoria en la protección de los derechos humanos”, añadió Lee, en voz de las organizaciones.

Los activistas a favor de los derechos humanos exigieron también al defensor que se pronuncie claramente ante las graves acusaciones, y que tome acción inmediata ante los cuestionamientos al nombramiento de la adjunta, esta acción incrementa los riesgos de cooptación política de la institución.

Hasta el momento, el defensor ha sido cauto en pronunciarse sobre el tema. Este diario intentó conocer su versión, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.

“La remoción del defensor no se puede manejar en forma caprichosa o política, debe ser su juzgador natural quien debe investigarlo”, señaló Lee.

De igual forma alertaron que de concretarse la separación del actual Defensor, es imprescindible garantizar la autonomía y no injerencia del partido gobernante en el futuro nombramiento de un nuevo funcionario. Por lo tanto, solicitaron a la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia que reciba las candidaturas de los interesados en el cargo y que escoja una lista corta de aspirantes para luego ser enviada a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

EL TERCER DESTITUIDO
De concretarse las intenciones de la Comisión, Castillero sería el tercer Defensor que pierde la titularidad. En 2006, el abogado Liborio García perdió su efímero cargo (marzo-junio 2006) cuando fue denunciado por violencia doméstica. En aquella ocasión, la Asamblea nombró una comisión ad hoc para presentar al Pleno sus consideraciones. García fue removido del cargo por incurrir en situaciones de incompatibilidad para ejercicio del cargo.

La fragilidad de la institución se puso a prueba una vez más en 2013 cuando el Pleno de la Asamblea aprobó la remoción de Patria Portugal por haber aprobado contratos con sobre costos.