Historia de una Invasión

En un encuentro personal con el entonces presidente de Estados Unidos George Bush, el 28 de noviembre de 1990, Ricardo Arias Calderón, entonces vicepresidente de Panamá, había descrito el escenario que se encontró el nuevo gobierno. “No habían máquinas de escribir o muebles. Las oficinas estaban destruidas, pero hemos tratado de restaurar las cosas”, puntualizaba el panameño.

¿En serio?, preguntó incrédulo el Presidente de Estados Unidos.

“Usted jugó un rol importante en devolver la democracia a Panamá”, respondió Arias Calderón alabando la gestión de Bush.

“Espero que no exista rechazo de que entramos e hicimos lo que teníamos que hacer”, añadió Bush.

“Fue un trauma, pero yo nunca tuve una segunda opinión, fue totalmente exitosa y me siento orgulloso de haber formado parte”, respondió Arias Calderón.

Panamá Files publicó más de 500 documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos que retratan la situación pre y post invasión.

En los primeros años post invasión, las preocupaciones latentes de ambos gobiernos, el norteamericano y panameño, se resumían en los siguientes temas: fortalecer las instituciones para enraizar la democracia; la lucha anti drogas y el blanqueo de capitales; concretar la reversión del Canal y reflotar la desquebrajada economía panameña.

GRATITUD
Los meses que siguieron a la invasión, eran muy frecuentes las comunicaciones y encuentros entre los jefes de Estado de Panamá y Estados Unidos.

“Solo le llamo para comunicarle el sentimiento de gratitud del gobierno y de la población panameña, y en especial a usted, por su interés del bienestar del futuro de nuestro país. Si desea venir a Panamá y correr en alguna elección, podría ganar el cargo que escoja”. Eran las palabras del entonces presidente Guillermo Endara a su homólogo, George Bush padre, con quien sostuvo una conversación telefónica el 14 de marzo de 1990.

“Cuidado que me aparezco”, respondió el presidente Bush.

Las relaciones entre Panamá y su socio del norte, a pesar de que el país había sufrido una intromisión militar estadounidense que dejó cuantiosas pérdidas materiales y humanas, eran más estrechas y cercanas que nunca. La intervención militar se veía bajo la óptica de la liberación del pueblo panameño sumergido por casi una década al régimen de la dictadura militar al mando del exagente de la CIA, Manuel Antonio Noriega.

Habían transcurrido casi tres meses desde que las fuerzas norteamericanas invadieron Panamá. El país enfrentaba grandes retos entrada la nueva era democrática. Uno de los más inmediatos era reflotar la economía del país.

Había quedado casi en ruinas. Las Fuerzas de Defensa desmantelaron el aparato burocrático. Las oficinas no tenían mobiliario, la Policía que tomaba el mando para ocupar el vacío que dejaban las desarticuladas Fuerzas De Defensa (FDD), solo contaba con cinco patrullas que tenían un límite de de 10 galones de combustible al día, debido a la crisis económica.

Endara urgía a su socio del norte a desembolsar la ayuda económica para Panamá, trámite que aún requería de la aprobación del Congreso estadounidense para liberarla. El tema se abordó en la conversación telefónica que ocurrió el 14 de marzo, en la que ambos presidentes charlaron por cinco minutos.

“Trabajaré en el problema porque quiero liberar los fondos”, respondió Bush, ante el clamor de su homólogo.

Endara estaba empeñado en reconstruir la economía nacional con dinero limpio, alejado del lavado de dinero, como solía ser en la dictadura producto del tráfico de drogas.

Estados Unidos había adelantado una radiografía de las finanzas públicas del país intervenido. La deuda externa superaba los $3.8 billones, pero había que cumplir con compromisos inmediatos ante los organismos financieros internacionales que ascendían a $390 millones, suma a la que agregarían un préstamo por $150 millones de Estados Unidos, según redactó en abril de 1990 el almirante James H. Fall III en un informe sobre Panamá.

Había todo un plan estratégico contemplado por los norteamericanos con la receta para sacar al país del hueco financiero.

Dieron la pauta de cómo el gobierno de Endara debía hacer frente a la deuda interna y externa, incluso contemplaron qué instituciones podían hacer nuevos préstamos de acuerdo a la relación deuda y pagos que el Istmo tenía programados. Uno de los retos más grandes de Endara era buscar una solución para pagar la deuda a los bancos comerciales.

En abril 25 de 1990, Estados Unidos desbloqueó $271 millones de cuentas de panameños que estaban contenidas en el sistema bancario desde marzo de 1988.

Aún así, todavía había $1.2 billones en depósitos que estaban congelados, $354 millones eran de extranjeros y el gobierno de Estados Unidos analizaba la manera para liberar esos depósitos. Dos bancos pequeños no resistirían la situación y la recomendación de Washington era que se fusionaran con otros más grandes para evitar complicaciones.

La presión ante el pago de la deuda externa y la falta de dinero en Panamá, obligó a Endara a pedir la ayuda al secretario del Tesoro, Nicholas Brady, durante una reunión en la que participó Bush en una visita que hizo a Washington, D.C. (mayo 1990), para que interviniera a favor de Panamá ante las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) y otorgaran crédito a Panamá.

“Nuestra influencia es limitada y Panamá debe hacer serios esfuerzos para concretar los términos con las organizaciones financieras internacionales”, fue la respuesta del secretario.

Estados Unidos había prometido una ayuda económica de $450 millones para salir de la crisis económica por la que atravesaba el país. De este monto, $8 millones se destinaron a la reforma judicial.

En 1991 el Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de Estados Unidos realizó una audiencia post invasión para analizar la situación de la democracia en el Istmo y las muertes de civiles provocadas por la intervención militar.

Había serias preocupaciones de los norteamericanos con respecto al gobierno de Endara por la baja aceptación de su gestión, que había decaído de un 80% a tan solo 14% en un año de gobierno. Reportaban que había corrupción en las filas de gobierno, incapacidad de controlar el tráfico de drogas y el lavado de dinero, además de la forma en que el país administraría el Canal y las áreas revertidas en tan solo una década a partir de la fecha.

La difusa cifra de civiles que murieron a causa de la invasión ponía a Estados Unidos en una posición incómoda. Los números oficiales, entre civiles y militares, se estimaban en menos de 600. Pero las dramáticas discrepancias en que podrían haber sido miles de muertos, eran importantes para el Congreso por las serias implicaciones.

Si fuera así, que hubo miles de bajas, se lee la transcripción de la audiencia, “implicaría que el uso de fuerza por parte de Estados Unidos provocó un daño colateral a los civiles y sus propiedades, y que un segmento de las fuerzas militares rompió las reglas y fueron indisciplinados, por usar en demasía el devastador poder militar”.

Estos cargos implicarían que las fuerzas estadounidense encubrieron los masivas bajas civiles, que incluirían la destrucción de evidencia a gran escala y que los jefes de los marines, la infantería y la fuerza aérea cooperaron en este encubrimiento. Si esto fuera cierto, habría implicaciones en los departamentos de estos servicios que pudieran verse como parte de la conspiración. Esto pudiera poner a Estados Unido ante un cargo de crímenes de guerra y encubrimiento como sucedió en la guerra de Vietnam en la masacre de My Lai.

South Command emitió un reporte en el que registró 314 militares y 202 bajas civiles gracias a la operación quirúrgica que se practicó en la invasión. En 1991 el Instituto de Medicina Legal identificó los cuerpos de 65 miembros de la FDD y 157 civiles.

Cincuenta cuerpos no han sido identificados hasta esa fecha. En adición a estas 270 fatalidades confirmadas, se contaban los 50 aún no identificados y 75 personas desaparecidas . El Instituto indicó como un número máximo de 347 muertos entre civiles y militares producto de la invasión.

La existencia de fosas comunes aún seguía siendo un punto álgido en descifrar la cantidad de bajas. De acuerdo a reportes del South Command, las fuerzas estadounidenses enterraron temporalmente 28 cuerpos de panameños, por razones sanitarias, en tumbas individuales en un cementerio bajo control estadounidense. Estos restos fueron exhumados y entregados al gobierno de Panamá una semana después.

El gobierno de Panamá enterró 123 civiles y militares en una fosa común ubicada en el jardín de Paz durante la operación.

Dieciocho cuerpos fueron llevados de la morgue de Colón y al cementerio Mount Hope, luego exhumados por las autoridades panameñas para identificarlos y darles sepultura. Se estableció que 8 de ellos murieron por causas naturales en el hospital.

No obstante, la organización de Derechos Humanos Physicians for Human Rights basada en Boston, hizo una investigación que concluyó que mas civiles murieron en la invasión de lo que los militares estimaron, pero que la cifra global estimada podría ser menor a la que estimaron las autoridades norteamericanas. “No hay ninguna evidencia para aseverar que hubo miles de civiles muertos”, según la organización.

La Comisión de Derechos Humanos de Panamá que recorrió los hospitales, durante el mes de diciembre de 1990, reportaron el siguiente censo: civiles muertos 163, militares muertos 57, quemados durante las operaciones militares 18, bajo investigación 18, desaparecidos 80, sin identificar 29, total 403.