Luego de una maratónica audiencia, el juez Leslie Loaiza declaró no culpables a dos exministros, el exdirector del PAN y otros, por delitos contra la administración pública
Cinco imputados por el presunto delito contra la administración pública fueron absueltos por el juez Decimoquinto Penal, Leslie Loaiza, en el caso conocido como “comida deshidratada” en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Entre los eximidos de cargos se encuentra la exministra de Educación Lucy Molinar, quien convocó en horas de la tarde a una conferencia de prensa para denunciar las graves faltas por parte del Ministerio Público en el caso. Molinar exclamó que el Ministerio Público no logró demostrar, a través del peritaje de la Contraloría General de la Nación, la cuantía de la supuesta lesión patrimonial que sufrió el PAN a raíz de dos contratos adjudicados a la empresa Lerkshore International Limited en 2010.
Tras una maratónica audiencia de aproximadamente 6 horas que culminó a las 3:10 am de este martes, el juez Loaiza removió los cargos al exdirector del PAN, Giácomo Tamburelli, por el delito de peculado doloso y al exdirector de nutrición de la misma institución, Ángel Famigletti, por los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica.
Un reporte del Órgano Judicial detalla que Rubén De Ycasa, propietario de LerkShore International Limited, fue absuelto de peculado y se dictó la prescripción del delito de fraude en actos de contrataciones públicas a petición del fiscal de descarga, Adecio Mojica, quien actuó en representación del Ministerio Público.
En tanto, la exministra de Educación Lucy Molinar, y el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, fueron absueltos por el delito de peculado culposo.
El Ministerio Público anunció apelación al finalizar la audiencia.
Molinar narró que durante el juicio, el peritaje de la Contraloría que debía sustentar las acusaciones del Ministerio Público quedó descartado al intentar de explicar que efectuaron una auditoría de carácter cualitativo, no determinaron la cifra exacta del monto de la lesión que sufrió el Estado. En cambio, emplearon la cifra del total del contrato adjudicado, $44.5 millones.
“Los peritos de Contraloría no lograron demostrar el delito, solo refrendaron la tesis de la fiscalía. Una de las abogadas de la defensa cuestionó cuestionó su actuación, especialmente en cuanto a la revisión de los documentos que supuestamente involucraban a exministros y funcionarios”, que sirvieron como base para investigar a la exministra.
El fiscal que acudió a la audiencia, quien reemplazó a la fiscal Vielka Broce, no había atendido el proceso.
El Ministerio Público inició la investigación luego de recibir una llamada anónima que denunciaba supuestos sobre costos en la compra de comida deshidratada por el PAN durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.
La exministra fue recibida por el presidente del Colegio de Abogados Carlos Araúz, quien indicó que “estas observaciones tienen oportunidad de llegar a las personas que tienen que cambiar esto”.
“Con el tema de la comida deshidratada hubo grandes titulares y esperábamos que el Ministerio Público trajera las pruebas. No hubo nada, ni un testigo, ni un solo documento. Luego dijeron que hubo sobre costos, pero no pudieron demostrarlo. Guardaron silencio en cuatro ocasiones cuando los abogados les preguntaron cómo llegaron al sobre costo”, manifestó Molinar en una conferencia de prensa.
Por su parte, el abogado indicó que ante al evidencia de que no había caso, debió parar y no seguir, pero han seguido adelante, se mantuvieron con el audito y quedaron desenmascarados pero insisten en apelar y malgastar los dineros públicos”.
.jpg)
No hay comentarios
Publicar un comentario