Pandillas, aún a tiempo de evitar su transformación en maras

Los grupos delincuenciales en Panamá sirven al narcotráfico, se apoderan de territorios y cuentan con armas de grueso calibre. No obstante, las autoridades aún están a tiempo de prevenir su escalada si invierten en el tejido social del país y atacan la pobreza

Hace aproximadamente 15 años, El Salvador y Honduras enfrentaban lo que hoy vive Panamá en materia de pandillas. Entonces, en esos países, los grupos delincuenciales ganaban territorios en las comunidades, cometían delitos como robo, hurto, asesinatos, extorsiones, pero nada comparado a la realidad actual en la que se transformaron las maras MS13 y M18 (Mara Salvatrucha y Barrio 18 en El Salvador y Honduras), pandillas más grandes del hemisferio occidental. Panamá aún está a tiempo de contener esa realidad, pero para ello hace falta de un frente agresivo por parte de las autoridades que identifiquen y mapeen a las pandillas en las comunidades, les corten las fuentes de ingreso, y lo más importante, les brinden una alternativa a los jóvenes para evitar que se sumen a las ‘familias’ delincuenciales.

“Si se consolidan, los puede llevar a otro nivel. Por ejemplo, lo que estamos viendo en Honduras con el MS13 que ya están vinculados con los grupos de los carteles mexicanos. Por ahora tienen armas, control territorial, poder político. Aquí obviamente no ha llegado eso. Pero yo creo que si pudieran ganar más espacio ellos, controlarían un pedazo vital de territorio para sus propósitos”, analiza Douglas Farah, periodista estadounidense con una amplia experiencia en temas de seguridad e inteligencia.

Propietario de IBI Consultants, Farah conoce al dedillo los asuntos relacionados a la delincuencia trasnacional, terrorismo y su financiamiento, así como tópicos de narcotráfico y blanqueo de dinero. La semana pasada visitó Panamá y fue entrevistado por La Estrella de Panamá, sobre varios temas, entre ellos el pandillerismo.

El fiscal Superior de delitos de Asociación ilícita, pandillerismo, Nahaniel Murgas, tiene identificadas a 160 pandillas a nivel nacional. No puede decir con precisión en qué cantidad de personas se traduce ese número. Para Murgas las cifras se resumen a los casos judicializados, 77 pandillas desde 2015 a la fecha en las que se imputó a 1,836 personas. De éstas más de 600 han sido condenadas y está pendiente por realizar audiencias para demostrar la responsabilidad penal de otros tantos. En este tiempo, también han habido aproximadamente 200 personas absueltas del delito.

Por encima de las pandillas, no obstante, existe toda una estructura enquistada que tiene que ver con bancos, negocios, profesionales, o el sector público. “Hay una gran cantidad de abogados que se prestan como testaferros para las bandas criminales a sabiendas de que prestan sus nombres para ocultar esa estructura, pero igual lo hacen. Al igual que médicos que curan gente en casas y tienen instrumentos para realizar cirugías menores. En un momento, hubo funcionarios públicos de medio y alto nivel que servían a las pandillas. Se escuchó también de diputados o políticos que se sirven y sirven a la estructura”, manifiesta el abogado Carlos Icaza, comisionado retirado de la Policía Nacional.

Los grupos delincuenciales realizan labores logísticas a los carteles de la droga: mueven la sustancia de una punta a otra del territorio; cuidan la mercancía; trafican armas y poseen algunas de grueso calibre que obtienen en el mercado negro o como parte del pago de los carteles; cometen homicidios contra sus rivales, tumbadores, o por encargo; roban; hurtan; extorsionan... La gran mayoría obtiene su economía por el tráfico de drogas y armas, se surten cometiendo actos delictivos, muchos de los homicidios, no todos, son causados por fricciones entre pandillas.

Según las autoridades, actualmente hay 100 pandillas menos que en 2015, cuando se hablaba de 260 grupos delincuenciales. En ocasiones, hay pandillas distintas pero operan como aliadas, y cuando una de ellas cae, la otra ocupa su territorio. A medida que se consolidan en los barrios aumenta la violencia, el abuso sexual, violaciones, extorsión, secuestro, y “si la sociedad no lo enfrenta cuando está en ese nivel, después es casi imposible”, advierte Farah.

En las investigaciones de Murgas salen a relucir los nombres de familiares de los pandilleros como dueños de las armas. El fiscal no ha llegado a determinar de qué forma ingresan las armas ilegales a nuestro país, a pesar de que las han encontrado en manos de cabecillas de bandas y “ellos guardan silencio”, dice.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
“Lo que siempre faltó en El Salvador, Honduras y Guatemala, región conocida como el triángulo norte, fue atender las necesidades de las comunidades, entraron con una represión muy fuerte”, señala Farah. Además se enfrentaron con que los deportados que llegaban de Estados Unidos hacían crecer sus filas. A diferencia de Panamá, donde no hay deportados, “están a tiempo para contenerlo y no pase a la siguiente fase”, alerta el especialista.

“Nuestra investigación se basa en demostrar el pandillerismo. Una de las características propias de ese delito, además de demostrar el control jerárquico, tatuajes o grafitis, es la tenencia de armas de fuego. Si durante la pesquisa arroja que trafica armas, lo investigamos. Pero si no damos con ese elemento de convicción, no lo podemos demostrar”, menciona el fiscal.

El deber de las autoridades consiste en atender a las comunidades, ya que la gran mayoría de estos grupos se desarrolla en lugares aislados con pobreza extrema o pobreza. En este nivel hay muchas personas rescatables, un pandillero que tiene 20 años en el crimen es muy difícil sacarlo de ahí, han matado tanta gente que hablar de reinsertar es muy difícil. “Pero a estas alturas, en las que está Panamá es posible, hay mucha gente que está probando, entra y sale. Deben mapear las estructuras y atacarlo, saber dónde viven, poner la fuerza pública donde pueden eliminar las fuentes de ingreso, porque lo hacen por dinero y por tener una especie de familia social”, recalca Farah.

Murgas defiende que en las investigaciones adelantadas a la gran mayoría de los líderes se les aprehendieron bienes, fincas, vehículos, también algunos negocios.

Las investigaciones de Murgas revelan la participación de jóvenes de 14 y 15 años en las pandillas, que pasan a manos del fiscal de Adolescentes, mientras que en su despacho tienen registro de pandilleros desde 18 a los 40 años de edad, hombres y mujeres. Los pandilleros se ven atraídos a los grupos por dinero, por la falsa idea de pertenecer a una ‘familia’, por la falta de orientación en la casa, o porque han sido presionados.

El problema, identifica Farah, es que no hay una contra narrativa a favor de las pandillas, desmitificando la vida del pandillero, en la que no todos consiguen mujeres hermosas, y no todos tienen dinero y armas. La verdad es que la gran mayoría termina en la cárcel donde pasan gran parte de su vida, y viven un infierno.

La gran preocupación de un pandillero por lo general es su madre y su familia, la forma en que los saca de la pobreza. Cuando él falta por alguna razón, otro miembro de la casa toma su lugar para suplir la falta de ingreso. El fiscal Murgas expresa que a veces le toma meses investigar un caso, una vez cuenta con los elementos acude a un juez de garantías para pedir la aprehensión del sospechoso. Pero lo que más le cuesta trabajo, es el apoyo de la comunidad, a pesar de ser víctimas de algún delito de las pandillas, no dicen nada por temor a represalias.

La Policía no comentó sobre este tema por considerarlo un asunto “clasificado” o de inteligencia.
El Código Penal establece sanciones por pandillerismo que van de 4 a 16 años. De 4 a 6 años aquellas que estén constituidas para cometer delitos leves, y se agrava de 7 a 14 para aquellos delitos como homicidio, robo, hurto y robo, tráfico de drogas.

LABOR PREVENTIVA, EL MEJOR ANTÍDOTO: SENNIAF Y POLICÍA NACIONAL
El antídoto más efectivo contra la delincuencia es prevenir que el adolescente o niño en riesgo mire atractivo pertenecer a los grupos delictivos, ya sea como una vía para obtener ingresos, o para sentirse parte de un grupo en función de familia.

“La Policía Nacional, a través de la Policía Comunitaria, se mantiene en contacto con las comunidad para conocer los problemas que les afectan y brindar programas dirigidos a niños y jóvenes que participan en distintas actividades”, según puntualiza la Policía Nacional. La labor forma parte de un trabajo integral para ofrecer oportunidades desarrollando el talento artístico y deportivo de los muchachos, incluso evitar la deserción escolar y en caso tal, insertarlos en carreras técnicas con el apoyo de otras instituciones.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), indicó a este diario que entre los meses de noviembre, diciembre de 2018, y de enero a octubre de 2019, se ha brindado atención a 3,379 personas como parte del programa de fortalecimiento familiar y comunitario que realiza la institución. La entidad imparte talleres puntuales de formación para padres e hijos enfocados en temáticas varias cada 15 días. A los jóvenes que presentan un riesgo social debido a carencias económico y sociales se da orientación para mejorar la dinámica familiar de forma personalizada, con consejería y psicólogos, además se articulan con las instituciones que podrían brindar atención como salud, educación, social, subsidios, o asesoría legal.

Otro programa refiere a las medidas reeducativas para adolescentes entre 12 y 14 años en conflicto con la Ley, a quienes se les trabaja un Plan de Cumplimiento Individual en el tiempo que establece el juzgado, con el objeto de construir su resocialización en temas como talleres para la vida, educación entre otros.