"¿Qué íbamos a hacer ahí, si el penal estaba en manos de la Policía?"

El director del Sistema Penitenciario, Walter Hernández, consideró no necesaria su presencia, así como la del ministro de Gobierno, Carlos Romero, o el de Seguridad, Rolando Mirones, el día de la masacre en La Joyita que dejó un saldo de 13 muertos

El martes 17 de diciembre de 2019 a las 2:30 de la tarde, el director del Sistema Penitenciario (DGSP), Walter Hernández, se encontraba en su despacho en una reunión con representantes del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, cuando fue alertado vía telefónica de que, en el pabellón 14 de la cárcel La Joyita, se desataba una balacera. De inmediato intentó llamar al centro penal, pero fue infructuoso por las malas comunicaciones que hay en el lugar.

Una hora y media después logró contactarse con la directora encargada del centro, Alexandra Vence, luego de que ésta, en medio del caos, llamó a la sede para preguntar por qué no habían llegado los refuerzos policiales. Vence estaba desesperada, había visto a varios privados de libertad heridos que salían en carretillas del pabellón 14, las detonaciones de armas de alto calibre no cesaban. En la llamada ella lloraba, gritaba pidiendo refuerzos. Estaba histérica. Temía que la situación se saliera de control y los privados se tomaran el penal. Sólo contaba con aproximadamente 25 unidades policiales desarmadas.

Hernández hablaba por el teléfono fijo con la directora, y por el celular con el director de la Policía Nacional (PN), Jorge Miranda, quien le notificaba que las escuadras y las fuerzas especiales policiales ya habían partido hacia allá.

Enseguida, Hernández puso en conocimiento al ministro de Gobierno, Carlos Romero: "le dije que había disparos y que posiblemente había personas muertas", explica. Para ese momento, aproximadamente las 4 de la tarde, en el penal ya se habían efectuado casi una docena de viajes a la Clínica Virgen de la Merced con el auto asignado a la directora y con el del pastor Tomás Herrera, quien había llegado al sitio. En total evacuaron a 16 heridos y 4 cuerpos sin vida a la clínica , ubicada a 300 metros del penal en cuestión. En el pabellón habían más muertos.

Hernández se comunicó con el jefe de seguridad Nacional del Sistema Penitenciario, Basilio Rivera, un hombre con un físico imponente, de casi dos metros de altura y fornido, quien se encontraba en la calle. Le pidió que retornara al penal para que verificar la situación. También llamó a la jefa de salud penitenciaria, Leticia Peterson, para saber si habían trasladado heridos o muertos a la clínica. Al momento, fue informado de "que no había llegado nadie".

Luego puso en conocimiento al ministro de Seguridad, Rolando Mirones, sobre la situación. "Me dice: ¿el área es segura para asistir?, le digo, déjeme verificar con la Policía Nacional porque no sabemos cómo esta la situación en esa área", explica el director.

SILENCIO UNÁNIME
Para cuando arribaron los refuerzos al penal, más de una hora y media después, la situación estaba controlada. A pesar del trágico saldo, 13 muertos y 16 heridos, Pastor Tomás Herrera, el subcomisionado Ismael Arguelles, y escasas unidades policiales del penal, lograron que la facción disidente de un grupo criminal soltara las armas y cesaran los disparos.

La traumática jornada para Vence y personal del penal culminó en la madrugada, cuando las cuadrillas de criminalística y medicina forense hacían las primeras pesquisas y el levantamiento de los cadáveres. Durante todo ese tiempo el director del Sistema Penitenciario o del subdirector, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, o del de Seguridad, Rolando Mirones, no pisaron el penal, o se comunicaron con Vence, excepto cuando ella solicitó los refuerzos vía telefónica. Hubo un inexplicable silencio unánime.
—¿Por qué usted no fue a la cárcel aquél día? preguntó a Hernández La Decana.
-Porque recibí una llamado del mandatario Laurentino Cortizo para asistir a la Presidencia y dar un informe de lo ocurrido.
—¿Por qué no envió al subdirector Luis Gordón?, inquirió este diario.

Luego de una larga pausa, Hernández justificó que había instruido al jefe de Seguridad Nacional del Sistema Penitenciario.

Ante la insistencia de este medio, añadió: "No hace falta una autoridad más alta. En ese momento no teníamos la información. No hacía falta porque teníamos comunicación con el centro. Las situaciones de crisis no necesariamente significan que tiene que estar ahí el presidente o el ministro", indica.
-¿Por qué no envió a su subdirector Luis Gordón?, reiteró La Decana.

Otro largo silencio siguió a la pregunta. "La respuesta es que en ese momento no ameritaba porque los que estaban allá era suficientes".

Hernández se pregunta: "¿Qué íbamos a hacer ahí, si el control del penal estaba en manos de la Policía?".

LUEGO DE LA REYERTA
Desde el día de la matanza, Vence se encontró con Hernández el 31 de diciembre, y no fue en la cárcel. Éste le dio un abrazo y le sugirió que tomara vacaciones, que se atendiera psicológicamente dada la tragedia vivida.

Pasado el día del caos, Hernández dice que giró instrucciones desde 'distintas partes' para coordinar la logística: el listado de los heridos y muertos; el recinto donde se recibirían a los familiares y los medios de comunicación. Añade que envió refuerzos de custodios y ayudó al traslado de los privados libertad del pabellón 14 que corrían peligro, a la Nueva Joya. "Yo coordiné eso personalmente", exclamó Hernández, cuando se le cuestionó sobre el soporte al personal del penal luego de la matanza.

No recuerda haber recibido apoyo de custodios adicionales, solo de policías. Lo que sí recuerda es que a las 6 de la tarde logró trasladar a los privados de libertad a la Nueva Joya. El 18 de diciembre Vence ejecutó todas las acciones desde su oficina. Ese mismo día, Hernández y Gordón fueron separados del cargo como parte de las averiguaciones, y reintegrados el 7 de enero por falta de pruebas en su contra.

Varios días después del hecho, Vence acudió a la oficina de Romero para rendir informe sobre lo ocurrido, pero él no la atendió, instruyó a su equipo de trabajo.

Ella continuó sus labores para reflotar el centro hasta que dos semanas más tarde, sentada en su oficina, escuchó por televisión al ministro Romero cuando anunció su destitución por “incumplimiento de funciones”.

ANTES DE LA MASACRE
Previo a la fecha de la reyerta, hubo una serie de eventos en cárcel La Joyita: dos requisas (una el 25 de septiembre y la segunda en octubre 2019), y el traslado de 40 privados de libertad al complejo la Nueva Joya, que luego fueron devueltos a sus pabellones.

En ninguna requisa se hallaron armas.

Ese 25 de septiembre, tras conocer un informe de inteligencia, Hernández ordenó el traslado de 40 privados de libertad -todos acusados por delitos contra la seguridad colectiva- de La Joyita a la cárcel Nueva Joya, por motivos de seguridad.

"La PN aducía que eran jefes de pandillas de alto perfil, por lo tanto, existía la posibilidad de efectuar una requisa en el pabellón para deslindar si había algún riesgo de artículos prohibido en estos pabellones", rememora el director Hernández.

El día 30 de ése mes, Hernández dejó sin efecto la resolución y devolvió a los 40 privados de libertad a la Máxima de La Joyita, porque los informes de inteligencia que originaron el traslado no existían.

Este medio intentó conocer la versión de Mirones sobre de los hechos previos y durante la masacre de La Joyita, pero no fue posible. Por más de una semana se esperó la entrevista, pero la agenda su lo impidió. También se tramitó una entrevista con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien prefirió asignar a Hernández en su lugar.

El detalle que parece pasar desapercibido en las requisas, es que los reos ingresan estos objetos con la complicidad de alguien, por lo general se culpa a la Policía, pero las investigaciones a los uniformados se efectúan dentro de sus propias filas, en la Dirección de Responsabilidad Personal de la PN.

"En cuanto a la introducción de armas en los penales definitivamente tiene que haber algún tipo de corrupción. No ingresa nada ilícito sin la participación del personal, ya sea policías, custodios, o visitas. La depuración es una labor constante en la PN. Se han hecho investigaciones y destituciones", reconoce el subdirector de la PN, Alexis Muños.

La inspección que posteriormente realizó la PN al pabellón 14 ubicó, gracias a la ayuda de un externo, el sitio exacto de las tumbas donde escondían las armas.

El pastor Tomás Herrera, de la Fundación ‘La Milla Extra’ testigo de los hechos de la reyerta entre miembros de la pandilla, considera que las autoridades equivocaron la estrategia en los traslados.

"Esta situación, sobre el hacinamiento, el calor, el ocio, y los posibles hechos externos que pudieron resquebrajar a la pandilla, no necesitaron más que una chispa para encender la situación", considera el pastor Herrera.

El 11 de diciembre, al finalizar una reunión con la Comisión Penitenciaria del Colegio Nacional de Abogados (CNA) para la que se pactó una agenda, el abogado Carlos Herrera Morán, advirtió a Luis Gordón, sobre el tráfico de armas al penal.

“Le planteé que teníamos información de que estaban ingresando armas con la ayuda de la PN”, dijo el abogado Herrera Morán al diario.

"Le puedo explicar que no fue así", refuta Hernández. "Cuando culminó la reunión, Morán le dijo que las armas las estaba metiendo la PN, no dijo en específico qué pabellón, o qué día ocurrió".

Hernández reconoce que la información no fue transmitida a la PN.

El 17 de diciembre se desató la balacera con armas de grueso calibre, AK 47, en el pabellón 14 que nunca se hallaron en las requisas previas. “Esa seguridad está deficiente en informantes e inteligencia. Esas armas no pueden entrar por la parte frontal, sino con la autorización de la Policía. Esa es la información de los mismos reos”, apunta Herrera Morán.

CON LAS UÑAS
En su departamento de aproximadamente 50 metros cuadrados con pocos muebles, Vence, no cesa de sacar papeles, y más papeles, que constatan los numerosos informes enviados a sus superiores desde su nombramiento, 23 de julio de 2018, hasta su destitución.

En el año y medio que ejerció el cargo, elevó más de 21 notas sobre el tema, cinco en 2018 y 16 en 2019, en las que plasmaba múltiples necesidades. En cambio, las respuestas eran escuetas, sin grandes soluciones a las exigentes necesidades.

Como parte de su sustentación, muestra a La Estrella de Panamá, dos tomos voluminosos con fotografías y reportes que ilustran las condiciones del penal. En imágenes se aprecia la cerca perimetral con grandes espacios por los que podría pasar una persona sin necesidad de hacer grandes maniobras.
—¿Quién es responsable por lo ocurrido en La Joyita?, inquirió este diario.

“Es una responsabilidad estatal brindar seguridad, insumos y tecnología necesaria. Sin las herramientas, recursos y personal necesario, tu puedes tener la mejor intención pero sin eso no se puede”, responde Vence.

“Eso es como estar sentada encima de una olla expres en la que se toman medidas de prevención, pero en cualquier momento puede explotar”, insinúa Vence. En una de las misivas, dirigida al entonces director General del Sistema Penitenciario, Etéreo Medina, en septiembre de 2018, la funcionaria buscaba respuestas en temas relacionados al bienestar de los reos. Entre ellos, la falta de personal operativo que ponía en disyuntiva qué comisión ejecutar, si las médicas, judiciales, o actividades de rehabilitación. En la carta, manifiesta que hizo un recorrido por el área externa del centro, 149,438 m2, que describe así: "todo el perímetro se encuentra en completo abandono. La cerca perimetral oxidada, rota, deteriorada y un herbazal de casi un metro de alto que se extiende por el área, lo que impide la visibilidad en caso de evasiones e introducción de artículos prohibidos".

En al menos once notas, reiteró sobre la condición de la cerca y la necesidad de su reparación o reemplazo.

"Sí se pensó en cambiarla. Yo estuve los dos últimos años en la Dirección General, hicimos muchos estudios, pero había muy poco presupuesto", explica Medina.

Los gobiernos no ven como algo importante invertir en cárceles. Muestra de ello es que a Vence no le asignaron los $200 de la caja chica. Durante ese tiempo ella sufragó las compras más básicas, zunchos a falta de esposas, focos, y una larga lista.
—¿Por qué no se dotó de una caja chica al penal en ese tiempo?, preguntó este diario a Medina.

"Estaban pidiendo aumento de la caja menuda, una caja de 200 dólares para un penal como La Joyita es ridículo, la burocracia estatal es absurda. Para comprar una resma de papel era un problema", responde.

Explica que cada requerimiento se eleva al departamento correspondiente del Ministerio de Gobierno, una especie de ‘back office’, a falta de una oficina centralizada que atienda las carencias, así la burocracia carcome el funcionamiento.

Aunado a las cartas de la directora encargada, los 20 penales tenían necesidades muy similares. En cuanto a personal, cada año se gradúan 100 custodios de la Academia de Formación Penitenciaria que se reparten entre el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y el Sistema Penitenciario, que a su vez se distribuyen todas las cárceles.

Hernández describe que cuando tomaron las riendas de la DGSP "no había dinero ni para comprar un alfiler".

"El presupuesto del Sistema Penitenciario en 2018 fue como de $23 millones, pero la alimentación de los reos a nivel nacional tiene un costo de $29 millones. Siempre hay que pedir crédito adicional. Eso sin contar el mantenimiento de los penales que es un gasto enorme", ilustra Medina.

Para 2020 se calcularon $35 millones en funcionamiento y $11,8 millones en inversión. Hernández afirma que rescatarán la cerca perimetral con un costo de $6 millones, gasto que cubrirá el Ministerio de Seguridad.

Gran parte de la corrupción en las cárceles se origina por los vacíos del sistema. En Panamá, es evidente la carencia de personal técnico y operativo para atender las infinita listas necesidades.

A esto se suma la idea colectiva de que trabajar en la cárcel es visto como un castigo, especialmente entre las unidades policiales. Por eso, no es de extrañarse que pueda ocurrir cualquier cosa, como la matanza de aquel 17 de diciembre en la que las armas de grueso calibre, AK 47, ingresaron sacando provecho de las falencias.

CORRUPCIÓN
Según estudio realizado por la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe, la corrupción en el Sistema Penitenciario de Panamá se palpa en el tráfico de cigarrillos, drogas, armas, teléfonos celulares y otros artículos. En estos sitios, la influencia del crimen organizado se presenta mediante amenazas al personal para obtener ventajas personales, o a través de la infiltración, que ocurre cuando los custodios trabajan directamente para la organización criminal.

"La corrupción se manifiesta en el personal custodio, la Policía o proveedores. En los últimos 6 meses detectamos seis camiones metiendo droga y armas al penal. Tuvimos un caso de un funcionario del Órgano Judicial que fue un domingo al penal y no quiso que lo revisen, se dio la orden, y le sorprendieron con un amplificador de señal de Internet. Fue procesado y destituido", describe Medina.

La forma en que se denuncia la corrupción en las cárceles es a través de la dirección de Inspectoría General o la línea 311.

No obstante, la bicefalia en el sistema, Ministerio de Gobierno y de Seguridad, impide un desarrollo integral, tanto en inversión como en funcionamiento. Las requisas son una forma de contener la corrupción en los penales. Ante la falta de una política integral, se hacen requisas para confiscar artículos prohibidos.

De no implementar una política de seguridad integral que contemple la reinserción social, las cárceles panameñas corren el riesgo de la formación de "auto gobiernos" de los grupos delincuenciales, ya que el crecimiento de actividades de estos grupos puede crear la situación ideal para la reproducción de este problema a imagen y semejanza de la región Centroamericana", señala el estudio de las Naciones Unidas.

El 65% de los liberados reincide según los datos del Sistema Penitenciario. Los limitados programas de capacitación y reinserción, son clave en la vida postpenitenciaria. El Sistema hace un esfuerzo por aumentar programas de esta naturaleza, pero muchas veces el estigma que reviste a los exconvictos es un gran obstáculo social. El año pasado se graduaron 811 privados de libertad de cursos impartidos por el Ministerio de Educación. El problema es que los docentes temen dar clases en el penal, razón por la que los cupos son limitados. Se busca inaugurar un centro educativo extramuros con varios salones para incentivar a los maestros a dar clases. Pronto, 250 privados de libertad serán trasladados al Centro Penitenciario El Renacer donde se impartirán 4 carreras universitarias.