AN legisla sobre pago de préstamos, mientras bancos lanzan alternativas

El golpe económico de Covid-19 catalizó a bancos y diputados. Los primeros responden con plazos de gracia para sus deudores de hasta cuatro meses, mientras que los diputados intentan que sea de carácter obligatorio

El interés por parte de los diputados de la Asamblea Nacional en legislar sobre asuntos bancarios, como en la mora de pago de préstamos bancarios dada la coyuntura de emergencia nacional que vive el país a consecuencia del Covid-19, los motivó a presentar 2 propuestas legislativas en este contexto. Dicho contenido pone nerviosos a los banqueros y conocedores en la materia porque lo interpretan casi como una intromisión en un tema sumamente técnico que modifica las reglas del juego que ha mantenido robusto por un siglo el sistema bancario del país.

Ayer se aprobó en primer debate el proyecto de ley 391 que establece “medidas de interés social frente a la emergencia sanitaria”. Este proyecto legisla (artículo 8) sobre las medidas para suspender los pagos de hipotecas y otros compromisos bancarios, para las personas que acrediten una baja en su liquidez imposibilitándolos a hacer frente a las deudas.

El artículo 9 de dicho anteproyecto, faculta a la Superintentendecia de Bancos a verificar y supervisar junto a las entidades bancarias la posibilidad de disminuir las tasas de intereses aplicables a los préstamos.

En la discusión no estuvieron presentes representantes de la Superintendencia de Bancos y/o del Ministerio de Economía y Finanzas, para explicar las consecuencias sobre lo aprobado.

A la par de ellos, algunos bancos, y a raíz de la estrategia que anunció la Superintendencia de Bancos sobre las medidas adoptadas, los bancos avanzaron las alternativas para sus clientes, entre ellas la mora en el pago de préstamos en un rango de 3 a 4 meses, como es el caso de la Caja de Ahorros (3), Banco General, Banco Nacional y Banistmo, cuatro meses de gracia. El resto de los bancos trabajan alternativas similares. No han expresado intención para modificación de tasa de interés, aún.

Felipe Chapman, reconocido economista del país, calificó la acción legislativa como gravísima, y recomendó al Consejo de Gabinete, en caso de que el proyecto se convierta en Ley, que lo vete. “Eso puede provocar un enorme grado de desconfianza de todo mundo, inversionistas, deudores, acreedores, me parece apresurada la iniciativa y lo indicado sería actuar en armónica colaboración entre los órganos del Estado”, expresó tajante Chapman.

Este miércoles la Superintendencia de Bancos, en voz del superintendente Amauri Castillo, anunció la estrategia del sector para oxigenar la presión de los clientes imposibilitados a pagar sus compromisos. Avanzó que los bancos otorgarían hasta 6 meses de gracia en el pago de préstamos, según sea el caso; ajuste de tasas de interés, o disminución del monto.

El segundo proyecto de ley, el 390, que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar el efecto del virus es aún más amplio, extiende la moratoria de pago por 90 días prorrogables las obligaciones del contribuyente, así como el pago de hipotecas, préstamos comerciales, al sector transporte y financieras, la mensualidad de escuelas privadas, servicios públicos de electricidad y telefonía. Además dispone que por un periodo de 6 meses posterior a la crisis, los bancos no pueden aumentar las tasas de interés a los préstamos mencionados.

También suspende el cobro de arrendamientos de oficinas y locales comerciales y habitación entre particulares y cualquier institución gubernamental.

A lo anterior se suma la intención del Colegio Nacional de Abogados en favor de la creación urgente de una ley que suspenda todas las obligaciones crediticias y las que involucran servicios básicos como luz y agua por el término que dure la crisis y la reactivación económica. Esto implicaría que a la banca a congelar los préstamos por mandato de ley, y no quedar sujeto a la discreción de la entidad bancaria con cada cliente. El golpe económico de Covid-19 catalizó a bancos y diputados. Los primeros responden con plazos de gracia para sus deudores de hasta cuatro meses, mientras que los diputados intentan que sea de carácter obligatorio El interés por parte de los diputados de la Asamblea Nacional en legislar sobre asuntos bancarios, como en la mora de pago de préstamos bancarios dada la coyuntura de emergencia nacional que vive el país a consecuencia del Covid-19, los motivó a presentar 2 propuestas legislativas en este contexto. Dicho contenido pone nerviosos a los banqueros y conocedores en la materia porque lo interpretan casi como una intromisión en un tema sumamente técnico que modifica las reglas del juego que ha mantenido robusto por un siglo el sistema bancario del país. Ayer se aprobó en primer debate el proyecto de ley 391 que establece “medidas de interés social frente a la emergencia sanitaria”.

Este proyecto legisla (artículo 8) sobre las medidas para suspender los pagos de hipotecas y otros compromisos bancarios, para las personas que acrediten una baja en su liquidez imposibilitándolos a hacer frente a las deudas. El artículo 9 de dicho anteproyecto, faculta a la Superintentendecia de Bancos a verificar y supervisar junto a las entidades bancarias la posibilidad de disminuir las tasas de intereses aplicables a los préstamos. En la discusión no estuvieron presentes representantes de la Superintendencia de Bancos y/o del Ministerio de Economía y Finanzas, para explicar las consecuencias sobre lo aprobado. A la par de ellos, algunos bancos, y a raíz de la estrategia que anunció la Superintendencia de Bancos sobre las medidas adoptadas, los bancos avanzaron las alternativas para sus clientes, entre ellas la mora en el pago de préstamos en un rango de 3 a 4 meses, como es el caso de la Caja de Ahorros (3), Banco General, Banco Nacional y Banistmo, cuatro meses de gracia.

El resto de los bancos trabajan alternativas similares. No han expresado intención para modificación de tasa de interés, aún. Felipe Chapman, reconocido economista del país, calificó la acción legislativa como gravísima, y recomendó al Consejo de Gabinete, en caso de que el proyecto se convierta en Ley, que lo vete. “Eso puede provocar un enorme grado de desconfianza de todo mundo, inversionistas, deudores, acreedores, me parece apresurada la iniciativa y lo indicado sería actuar en armónica colaboración entre los órganos del Estado”, expresó tajante Chapman. Este miércoles la Superintendencia de Bancos, en voz del superintendente Amauri Castillo, anunció la estrategia del sector para oxigenar la presión de los clientes imposibilitados a pagar sus compromisos. Avanzó que los bancos otorgarían hasta 6 meses de gracia en el pago de préstamos, según sea el caso; ajuste de tasas de interés, o disminución del monto.

El segundo proyecto de ley, el 390, que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar el efecto del virus es aún más amplio, extiende la moratoria de pago por 90 días prorrogables las obligaciones del contribuyente, así como el pago de hipotecas, préstamos comerciales, al sector transporte y financieras, la mensualidad de escuelas privadas, servicios públicos de electricidad y telefonía. Además dispone que por un periodo de 6 meses posterior a la crisis, los bancos no pueden aumentar las tasas de interés a los préstamos mencionados. También suspende el cobro de arrendamientos de oficinas y locales comerciales y habitación entre particulares y cualquier institución gubernamental.

A lo anterior se suma la intención del Colegio Nacional de Abogados en favor de la creación urgente de una ley que suspenda todas las obligaciones crediticias y las que involucran servicios básicos como luz y agua por el término que dure la crisis y la reactivación económica. Esto implicaría que a la banca a congelar los préstamos por mandato de ley, y no quedar sujeto a la discreción de la entidad bancaria con cada cliente.