La ayuda social, entre la clase media y la política

La clase media suele ser de las más sacrificadas durante la pandemia de Covid-19. Los esfuerzos del gobierno por paliar el hambre en la población se entremezclan con protestas sociales en reclamo de comida, mientras el Ejecutivo es cuestionado por los gastos de insumos

ANÁLISIS
El gobierno está dispuesto a desembolsar $13,2 millones para comprar gel alcoholado, sin embargo destina $6.7 millones para 84 mil personas, a razón de $80 mensuales, a través de vales digitales que se emplearán con la cédula de cada beneficiado. En medio de la pandemia que azota al país, estos números parecen desproporcionados.

Aunado a lo anterior circulan documentos en las redes, algunos contratos por servicios publicitarios y de marca presidencial que superan los $2 millones, mientras en las calles se multiplican las protestas en reclamo de bolsas de alimentos y bonos solidarios. "Varios de estos documentos, que parecen tener un interés político de generar un ambiente que todos los del gobierno son ladrones, resultaron falsos, pero crean la incredulidad para aprovecharse de la situación", analiza para La Estrella de Panamá el expresidente Ernesto Pérez Balladares.

El Ejecutivo apuesta a que la ayuda social dirigida a través de la cédula, las bolsas de comida y los bonos solidarios, aliviará la situación de miles de familias, pero olvida a la clase media, a los independientes, y a los casi 100 mil asalariados que tienen sus contratos suspendidos.

Éstas últimas son las víctimas clásicas de un escenario como éste, la clase media-alta, la media-media y la media-baja. Es la que trabaja todos los días y vive de lo que el negocio genera. Con la cuarentena podrían subsistir unos días, tal vez un mes, pero con parte de los recursos del negocio, que luego terminan comiéndose este dinero.

Pareciera que estamos ante un gobierno que no ha podido explicar las adquisiciones que han realizado y que por más mecanismos de control que regirán en los próximos actos, la opinión pública ya se hizo un criterio propio. "Da la impresión que las fuerzas del partido oficial están operando contra un sector del gobierno que busca eliminar la conducta del vicepresidente, cabeza de la cartera desde donde se efectuaron las compras", menciona un analista de inteligencia consultado. Los métodos anunciados recientemente por el estrenado viceministro de la Presidencia, con los que se pretende parar la corrupción "no serán suficientes porque al gobierno le hace falta capacidad para recuperar la credibilidad de la ciudadanía, y valor para hacerlo", añade la fuente de inteligencia.

Hay quienes opinan que el hambre no tiene bandera política, más bien es la sensación que ha motivado varios focos de protesta en los últimos días. En algunos casos lo que evidencian estas manifestaciones es la ausencia de las autoridades para levantar los datos de la población que pide bonos o bolsas de comida. Parte del problema del desarrollo de la gobernanza, es la falta de organización comunitaria, la hay en las iglesias y ligas deportivas, pero escasea cuando se trata de desarrollo social.

Ochenta dólares al mes, el crédito transferido a la cédula, se traduce en $2.6 diarios. Con ese dinero no come una persona y menos una familia de cuatro. En este contexto, parece lógico que tendrán que aumentarlo, al menos llevarlo al valor de la canasta básica de alimentos para un mes y definir el tramo de la población a la que está destinada esta ayuda.

"Es evidente que se necesita mucho más que $80 para suplir las necesidades de la canasta básica, pero se trata de la capacidad que tiene el gobierno para hacer frente a esto, no todos los panameños lo necesitan, son los más humildes, los suspendidos o despedidos de sus trabajados o los que no tienen ingresos", apunta Pérez Balladares.

Volviendo a la clase media, el gran dilema será cómo encontrarán sus negocios cuando el gobierno levante la cuarentena. Este sector ocupa al 50% de la población laboral, el resto está concentrado en las grandes empresas que tendrán más posibilidad de sacar adelante sus finanzas.

Una noticia alentadora es que la mayoría de las Pymes podrán tener acceso a un servicio bancario que el gobierno enfoca para el plan de reapertura. Se trata de $300 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que están por llegar a las arcas del estado, según conoció La Estrella de Panamá.

De este monto, $150 millones se destinarán para las pequeñas, medianas y micro empresas (Pymes), y aunque hasta ahora el gobierno no ha detallado con qué bancos se harán estas negociaciones, es muy probable que el ejecutor sea el Banco Nacional. La idea es que haya disponibilidad financiera para estos comercios y puedan reflotar sus actividades a través de préstamos blandos. Es tan amplia la diversidad de ocupaciones en las Pymes, que se calcularía un presupuesto que el banco entregará con la garantía de que a medida que el negocio prospere, retorne el capital al banco.

La inmensa mayoría de los negocios deben buscar liquidez, financiamiento y hay disponibilidad para ello por parte de los bancos. Creo que "el estado puede brindar incentivos y buscar ideas inteligentes para reactivar la actividad económica", añade el expresidente.

Consultas realizadas por este diario, indican que el Banco Nacional será el eje ejecutor del dinero que obtuvo el gobierno de préstamos a las instituciones financieras internacionales que suman $1,300 millones (incluidos los $300 millones del BID en partes iguales para las Pymes y sector agropecuario) para paliar la crisis económica de la pandemia que deben manejarse a través de un fideicomiso.

Hay quienes proponen un plan de rescate diferente. El economista Felipe Argote hizo un cálculo por $750 millones para tres meses como inversión para evitar el colapso de las familias durante la pandemia. En este plan plantea la transferencia directa de dinero de diferentes sumas a las familias basado en el presupuesto citado. De esta forma, dice, no consumen el capital del negocio o empeñan sus activos para sobrevivir. Sin embargo, lo que más le preocupa a Argote es que percibe que el gobierno no cuenta con un plan de rescate económico estructurado, lo que puede llevar una "doble recesión".

El Ministerio de Economía y Finanzas ha conseguido $515 millones del Fondo Monetario Internacional, $41 millones del Banco Mundial para Catástrofes Diferidas, $500 millones del Banco Mundial, una donación de $500 mil del Banco de Desarrollo de América Latina y una donación de $750 mil de Estados Unidos.

Salvo el destino de los $300 millones del BID. Lo que no ha hecho el gobierno es explicar el uso de este dinero o si viene designado para algún uso en particular que se estableció cuando se dio el empréstito. Esta comunicación debe formar parte de la transparencia del Ejecutivo, que en ocasiones reprende la conducta de corrupción o inmoral de sus funcionarios en forma enérgica, pero en otras no reacciona de la misma manera.

"El presidente cuenta un liderazgo político que no debe desaprovechar. Obviamente hay un desgaste por la pandemia y el tema de los gastos del Ministerio de la Presidencia, se han cometido errores", añade Pérez Balladares. A juicio del expresidente, hay un grupo de personas en la Asamblea Nacional que buscan ganar popularidad haciéndose defensores número uno de los pobres y creando leyes. "Qué significa moratoria?, que dejas de pagar. Entonces ¿cuándo pagas?, es un golpe de morcillera al sistema bancario, populismo desbordado que existe.

Sino tienes los ingresos puedas pagarlos después y luego cuando los tengan se hacen pagos mensuales", zanja el exmandatario.

A esto se suma a un partido oficial que no está cohesionado, lo que generalmente se traduce en oportunismo para quienes buscan protagonismo, populismo e incluso en ataques directos al gobierno que desgastan su imagen y credibilidad para obtener fines políticos, individuales, enfocados hacia las próximas elecciones para imponer un candidato.