West Valdés, pide a la CIDH una visita in situ para constatar la violación de sus derechos humanos

West Valdés, exejecutivo de la casa de Valores Financial Pacific detenido preventivamente desde enero de 2017, demandó al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de un conglomerado de derechos humanos.

Ante esta Comisión efectuó una petición muy concreta: "Que previo estudio de la situación, se ordene una comisión para que se haga una visita 'in situ' y adicional se interpele al Gobierno de Panamá a efectos de que remita un reporte completo de su situación jurídica y de la vulnerabilidad de sus derechos".

Su equipo de abogados interpuso la demanda que consta de 157 páginas en las que fundamenta la violación de sus derechos humanos ya que según el documento, a través del el Ministerio Público y Órgano Judicial, lo mantienen en un secuestro y una privación de sus derechos humanos por encima del orden jurídico por cumplir una pena anticipada a cargo del Sistema Judicial panameño.

Los derechos vulnerados que enlista son: el derecho a la integridad personal, la libertad personal, a las garantías judiciales, a la legalidad y honra, rectificación o respuesta, igualdad ante la Ley y protección judicial.

Valdés tiene tres casos penales pendientes por los que debe responder ante la justicia. No obstante, en la querella enuncia como fundamento de la demanda internacional, una serie de hechos que iniciaron en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) a quien culpa de "utilizar indiscriminadamente el poder de su puesto como presidente para generar persecuciones judiciales en contra de adversarios políticos, situación que ha generado 14 denuncias, todas investigadas por el Ministerio Público".

EL caso de West Valdés es parte del "entramado de casos gubernamentales engendrados ilegalmente por parte de una procuraduría paralela existente en el gobierno de Varela y con conllevó que se establecieran una serie de expedientes que a la fecha han provocado su actual estado de detención que raya en la total ilegalidad y vulneración de sus derechos humanos", se lee en la demanda interpuesta ante la CIDH.

En mayo de 2016 la Fiscalía Anticorrupción emitió una orden de detención que se hizo efectiva, de acuerdo al denunciante, mediante procedimientos ilegales. Fue capturado en República Dominicana sin orden previa y expulsado bajo un procedimiento ilegal hasta ser recluido en el Centro Penitenciario El Renacer, donde hasta hoy permanece.

Aduce que se ha probado su inocencia en uno de los casos, el denominado Caja de Ahorro, que igualmente fue fabricado por la maquinaria de la procuraduría paralela. Pero a la fecha, a pesar de tener un exceso de detención prácticamente ha purgado una condena anticipada de todos los delitos bajo los que ha sido encausado sin un fallo favorable o un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

En la denuncia reitera que ha solicitado la revisión de la medida cautelar de su detención pero ninguna autoridad ha respondido los recursos de manera oportuna, lo que vulnera sus garantías y el debido proceso.