Cuenta regresiva en el caso Odebrecht

Hoy se levantan los términos judiciales que mantenían el caso paralizado. El escritorio de la Fiscalía Anticorrupción se encuentra copado de diligencias que abarcan todo el mes de junio, como un intento de ganar el tiempo que restó el Covid-19

La Fiscalía Especial Anticorrupción tiene programadas una serie de diligencias sobre el caso Odebrecht que coparán todo la agenda del mes de junio.

Sobre el escritorio de la fiscal Anilú Batista, quien fue designada por el procurador Eduardo Ulloa en marzo pasado en la fiscalía mencionada junto a la fiscal Azucena Del Rosario, reposan una serie de resoluciones que por la entrada de la pandemia del Covid-19 que interrumpió los términos judiciales, quedaron en pausa. Entre ellas, según una fuente del Ministerio Público, se cuentan diligencias de toma de declaración a personas relacionadas al caso, inspecciones oculares, solicitud de información a instituciones y notificaciones.

Durante el pasado mes de febrero, la Fiscalía efectuó indagatoria a Jaime Lasso, recaudador de dinero de Odebrecht para el Partido Panameñista, y a Jorge Alberto Rosas, exdiputado del mismo colectivo, quien se acogió al artículo 25. Sobre éste último, la fiscalía emitió la orden de detención y fue enviado al Centro Penitenciario el Renacer. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia resolvió un habeas corpus en el que lo favoreció con el cambio de medida cautelar de arresto domiciliario durante la pandemia.

De acuerdo a la fuente del Ministerio Público, durante la primera semana que se retoman las actividades judiciales, no se espera un desfile de indagados, puesto que antes será necesario hacer las notificaciones, una tarea que quedó pendiente cuando se declaró el estado de emergencia nacional a raíz de la pandemia.

En su afán de contribuir con la justicia, durante la ampliación de indagatoria que rindió Lasso en la fiscalía en febrero y marzo pasado, mencionó a una serie de copartidarios a quienes se les giraron cheques a través de diferentes cuentas que estaban a nombre de la Fundación Don James, alimentada en parte por la constructora.

Lasso explicó a la fiscal que Juan Carlos Varela, expresidente 2014-2019, y su hermano y diputado José Luis Varela, tenían conocimiento de los aportes que realizaba la compañía Odebrecht al Partido Panameñista, en el que ambos figuraron como presidentes.

Enlace entre la empresa y miembros prominentes del Panameñismo, mencionó que los aportes de la constructora, cerca de $6.7 millones, se transfirieron a cuentas relacionadas al colectivo político o a sus miembros a través de su persona, quien fungió como recolector de fondos para la campaña de 2009 y 2014, cuando la empresa pagó directamente a proveedores de artículos promocionales.

Imputado por el supuesto delito de blanqueo de capitales, detalló que la constructora, a través de cuentas en el banco Meinl Bank, transfirió fondos a la campaña del colectivo.

Entre los copartidarios que mencionó durante la reciente declaración, enlistó a José Luis 'Popi' Varela, exdiputado y hermano del expresidente, a Adolfo 'Beby' Valderrama, exdiputado, y Carlos Duboi, exministro de Vivienda, quien también fungió como gerente del aeropuerto de Tocumen, y que en 2008 recibió $150 mil de la constructora para el partido a través de una sociedad anónima. Además indicó que se transfirieron fondos a cuentas en Bahamas que pertenecían a Álvaro Tomás, colaborador de la campaña 2014 y exdiplomático.

RETOS POSCOVID DEL SISTEMA
El levantamiento de los términos judiciales indica que empiezan a correr nuevamente los términos de las investigaciones, en el caso en mención, en enero pasado el Primer Tribunal Superior extendió el plazo de investigación por cinco meses y ocho días.

No solo el despacho de la Fiscalía Anticorrupción estará cargado con la retoma de actividades. A pesar que los casos de alto perfil son los más llamativos, el regreso a la nueva normalidad se verá plagado de casos como aquél "usuario que busca respuesta en la justicia, el que no ha efectuado sus procesos a causa de la cuarentena y se enfrentarán con una institución con poco presupuesto porque se evidenciará la falta de personal, infraestructura tecnológica, por la cantidad de asuntos que van a entrar y voces simultáneas reclamando una justicia ágil", indicó el presidente de los abogados Juan Carlos Araúz.

La ciudadanía está cansada de ver una justicia lenta en la que de ahora en adelante incidirán los protocolos biosanitarios.

Cada despacho judicial tendrá un control administrativo del trabajo. "Algunos han decidido dejar en pausa los papeles que entran al despacho por unos días para evitar la contaminación, esto ralentizará más el funcionamiento por prevención al virus, porque no hay una información oficial sobre la supervivencia del virus en los objetos", añadió el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

En este sentido, el CNA propone la digitalización a mediano plazo de la justicia civil y otras jurisdicciones, para evitar la presencia física, presentación de demandas, expedientes en activo, de tal forma que de existir un rebrote, no se paralice nuevamente la justicia. Para ello se debe diseñar una estrategia entre los tres órganos del Estado, con un apartado bajo el Covid-19, en el que se le de la importancia como se hace en otras áreas.

En parte el problema de la mora judicial, se debe a la estructura. Es decir, una cantidad limitada de jueces que no responde a la correlación del crecimiento de la población. Lo que limita el recurso humano, y la capacidad de ofrecer una justicia ágil a corto y mediano plazo. Lo que convierte el sistema en una "justicia de empujones", donde cada abogado apura su caso y no se cuenta con un orden estandarizado que irradie justicia. "Debe haber un orden, en el caso penal la acumulación de evidencia en flagrancia son más ágiles, pero el resto son actos de investigación programados y las carpetillas deben sufrir una programación de tal forma que ninguna quede olvidada", agregó Araúz.

En todo caso, lo que debe ocurrir es que la justicia tenga parámetros de calidad y eficiencia, "bajo estos parámetros el Ministerio Público no puede motivarse por el clamor de la opinión pública. Avanzar a etapas con actos de investigación eficiente, diseñando una estrategia del Procurador garantizando que no sea solo de un tipo de casos, en un sistema en que el ciudadano anónimo se va a convertir en una voz exigente, al igual que ocurre en los casos de alto perfil. De ahí la importancia de garantizar un orden", concluyó Araúz.

Otro pendiente de alto perfil que espera audiencia preliminar en noviembre próximo es el denominado Blue Apple. Se instruyó en el despacho de la fiscalía Sexta Anticorrupción por delitos contra la administración pública en modalidad de corrupción de funcionarios públicos, por blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. Con 59 imputados, promete un largo camino en los tribunales.

Tuvo su inicio en 2017, se vincularon a varias empresas de construcción y exfuncionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda durante 2011-2012. La pesquisa se centra en que los exfuncionarios solicitaron a los empresarios que tenían contratos con el Estado, un porcentaje del valor de la obra para agilizar trámites y desembolsar los pagos del Estado a favor de los contratistas. El pago se depositaba en una sociedad anónima Blue Apple, que tenía cuentas en tres bancos y manejó $40 millones.