Extender o no la suspensión de contratos, tema de la mesa tripartita

La subcomisión de asuntos sociolaborales, asuntos laborales, económicos y jurídicos para el trabajo y preservación del empleo, que pertenece a la mesa económica tripartita en la que participan empresarios, sindicalistas y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), no tuvo avances significativos en la sesión de ayer.

Nuevamente el debate se centró en el Código de Trabajo, y las posiciones diametrales entre sindicalistas y empresarios. Los primeros no admiten cambios, mientras que los segundos propusieron una extensión de dos meses más para la suspensión de contratos, que ya casi alcanzan los primeros cuatro meses.

La reactivación económica del país avanza a paso lento. A pesar de que entró en vigencia la apertura del segundo bloque, el aumento de casos positivos por Covid-19 motivaron al Ministerio de Salud a retroceder en las medidas de movilidad instaurando una vez más la restricción por sexo y día de la semana.

El Código Laboral establece que los contratos pueden prorrogarse hasta 4 meses desde la fecha de suspensión, pero los empresarios buscan que se extiendan hasta 6 meses.

El Mitradel propuso que las prórrogas se realicen cada mes hasta un máximo de ocho meses dependiendo de la situación económica. En ese sentido, el gobierno busca establecer ciertas medidas económicas de alivio a los empresarios, especialmente para las empresas que logren asegurar el 97% de los empleos. El gobierno ha contemplado un plan de política económica con programas de alivios que abarcan préstamos blandos y exoneraciones fiscales condicionado a mantener los puestos de empleo de los trabajadores.

No obstante, los sindicalistas están molestos por la reglamentación que ha efectuado el Mitradel a través de Decretos, a pesar de que plantea medidas transitorias del Código de Trabajo mientras dure el estado de emergencia.

Además, los sindicalistas reiteraron que el Estado debe otorgar bonos por $500 mensuales, retroactivos desde el 1 de marzo, para quienes resultaron sus contratos suspendidos o con jornada reducida. La decisión se encuentra en el Ejecutivo, consciente de que el aporte del bono solidario de $80 dólares no es suficiente, busca mejorar la cifra, pero con dudas de poder satisfacer la cifra planteada.

La balanza entre los contratos suspendidos y los reintegrados es abismal. Hasta ayer se contaban 10,437 reintegrados y 248,000 suspendidos, a pesar de haber reactivado el bloque dos.

Hoy se llevará a cabo una reunión entre los facilitadores de la mesa y las organizaciones que representan a la empresa privada. Después se sostendrá otra solo con los trabajadores. El propósito es tratar de extraer las propuestas de ambas partes y buscar puntos en común para agilizar la mesa de diálogo.

También se ha conversado sobre la posibilidad de modificar el Decreto que establece los protocolos de bioseguridad que deben instalarse en las empresas.