El querellante es Freddy Barco, de nacionalidad ecuatoriana acusado de presunto blanqueo de capitales, quien alega haber sido indagado y detenido fuera de tiempo de investigación con el que contaba la Fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore en el caso Odebrecht
Roberto Ruíz Díaz, en representación de Freddy Barco Vera, presentó querella contra la Fiscal Especial Anticorrupción Zuleyka Moore, por supuesto delito contra la Administración Pública en la modalidad de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los servidores.
Barco Vera, de nacionalidad ecuatoriana y residente en Panamá, es investigado por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
Se trata de un ingeniero de obras que aparecía en algunas sociedades anónimas, sin ser dueño, ligadas a las transferencias de coimas en el caso Odebrecht.
La principal, Columbia Management, abrió cuentas en bancos panameños y se nutria de las cuentas de Constructora Internacional del Sur y Select Engeneering Consulting and Services, controladas por Odebrecht para el pago de coimas y sobornos.
La Fiscalía de Ecuador sostuvo que la constructora brasilera habría usado cinco filiales ‘offshore’ para transferir más de 47 millones de dólares a la empresa de Edgar Arias, Columbia Managment, localizada en Panamá. Barco firmó un número considerable de cheques de gerencia, al igual que transacciones a su favor por el orden de más de $15 millones.
Edgar Arias, no obstante, murió recientemente en el centro penitenciario de Ambato, en Ecuador, a causa de Covid-19, donde purgaba en la cárcel de máxima seguridad, una pena de 7 años por el delito de blanqueo de capitales.
Según el querellante, la fiscal Moore actuó arbitrariamente por haber emitido una orden de detención en su contra a sabiendas que carecía de las facultades legales y no contaba con la autorización judicial para hacerlo.
De acuerdo a la descripción de los hechos narrados por el abogado, el 25 de abril de 2019, última fecha que tenía la fiscalía Anticorrupción para realizar investigaciones sobre el caso, se emitió una providencia indagatoria al querellante sin haberlo notificado previamente, para que rindiera sus descargos e hiciera uso de su defensa.
La queja indica que 15 días después de vencido el término y actuando al margen de la Ley y la Constitución, la Fiscalía continuó actuando sin control judicial al punto de que dictó orden de detención contra Freddy Barco el 10 de mayo de 2019.
El 2 de julio de 2019 fue detenido al ir voluntariamente a la Fiscalía ubicada en el edificio Avesa, donde pretendía aclarar su situación aunque desconocía la orden de detención en su contra.
Desde esa fecha se mantuvo detenido a órdenes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pendiente de una Acción de Habeas Corpus que interpuso como acción preventiva y luego como acción correctiva. Posteriormente, la CSJ se pronunció a favor de Barco y decretó ilegal la detención ordenando su liberación inmediata. Acto seguido, por su condición de extranjero residente en Panamá, fue puesto a órdenes de la Dirección de Migración, donde lo detuvieron por 6 días más sin motivo-alega la querella- ya que tenía sus papeles en regla.
La acción de Habeas Corpus pretendía corregir la actuación arbitraria de la fiscal Moore, así considerada por el querellante, ya que a sabiendas de que el 19 de marzo solicitó una prórroga de términos y que el 25 de abril era su último día para actuar dentro del expediente, emitió ordenes posteriores a la fecha mencionada.
Barco expuso en la querella que a pesar de que se trataba del último día de la investigación que contaba la Fiscalía, se giró una cantidad exagerada de ordenes de indagatorias, medidas cautelares de firma periódica, arresto domiciliario, además de la orden de detención preventiva en su contra, 15 días después de concluido el periodo de investigación con el pretexto de que había una orden de indagatoria.
El documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá, especifica que sin haber localizado a Barco, o haber sido contactado legalmente, ordenó se le nombrara defensor ausente sin darle posibilidad de escoger su propia defensa, violando las garantías del debido proceso. Además de ordenar acciones de investigación basándose supuestamente en que el término de un año no corría completo, porque debían contarse días feriados, carnavales, fiestas patrias, cosa que según el abogado del afectado, no se contempla en ningún Código.
El querellante alega que la actuación de la fiscal demuestra una clara intención de violentar el debido proceso y abusar del poder otorgado por violar del tiempo legal de la investigación.
En el pasado, Ruíz Díaz, interpuso un recurso de apelación al amparo de garantías que presentó la Fiscalía Anticorrupción para que se extendieran los términos de investigación en el caso Odebrecht, debido a que su representado se encontraba detenido preventivamente. Luego desistió de la misma cuando la CSJ le concedió el Habeas Corpus.
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