"Mi cliente es un chivo expiatorio"

Defensor del único detenido por la masacre de Colón asegura que tiene como probar que su defendido no tiene vinculación con los hechos

El abogado José Moncada, defensor de Miguel Ángel Almanza, imputado por el múltiple homicidio de siete jóvenes colonenses cuyos cuerpos fueron hallados el sábado pasado en el sector boscoso de Espinar, provincia de Colón, tiene una estrategia para demostrar la inocencia de su cliente. El primer paso fue contratar a criminólogos y así poder evidenciar de manera científica quién es su cliente, que en sus propias palabras se trata de un "Chivo Expiatorio que ha sustituido a los verdaderos delincuentes de la masacre en mención".

Hay un segundo implicado en el acto, autor material e intelectual de los hechos al que supuestamente tienen ubicado las autoridades. La Policía está al acecho, por obvias razones mantiene el nombre en reserva. La comunidad de Valle Verde está muy consternada por el múltiple homicidio. Los cuerpos de las víctimas ya fueron entregadas a sus padres. El mismo sábado por la noche fueron trasladados a Colón una vez culminaron las necropsias. Días sumamente amargos viven las familias. La muerte inesperada de sus hijos y hermanos, en algunos casos menores de edad, ha sido un golpe indescriptible, de las pruebas más difíciles de su vida.

Hoy a las 10 de la mañana será dará sepultura en el cementerio de Monte Esperanza a Edgar Jiménez de 22 años de edad. También se informó que el viernes a la misma hora en el mismo cementerio serán los sepelios de Vladimir Garay Caparrosa y las hermanas Azucena y Julissa Martínez, de 18 y 21 años de edad cuyos cuerpos fueron hallados fuera del búnker, estructura de anchas paredes que mientras estuvo bajo dominio de los estadounidenses, servía para guardar armas y municiones.

Ese mismo día a la 1:30 p.m., el abogado de Almanza acudirá a una audiencia ante un tribunal de apelaciones para solicitar una medida distinta a la detención preventiva que dictó la juez de garantías Ilse Chú el pasado lunes.

El Código Penal sólo permite sustentar la apelación por la medida de detención preventiva, la legalización de la aprehensión y la imputación serán materia de otras maniobras legales. El defensor insiste que cuando se detuvo a su cliente la fiscalía lo hizo basada en un retrato hablado. Curioso es que, según el jurista, el sábado cuando se le presentó a su cliente dicho dibujo producto de la descripción de uno de los sobrevivientes, el defensor de oficio manifestó que no había concordancia con lo que se dijo y el reconocimiento en carpeta.

Asegura que tiene cómo probar que Almanza se encontraba en otro lado el día viernes, cuando ocurrieron los asesinatos. De ser así, los dos asesinos están libres.

En las redes circula información en la que el agricultor Abel Sánchez y el ganadero Daniel Villareal, vecinos del joven imputado, afirman que el día de los hechos el imputado fue visto a las 8:30 de la mañana caminando entre La Tagua y la comunidad de La Gloria, lugar donde realizó trabajos de seguridad en una cera de púas. A la 1:35 del mismo día, fue visto por otros agricultores a más de 60 kilómetros de distancia del sitio donde ocurrió el crimen.

De acuerdo a su abogado, Almanza es un joven de 18 años que no se sabe valer por sí mismo. Depende del sustento económico de sus padres y abuelos. Estudió hasta sexto de primaria, y antes de ser detenido, se dedicaba a cortar hierba en un lote de la familia y hacer algunos trabajos de barbero. "No es un muchacho autónomo", hecho que está empeñado en demostrar el abogado, pues lo considera como un punto fundamental a la hora de probar su inocencia.

Lo que no queda claro, es cómo la Policía asoció el retrato hablado con Almanza, eso no lo ha podido descifrar el abogado. Las autoridades hicieron dos allanamientos, uno a la casa de sus padres residentes en Valle Verde, y el otro a la casa de los abuelos, ubicada en Tagua.

De acuerdo a una fuente judicial, el procedimiento para ubicar al sujeto se surte bajo el siguiente procedimiento: el Ministerio Público indica a la Dirección de Investigación Policial o a la Dirección de Investigación Judicial a quién se tiene que aprehender, coloca la información en el oficio con nombre y apellido, en este caso producto del trabajo que ha efectuado la fiscalía en las entrevistas de los sobrevivientes.

"No hay nada que lo vincule (a su cliente)", insiste el abogado Moncada. Mira como una injusticia que sin tener elementos sólidos se pueda castigar a una persona por un retrato hablado, por error, es un chivo expiatorio", insistió al tiempo que recordó que en su práctica profesional ha sido testigo de casos en que el propio fiscal desvincula a una persona cuando no existen elementos que lo unan al crimen, se pregunta por qué no sucede ahora.

El viernes 17 de julio, 13 muchachos, algunos residentes en Colón y en Panamá, salieron a bañarse al lago Gatún cuando de repente se aparecieron dos hombres armados. Les despojaron de sus pertenencias (celulares y otras cosas) y al parecer bajo amenaza condujeron a seis de ellos, los residentes en Valle Verde, a un búnker donde ultimaron sus vidas con un certero disparo.

La fiscalía asegura que cuenta con las piezas suficientes para señalar al sujeto, "demás está probada o acreditada la comisión de delitos graves", indican los fiscales. Dijeron que los sobrevivientes han colaborado con la fiscalía para la identificación de la persona. "En este momento tenemos practicadas las diligencias de rigor. No solo es un retrato hablado sino también toda una serie de gestiones que tienen una base científica. Se tienen testimonios en cuanto a características físicas que coinciden, tenemos lo suficiente en este momento para tener a un presunto responsable y tenemos que ampliar los procesos en este momento, pero sobre todo protege el proceso", aseguró el fiscal David Medina al salir de la audiencia.

Pero para rebatir la tesis de la fiscalía, el defensor solicitó un reconocimiento físico de su cliente por parte de los seis muchachos que sobrevivieron a la masacre.

Además añade que la buena fe con la que debe desarrollarse el caso, en este momento opera en contra del sindicado, "porque el fiscal está acusando a una persona y el retrato hablado en el que se basó no se encuentra en la carpetilla, el fiscal dijo que había un acta, pero en ella no se muestra la foto", zanjó el abogado.

Ante el desgarrador crimen, UNICEF hizo un llamado para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, y exhortó a las autoridades y organizaciones sociales a redoblar los esfuerzos en la prevención de la violencia en Panamá.