De Saint Malo falla en su tercer intento por evadir la prisión

Un Tribunal de Apelaciones acogió la petición de la Fiscalía Anticorrupción y revocó la medida de trabajo comunitario que había concedido el juez de cumplimiento Héctor Carrasquilla

Por tercera vez en diez meses de haber ingresado al Centro Penitenciario El Renacer, sentenciado a 60 meses de prisión, el empresario Raúl Saint Malo, vio frustradas sus intenciones de reemplazar la cárcel por un trabajo comunitario.

En marzo de 2019, el hermano de la entonces vicepresidenta Isabel Saint Malo, logró un acuerdo con la fiscal Tania Sterling, de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lo investigó por el delito de blanqueo de capitales de $17 millones en el caso del pago de sobornos de la constructora Odebrecht.

Saint Malo, ahora con 46 años de edad, logró que la fiscal Sterling le impusiera una pena de cinco años de prisión como parte del acuerdo en el que se comprometió a devolver $1.8 millones, dos embarcaciones -que posteriormente fueron rematadas por un valor de $1.9 millones- e información sobre sus cómplices. La pena se ajusta al requisito del polémico artículo 65 del Código Penal, que permite el reemplazo de prisión por trabajos comunitarios en un centro de salud o educativo.

Como parte del trato, según contó a este medio una fuente que participó del acuerdo, Saint Malo reveló a la fiscalía la forma en que ocurrieron los hechos, quienes participaron y cómo se hicieron las transacciones bancarias para comprar dos embarcaciones con dinero ligado al pago de sobornos. Así fue como introdujo a nuevas figuras a la trama de los sobornos de la constructora y cómo participaron, además contó sobre el negocio de por medio que incluía la compra de dos buques que ampliarían las actividades del negocio de "bunkering". "A pesar de que la fiscalía no había pedido los buques, él los ofreció como parte del acuerdo para que la fiscalía le cambiara la medida y le permitiera hacer trabajo comunitario. La misma fiscal fue quien le sugirió dar clases en calidad de profesor en una universidad", indicó la fuente. Esa última parte del trato, no obstante, no quedó por escrito. Fue de boca, porque lo dice la ley, permite la sustitución de la medida del cambio de prisión por un trabajo comunitario a una persona condenada por primera vez. "Pero cuando llegó el momento, la fiscal apeló, no cumplió su palabra", añadió la fuente.

Inicialmente la defensa acogió la sugerencia de que su defendido impartiera clases en la Universidad Marítima Internacional de Panamá, sacando provecho de su título como ingeniero naval. No obstante, en agosto, la juez de cumplimiento Angeline Adames, consideró que la petición no llenaba los requerimientos y la echó para atrás.

A inicios de octubre de 2019, Saint Malo intentó por segunda ocasión esquivar la cárcel, y casi lo logra. La juez de cumplimiento Irma Arosemena le concedió la pena sustitutiva para que ejerciera como parte del equipo dedicado a las labores de mantenimiento de la Junta Comunal de Ancón.

Al salir de la audiencia, la fiscal Tania Sterling, dijo que nunca se convino con el acusado que la sanción podría ser conmutada por trabajo comunitario.

"La defensa preguntaba cuáles eran las opciones que se podían tener. Parte de lo que señalamos en la primera audiencia era que el artículo 65 del Código Penal establecía los lugares, que en caso tal se concediera la conmutación de pena, se debía hacer, y en ese caso se hablaba en un principio de una entidad educativa, pero al cambiarlo a la Junta Comunal, en nuestra consideración, de acuerdo al principio de legalidad, no lo contempla el artículo 65”, manifestó Sterling al salir de la audiencia a principio de octubre de 2019.

En ese momento la Fiscalía aún no estaba segura si apelaría la decisión. Lo analizaba. Pero antes de que se venciera el plazo lo hizo, tal vez presionada por la avalancha de críticas de la opinión pública que percibía con ojos de impunidad la situación. En la audiencia de apelación, el Tribunal revocó la medida a Saint Malo.

Algo muy similar se repitió en esta tercera oportunidad. Esta vez, Saint Malo realizaría labores de limpieza los días jueves, de 8 a.m. a 3 p.m., en el centro de Salud Emiliano Ponce. El juez de cumplimiento Héctor Carrasquila avaló la petición de la defensa el pasado 14 de agosto y le concedió el reemplazo de pena, después de haber pagado 10 meses de prisión.

Como parte del acompañamiento que hizo la defensa para conseguir la medida, argumentó que se trataba de un delincuente sin antecedentes, que contaba con una carta de la Junta Técnica de El Renacer en la constaba su buena conducta y muestras de resocialización. La abogada Dixiana Acosta, recordó al juez Carrasquilla que la ley asistía a su defendido y que en dicho centro de salud otros 6 condenados cumplían trabajos comunitarios. Aportó una nota firmada por el director del centro de salud e indicó que Saint Malo estaría bajo la supervisión del director de Recursos Humanos.

La fiscalía Anticorrupción, esta vez representada por Anilú Batista, se opuso a la solicitud. Argumentó que quien hacía el ofrecimiento de trabajo no era la persona autorizada por el Ministerio de Salud. Como segundo punto, objetó que la carta no señalaba quién era el responsable de supervisar las tareas de Saint Malo. En cambio, se especificaba que el director de Recursos Humanos del Centro era quien anotaría la asistencia. La nota tampoco explicaba la función que realizaría Saint Malo, y como último punto, Batista protestó porque la sustitución pena no era equilibrada con el grave delito grave por el sentenciado y tampoco era resarcitorio con la sociedad.

El Tribunal de Apelaciones integrado por los magistrados Gladis Moreno, Gustavo De Gracia y Asunción Alonso, decidió este viernes 21 de agosto en forma unánime, revocar el trabajo comunitario como sustitución de pena de 60 meses de prisión otorgado por el juez de Cumplimiento Héctor Carrasquilla el pasado 14 de agosto al empresario Saint Malo.

En el caso específico de Saint Malo, determinó el Tribunal, la pena de prisión aún cumple su función como prevención general y especial evitando la reincidencia del delito. Aunado a esto, consideró el Tribunal que la retribución efectuada por el sentenciado, de devolver al Estado $1.8 millones y dos embarcaciones -que posteriormente fueron subastadas y se logró recaudar $1.9 millones-, además de las delaciones efectuadas, fueron parte del acuerdo celebrado con la Fiscalía Anticorrupción como parte de la pena impuesta. "En estos momentos se cumple la prevención especial, la general y la retribución justa. La resocialización debe efectuarse antes de solicitar otras alternativas y debe existir un equilibrio entre el delito y la pena otorgada o la medida sustitutiva", sentenció el tribunal.

La fiscal Anticorrupción, Anilú Batista, presentó como parte de sus argumentos una nota firmada por el jefe del departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Salud (Minsa), Rubén Alvarado, en la que se lee que no existe autorización para que los directores médicos de los centros de salud ofrezcan trabajo, sino que dicha función recae en el ministro o ministra de turno. La nota era una respuesta a otra misiva que había enviado la Fiscalía Anticorrupción al Minsa con el propósito de confirmar en qué funcionario recaía la potestad de hacer las ofertas de trabajo.

Los magistrados valoraron la nota en mención con fecha del 9 de julio pasado, a pesar de que la defensa de Saint Malo, argumentó que otras seis personas ya desempeñan labores comunitarias en dicho centro sin necesidad de contar con una nota del titular de la cartera que lo autorice.

El Tribunal también observó que la nota que presentó la defensa de Saint Malo, carecía de un responsable de velar por el cumplimiento del trabajo al que se disponía hacer su defendido, y era necesario contar con un responsable que comunique al juez de cumplimiento sobre cualquier situación.

Es el tercer intento de Saint Malo en esquivar la prisión desde que fue ingresado al Centro Penitenciario El Renacer en octubre de 2019.

"Pido disculpas a la fiscal y a los magistrados. Este delito me va acompañar toda mi vida y espero de alguna forma retribuir a la sociedad en el centro de salud. Estoy preparado para cumplir con los requisitos que se exijan y someterme a los controles necesarios en el trabajo", manifestó Saint Malo durante la audiencia virtual cuando los jueces le concedieron la palabra. Al principio no se notaba animado para hablar, pero luego pronunció las breves palabras como una muestra de su intención de hacer lo que fuere necesario para salir de la cárcel.

Durante la audiencia de apelación, la defensa de Saint Malo alegó que su cliente contaba con una carta de la junta Técnica del Centro Penitenciario El Renacer donde cumple su pena, en la que daba su visto bueno para que el mencionado optase por una labor sustitutiva, se basaba en su buen comportamiento y sin presentar nuevas conductas delictivas. De igual forma, la abogada Acosta sumó la buena disposición de su cliente al haber celebrado un acuerdo de pena con la Fiscal Tania Sterling. No obstante, la fiscal Anilú Batista subrayó que "las personas que cometen un delito deben tener claro que habrá consecuencias, y más cuando todos hemos sido víctimas porque se trata de un delito de blanqueo de capitales".