Peritaje concluye que se trata de armas de uso particular

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó el peritaje de las amras incautadas en la Operación Furia, mediante la cual se imputó a 8 exdirectores de estamentos de seguridad por posesión ilegal y tráfico de armas de fuego.

El peritaje determinó que ninguna de las armas de fuego cuentan con un mecanismo de disparo en ráfaga, lo que las excluye de la categoría de armas de guerra, como en un principio las había calificado la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.

El análisis, que tiene fecha del 20 de julio, al parecer fue determinante para que en la audiencia en contra del exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López, celebrada el 28 de julio, el fiscal Emeldo Márquez se abstuviera de formular cargos por tráfico de armas de guerra. En cambio, lo hizo por tráfico ilícito de armas.

Los peritos analizaron paso por paso las evidencias que presentó la Fiscalía que incluían rifles, pistolas, carabinas, proveedores, y verificaron la marca, modelo, número de serie. Las dispararon para comprobar su capacidad y se percataron que todas son semiautomáticas, es decir, que hacen disparos tiro a tiro. Son armas de uso particular.

Solo dos de ellas podían accionarse en forma de ráfaga corta, de tres tiros. Es decir, que en la parte de afuera del arma se evidencia la opción de que el selector pueda ajustarse al sistema semiautomático, pero en el campo, verificaron que solo disparaban en modo semiautomático, un tiro a la vez.

El peritaje también determinó que las armas son idóneas para efectuar disparos, que funcionan. El delito del Código Penal que tipifica la posesión de armas requiere forzosamente que sea idónea. De no ser así, el indiciado no puede ser condenado por ese delito.

Solo a la evidencia número cuatro le faltan piezas, no mantiene los pasadores y el cañón se encuentra obstruido por una soldadura.

La mayoría de las armas no presentan alteración. Del total analizado, 19 son de producción checa; 4 estadounidenses; una israelí, una italiana, una belga y dos austriacas.

Ahora la tarea de la Fiscalía será probar no hubo autorización legal para su venta, a pesar que en el expediente hay registros de los permisos.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, aparentemente la empresa Aerotécnica Panamá, introdujo una serie de armas, algunas consideradas de guerra, en la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), como intermediario del Estado en la adquisición de las mismas con la anuencia de altos funcionarios del Gobierno en el periodo 2012-2019.

Luego de ser introducidas a las instituciones eran sacadas de esos lugares y depositadas en el departamento de armas y municiones comerciales de la Dirección Nacional de Armamento de la Policía Nacional y de ahí a los almacenes de la Diasp hasta lograr el registro a nombre de personas naturales importando un arma de fuego ilícitamente para mercado civil.