Desde la administración de la Caja de Seguro Social, el subdirector Francisco Bustamante expone la compleja tarea de equilibrar las finanzas de la entidad en un escenario delicado que implora por un cambio estructural de cara al diálogo nacional convocado por el Ejecutivo
La administración de la Caja de Seguro Social (CSS) trabaja en la información necesaria para partir de una base científica, con datos oportunos, informes financieros actuariales, así como la información que alimenta los ingresos de la entidad, para dar inicio al diálogo convocado por el Ejecutivo.
A pesar de que hasta el momento el mandatario Laurentino Cortizo no ha ofrecido detalles sobre la estructura mediante la cual se efectuará dicho diálogo, la idea para quienes manejan y viven a diario la tarea de administrar la institución, es lograr modernizarla integralmente. La CSS se rige bajo la Ley Orgánica 51 de 2005, con la cual se pretendían efectuar cambios mayores a la original de 1941, reformada en el 1954, 1962, 1975, 1981 y 1991, pero finalmente se centró en el quebrantado sistema de pensiones, que ya han quedado desfasados.
“Tenemos que cambiar la normativa y la forma del buen gobierno de la institución. Por lo tanto la reforma tiene que ser profunda si queremos que esta situación no sea reiterativa dentro de 10 o 15 años”, describió el subdirector de la entidad Francisco Bustamante.
La tarea, no obstante, va más allá de solventar el déficit de uno de los pilares de la institución, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que amenaza con entrar en crisis en 2024 o 2025. A pesar que este programa resulta una vez más el catalizador para llamar a un diálogo nacional, en este ejercicio convergen varios temas imposibles de soslayar: el económico, político, social, actuarial y humano.
“Es un pentágono que tiene al menos cinco características, por lo que cuadrar eso requiere de una verdadera obra maestra. ¿Cómo hacerlo? ésa es la pregunta. Pero el asunto va más allá de una solución estrictamente técnica actuarial”, explicó a La Estrella de Panamá Bustamante.
Hay varios modelos, hasta ahora propuestas informales narradas por Bustamante, que pueden tomarse como iniciativas de la administración de la CSS para reanimar al IVM: uno que mantenga las pensiones y el servicio médico junto; el segundo, en el que la atención médica se junte con la nacional y las pensiones vayan para otro lado; un tercero en el que la CSS se concentre en los asegurados exclusivamente y que el Ministerio de Salud asuma la atención médica al resto de la población. Una cuarta idea es que las finanzas de la institución puedan ser administradas como un fondo de pensiones o una compañía de seguros como cualquier otra. “Todos son posibles escenarios al igual que la combinación entre ellos que van a demandar un diálogo porque afecta a la población en total”, define el también economista.
Todavía no se adelanta la fórmula definitiva entre las anteriores, pero de cualquiera de ellas surgirán voces a favor y en contra. A éstas hay que sumar las que traigan a la mesa los sectores participantes o la sociedad civil.
Hay varios modelos, hasta ahora propuestas informales narradas por Bustamante, que pueden tomarse como iniciativas de la administración de la CSS para reanimar al IVM: uno que mantenga las pensiones y el servicio médico junto; el segundo, en el que la atención médica se junte con la nacional y las pensiones vayan para otro lado; un tercero en el que la CSS se concentre en los asegurados exclusivamente y que el Ministerio de Salud asuma la atención médica al resto de la población.
Lo delicado es que el diálogo ocurre en el peor momento económico del país, en el que las recaudaciones de la entidad se han visto impactadas en al menos 40% por la pandemia de Covid-19, y en el que el desempleo alcanzará cifras del 20% o más. A esto se suma una dinámica empresarial que pasa por una transformación profunda acelerada producto de la pandemia. Un momento sumamente sensitivo para el país y para el Ejecutivo que debe fomentar un diálogo complicado en un clima de paz, en el que todos los sectores estén dispuestos a deponer posiciones ideológicas y comprendan la situación de uno de los activos más grandes del Estado.
La iniciativa recuerda la experiencia vivida durante el gobierno de Martín Torrijos, cuando se enfrentó a huelgas indefinidas de los sectores sindicales y gremiales que pusieron a prueba al Ejecutivo.
TENDENCIAS MODERNAS
La tendencia moderna de empleo, describe el subdirector, es que cada vez las empresas van a tener menos empleados, pero habrá más emprendimientos. “Va existir más autoempleo. ¿Cómo manejar las tendencias modernas del mercado en una institución que está diseñada cuando eso no cabía en la mente de los cotizantes?” se pregunta.
Es todo un escenario nuevo para el Seguro porque necesita a estos contribuyentes. “Un reto hacia adelante, pero la gente está mirando por el retrovisor, y no mira al frente. Vamos a tener que buscar quien nos ayude a mirar al frente con estrategias novedosas, distintas, pero los cambios traen temor, temen al cambio”, añadió Bustamante.
La Junta Directiva de la CSS recibió recientemente los informes actuariales del 2018 -no auditados por la Contraloría General de la República- que reflejan manejos cuestionables, deficiencias con respecto a los saldos débitos y créditos desde el 2012 cuando entraron en vigor los sistemas informáticos para la contabilidad y Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas.
La entidad no había cumplido con la elaboración de dichos informes que deben presentarse cada año, lo que acumula incertidumbre sobre las proyecciones de ingresos, reformas o movimientos necesarios para adelantarse a los hechos.
“Esta administración, en menos de un año, hizo los dos estados financieros que faltaban y el estudio actuarial de 2018, y en camino el de 2019, con el propósito de transparentar las finanzas de la CSS que no se habían hecho en los últimos ocho años”, exclamó el subdirector.
Pero aún así, sin contar con cifras certeras, hay que afinar más el lápiz. “Las corridas hasta 2026, presentadas basadas en los años 2017 y 2018, no son reales porque el 60% de los asegurados en los que está basado ingreso para las corridas, no es la realidad actual. La pandemia suspendió miles de puestos de trabajo”, señaló Aida Michelle Maduro, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) ante la Junta Directiva de la CSS.; Añadió que hasta el momento la Junta Directiva no ha efectuado observaciones al informe actuarial recibido. “Las corridas pueden ser referenciales, pero hay que dejar claro que es un logro, deberían presentarse todos los años, eso es bueno. Pero creo que necesitamos tener una cifra más certera y una evaluación”, dijo.
“La junta directiva de la CSS es el pañuelo con el que todos se limpian”, agregó Maduro, pero en realidad se desconoce que le Ley la limita en muchos aspectos, y al ser la última instancia administrativa se ocupa en asuntos triviales que puede revisar el departamento de Recursos Humanos.
El documento propone corridas en base a cuatro variables: la edad, porcentaje que se aplica del salario, aportes del estado, y la cuota obrero patronal.
IVM
En el IVM se destacan dos aspectos importantes. El primero se refiere a la capacidad del fondo y el otro a la capacidad líquida. El fondo del 2024 y 2025 aún puede cubrir los déficits existentes, aunque lo óptimo es efectuar un plan para el cuando se prevé que entrará en déficit.
Para cubrir el déficit, la CSS ha tomado medidas para garantizar la liquidez gracias a maniobras internas. “Lo que necesitamos antes de llegar a esos años, es tener la decisión de cómo lo vamos a manejar, de tal forma que no lleguemos a esa situación de pérdida de la capacidad del fondo para hacer frente a sus obligaciones. Por eso el diálogo es necesario para enfrentar eso, cómo resolvemos el problema estructural”, aclaró Bustamante.
El documento presentado por los actuarios estimó que en 2020 y 2021 las cuotas obrero patronales aportadas serán del 60% y 90% respectivamente de lo que normalmente hubiera sido. Para estos años no aplicaron aumentos de salario para ningún trabajador.
El informe actuarial recomienda que la CSS solicite al Fiduciario, Banco Nacional, los fondos del déficit por $48 millones, ya que anticipan que el déficit real del Subsistema Exclusivamente de Beneficio (SEBD) es mayor al que se presenta en los estados financieros.
El otro punto es que “la relación de las reservas vs los gastos del año en el IVM, es menos de 2.25 veces. En este sentido, los actuarios tienen que hacer recomendaciones de cómo recomponer el balance”, explicó Bustamente.
Por lo tanto, el informe de los actuarios apunta a dos cosas según el subdirector: Si se justifican los $48 millones pedir el reembolso, y qué se puede hacer para compensar la pérdida entre la relación externa y las obligaciones institucionales del IVM. Para el 2019 hay que hacer exactamente el mismo trabajo, enfatizó.
El estado financiero de 2019 ya está listo, pero el estado actuarial se encuentra en curso.
La conclusión más importante del informe actuarial es que las reservas del SEBD y el fideicomiso a favor del IVM, se agotarán entre 2026 y 2027 si no se hace nada. Dicha estimación no tomó en cuenta el impacto del Covid-19.
SOBRECARGA
La CSS representa el 25% del presupuesto de la Nación. Atiende al 85% de la población, y cuenta con reservas de los asegurados por $9 mil millones. Es la empresa más grande del Estado, que emplea a 35 mil funcionarios. “Todo esto administrado por un director con una ley que no le da ni la jerarquía ni la flexibilidad para hacer una gerencia moderna”, se lamenta el subdirector y economista.
Con los años, la institución ha cargado más de lo que está destinada.
Cuando empezó, continúa Bustamante, el beneficiario era solo del trabajador, después le añadieron a la esposa, luego a los hijos, a los padres y a todo aquel que se declare dependiente, todo lo anterior con los mismos pagos. Del 22% de la cuota obrero patronal, solamente se dedica el 8.5% a salud. “Y de ese porcentaje, los empleadores cogen el 8% y los trabajadores del 0.5%. Quienes pagan la atención médica en Panamá no son los asegurados, son los empleadores. Y ese 0.5% está supuesto a pagar básicamente las licencias por maternidad, pero el grueso de la atención médica del Seguro lo pagan los empleadores, no los trabajadores. Lo que ellos ponen es para su fondo de pensión esencialmente”, dice el subdirector.
La idea no es aumentar la cuota, porque a juicio del economista esto traería más evasión de la que ya existe. Se suma a lo anterior el extremismo liberal de algunos que quieren que los trabajadores carguen con la totalidad del problema, y los sindicatos que buscan que el gobierno asuma los costos, pero se olvidan de la situación precaria del gobierno.
Una posibilidad que sale a flote podría ser ajustar la cuota a la cantidad de beneficiarios. Los análisis tendrán que proyectarse en base a la realidad actual en la que se mezcla el terreno de la incertidumbre con distintos escenarios reales.
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