"Ninguna institución es dueña de la palabra matrimonio"

Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, defiende la legalización de las uniones civiles de personas del mismo sexo con el mismo término que las heterosexuales, pues el concepto ha evolucionado, dice, al igual que los derechos de los cónyuges

Iván Chanis.

La sociedad ha dejado en el tintero un tema social, muy sensitivo, que enciende pasiones, el matrimonio igualitario. En la Corte Suprema de Justicia (CJS), desde el 2016, hay tres demandas acumuladas que buscan legalizar en Panamá el matrimonio entre personas del mismo sexo, que requieren de una decisión. Mientras, la Fundación Iguales y las parejas interesadas en inscribir su matrimonio en Panamá ya se han hecho escuchar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente que antes se ha pronunciado a favor de la adecuación de la legislación en los países del hemisferio para permitir el acceso al matrimonio. Del otro lado de la moneda hay un grupo que se opone tajantemente a la idea. Alegan sobre las ramificaciones que implica aceptar la figura matrimonio, como las adopciones, y avanzan sobre una distorsión de la figura institucional de la familia. Iván Chanis, presidente de la Fundación Iguales, confía en que la justicia fallará a favor de la población LGBTI, y que será apegado a derecho. No está dispuesto a admitir un término distinto, la palabra no tiene dueño, asevera.

El término matrimonio, como tal, tiene consecuencias sociales y culturales, ¿esto ha influido en la no aceptación de quienes no convergen con los principios de los LGBTI?
La palabra matrimonio no tiene dueño. Ninguna institución es dueña de la palabra matrimonio. La institución del matrimonio proviene desde Roma formalmente y todas las civilizaciones han entendido que es importante la condición de una familia. El mismo matrimonio ha evolucionado, al igual que la igualdad de derechos a los cónyuges. Antes el hombre era quien tenía el derecho sobre los bienes de la familia y sobre la herencia. Eso ha evolucionado. En países como Estados Unidos, hasta no hace mucho había una prohibición al matrimonio interracial, es decir, dos personas de diferente etnia no se podían casar, estaba prohibido. Eso evolucionó. La sociedad dijo, esto no está bien, hay que aceptar que una persona blanca se puede casar con una persona negra, no hay nada de malo en respetar esa unión y en formar una familia que le de la protección. En este caso, hoy en 2020 en Panamá, un país democrático donde supuestamente no hay fuero ni privilegio, donde no debe haber discriminación, donde todos nacemos iguales, se nos prohíbe a parejas de gays y lesbianas casarse porque hay una concepción que aún no hemos podido como sociedad pasar, que es que hay algo negativo en que esas dos personas se amen. Cuando no reconocemos eso entonces prohibimos casarse y se perpetúa la discriminación.

El derecho al matrimonio lo elevan a un derecho humano, sin embargo, el derecho al matrimonio lo deciden los gobiernos. El derecho al matrimonio no es equiparable al derecho a la vida, libertad, u otros, que son derechos universales, es una elección de la persona. ¿Qué tiene que decir sobre esto?
Es un derecho humano en la interpretación de la CIDH, y creo que la importancia es, que explicado desde el punto de vista del acceso al matrimonio, el Estado está obligado a brindar a las parejas del mismo sexo en igualdad al matrimonio civil. 

¿Por qué está obligado el Estado? La Corte Europea se ha pronunciado al decir que es elección del estado, no como una obligación... 

Panamá no forma parte de la Corte Europea, sino de la CIDH y la Corte europea también dice que si bien da ese principio, les dice a los estados miembros de la comunidad europea que están obligados a equiparar cual sea que se llama el acceso a esa entidad civil dentro de sus países a parejas del mismo sexo. Entonces, al final del día, ¿es un tema de discriminación o no? La CIDH ha dicho la orientación sexual es una categoría protegida en base al artículo 1.1 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, sino puedo discriminar, tampoco lo puedo hacer a hacia una persona a acceder a una instancia civil, en este caso el matrimonio. Por ende, el Estado está en la obligación de asegurar ese acceso. En esta caso, además nuestra propia constitución no lo prohibe. Estamos en mejor condición que otros países que tenían un nivel de prohibición constitucional, por ejemplo en Colombia. En éste país, habiendo una situación más difícil que en Panamá, interpretó de manera favorable diciendo que un hombre y mujer es un tipo de matrimonio, y eso no implica que parejas del mismo sexo también puedan tener ese acceso al mismo derecho.

Muchos se preguntan si esta entrada al acceso al matrimonio será la puerta a las adopciones...
Es que, ¿qué matrimonio no tiene derecho a formar una familia? Además, no todos los matrimonios quieren tener descendencia, pero es un derecho legítimo de la igualdad de toda familia de poder tener hijos y es una realidad, y el que lo quiera negar va a ser difícil hacerlo, que hoy en día en Panamá hay una gran cantidad de familias monoparentales, es decir, conformadas por dos mujeres o dos hombres y tienen hijos. No solo las mujeres lesbianas pueden tener naturalmente hijos biológicos, también parejas de divorciados que tienen hijos de su primer matrimonio y ahora encuentran una pareja del mismo sexo. Todas estas familias están criando hijos de una manera fabulosa, con amor, dándoles protección económica, social, cultural, de una familia, y hoy en día el Estado a esas familias no se les reconoce el derecho que tienen las familias de padres heterosexuales. Estamos además, truncando el derecho de esos niños y niñas de poder tener la protección que se merecen, y es que tengan dos personas que están criándolos formalmente y que tengan el apoyo del Estado.

¿Usted cree que el fallo de la CSJ será apegado al derecho o por presiones de las partes? porque también sé que el grupo a favor ha presionado...
Porque es nuestro derecho legítimo de reivindicación de ser tratados con dignidad y dejar atrás muchas décadas de discriminación hacia las parejas del mismo sexo. Yo soy optimista, me mantengo optimista porque soy demócrata y creo en los Derechos Humanos y en el derecho, por eso estudié derecho cinco años en la universidad y sigo estudiando todos los días. Yo creo y tengo fe en la justicia y la CSJ es la última instancia nacional que debería asegurarme a mí como panameño, a usted o a cualquiera que está en la República que sea tratado en igualdad. Por ende, yo soy optimista que los magistrados de la CSJ fallarán en derecho y por ende reconocerán el matrimonio civil del mismo sexo.

¿Qué pasa si fallan en contra de sus intereses?
Sería algo muy triste, no solo para Panamá, sino para el hemisferio y el derecho común latinoamericano, para el Derecho Interamericano de Derechos Humanos y tenemos el recurso que es ir a la última instancia judicial en derechos humanos que es la CIDH.

En un proyecto de fallo que elaboró el magistrado ponente de las demandas, Luis Ramón Fábrega, tenía la idea de enviar el caso a la Asamblea Legislativa para que sean los diputados quienes legislen al respecto. ¿Qué pasaría si el caso llega a la Asamblea Nacional?
Sería complicado por el tipo de Asamblea que tenemos y por su constitución. Es para todos conocido lo que sucede en la Asamblea, hay muchas cosas que podrían ser mucho mejores, este es un tema de derecho y se hizo a través de las Cortes. Hay países que han legalizado el matrimonio del mismo sexo a través de los legislativos, el senado, por ejemplo.

¿Es trasladar la papa caliente?
Es pasar la papa caliente y no tomar la decisión que puede ser difícil socialmente pero es lo correcto legalmente.

Hay voces que miran la opinión de la CIDH como una imposición de lo que debe hacer Panamá, y que debe ser un diálogo interno, ¿qué tiene que decir sobre esto?
Totalmente en desacuerdo. Por el contrario, seguir dictamines de la CIDH es justamente parte de nuestro sistema judicial. Panamá de manera voluntaria, desde el 9 de mayo de 1990, presentó ante la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) los documentos entre los cuales como país reconocía como obligatorias, y de pleno derecho, las decisiones de la CIDH. Es decir, Panamá fue a la OEA a firmar y decir, cedemos nuestra competencia de manera soberana para que en temas de derechos humanos haya una protección extra de nuestros nacionales o las personas que viven en el país, para asegurar el respeto de los derechos humanos de todas las personas. No solo el derecho a las personas LGBT, cualquier persona que el Estado esta violando sus derechos humanos, por ende, es ir a favor de la corte y fortalecer nuestra democracia.

¿Es vinculante o no la opinión de la CIDH?
Es vinculante, así lo ha dicho la misma corte, así lo ha interpretado la Comisión Interamericana, así lo han entendido los gobiernos del hemisferio que todos han seguido lo que dice la CIDH del matrimonio igualitario. Así lo reconoció recientemente Costa Rica y Ecuador y los países de las Américas han seguido lo que dice el sistema interamericano de derechos humanos. Panamá también lo ha hecho, entonces, ¿por qué no es un tema vinculante? porque no les gusta y no está dentro su espectro ideológico, eso no quiere decir que no es vinculante. Panamá está obligado, y si no cumple su responsabilidad internacional está en juego y puede ser condenada.

Hay quienes opinan que las siglas de las personas que se identifican con los grupos de gays y lesbianas, cada vez aumentan más, cada vez hay más letras que se agregan. Se preguntan, ¿qué otra orientación sexual se va a agregar a esto?
Al final del día es un tema de respetar la identidad de las personas. Si yo me identifico como persona gay o como querer, es una decisión personal. Así como alguien quiere llamarse un filósofo porque cree en la filosofía, yo tengo que respetar cómo esa persona quiere que se le llame porque es parte de nuestra identidad porque es importante tener la mente abierta y receptiva en como hace una persona feliz que la llamen. Si la hace feliz que la llamen con un nombre en específico, para mí no me afecta en nada llamarlo como se quiera llamar. Es simplemente parte de su realización humana y creo que una forma alternativa de eso es hablar de la diversidad sexual, de las personas querer que es un movimiento reivindicativo que no solo está en Estados Unidos sino también en Suramérica. Yo me considero humano primeramente, soy humano, soy hombre, también soy hombre gay, y pertenezco a la comunidad LGBT, no creo que sea tan complejo ir cambiando y aceptar individualidades de las personas si así lo sienten.

La Iglesia se pronunció sin oponerse a la unión legal de personas del mismo sexo, pero defendió la figura del matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿cómo reciben este pronunciamiento?
Primero saludar y felicitar a la Iglesia por adoptar una opinión más receptiva de lo que la comunidad y la población LGBT viene exigiendo hace muchísimos años. Dicho esto, es importante establecer o recordar, que el matrimonio civil en absolutamente nada tiene que ver con el matrimonio religioso. Desde mi punto de vista personal, queremos enviar nuestro saludo y mensaje respetuoso a la Iglesia y a todas las religiones y creencias y dejar muy claro que no pretendemos cambiar en nada lo que dentro de sus organizaciones sea un requisito o forma para acceder a un sacramento o rito religioso. Esto únicamente pretende a la razón que tiene un juez notario, con dos personas mayores de edad que deciden unir sus vidas y la protección que le brinda el estado a esas dos personas.

Siempre se ha dicho que la palabra matrimonio es la que genera corto circuito, ¿estarían dispuestos a aceptar un término distinto a éste para nombrar la unión de dos personas del mismo sexo?
Llamarlo de manera diferente sería perpetuar la discriminación, sería una oportunidad perdida de poder reconocer que somos seres humanos iguales ante la ley, en este caso ante una institución civil que se llama matrimonio.

¿Cuál sería de su parte la posición, mantenerse en este término a pesar de los choques con quienes se oponen?
Es que es un problema más allá de la semántica si te digo sí o no a una palabra. Es lo que dice la ley, es lo que dice nuestra constitución y las del mundo, eso es lo que dice el pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos. Tenemos que cambiar todo un sistema, no solo en Panamá, sino en todos los países del mundo, que la institución que reconoce la unión de dos personas en una familia y que protege el Estado se llama matrimonio.

Recientemente la Fundación Iguales fue escuchada en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo interviene esa audiencia para que en Panamá se tomen decisiones al respecto?
Es favorable para nosotros, además fue mucho más rápido el proceso en la CIDH que en la CSJ de Panamá. La CIDH, así como otras cortes de Derechos Humanos, han entendido el respeto al derecho que tienen las parejas del mismo sexo al matrimonio civil. La Comisión Interamericana comprende que el no acceder a esta exclusión civil, que se llama matrimonio, conlleva a una serie de discriminaciones que afectan a un grupo plural de la sociedad. Porque no somos solo las personas LGBT, son sus familias, son sus compañeros, sus amigos y la sociedad que los rodea.

¿Qué sigue después de la audiencia?
Que el Estado logre avanzar en todos esos espacios en los cuales no ha actuado de la manera correcta, o bien no ha tomado posición. Son espacios de diálogo y oportunidad, recalco la palabra oportunidad, para que Panamá coherente de su tradición jurídica y social de respeto a los derechos humanos de todas las personas, entre al camino correcto de la historia y al grupo de naciones que pasan la página de la discriminación y la dejan atrás y construyen junto con esta comunidad y sus aliados, una nación más consolidada, más democrática y de paz.

SU LUCHA LO TRAJO A PANAMÁ
Entre sus objetivos está que las generaciones futuras puedan sentirse libres de discriminación

• Nombre completo: Iván Chanis Barahona
• Nacimiento: 27 de julio de 1983, Panamá
• Ocupación: abogado
• Resumen de su carrera: Master en Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU), Estados Unidos. Abogado Magna Cum Laude de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), con estudios en Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad Complutense de Madrid. Consultor Internacional radicado en Panamá, Comisionado de 2015-2018 de la Comisión de Derecho y Envejecimiento del Colegio de Abogados de Estados Unidos (American Bar Association), Presidente y fundador de Fundación Iguales, fundación sin fines de lucro dedicada la promoción, respeto y observancia de los Derechos Humanos. Miembro Asesor del Consejo Consultivo del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Coordinador de Campaña, Gabriel Silva, candidato independiente electo 2019. Además de su carrera legal, Iván ha realizado una extensa carrera diplomática como académica con estudios principalmente en Estados Unidos, pero por periodos más cortos en Brasil, Reino Unido, Italia y España. Fue Consejero Legal y Político de la Misión Permanente de Panamá ante la OEA en Washington DC. Consultor Junior para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), en la oficina regional para Latinoamérica y Caribe. Iván se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales, agencias gubernamentales y empresas, en diferentes temas jurídicos, de desarrollo y especialmente en derechos humanos. Ha publicado trabajos académicos, artículos tanto en Panamá como en el extranjero. Yogi, practicante y profesor certificado. Twitter/IG: @ivanchb