"En el caso Odebrecht enfrentamos una carrera de obstáculos porque los imputados interpondrán recursos"

La investigación por los sobornos de la constructora brasileña puede terminar en la gran decepción en materia de justicia. Carlos Barsallo, presidente del Capítulo de Transparencia Internacional de Panamá, hace una radiografía de las falencias del sistema, proyecciones y consecuencias

Carlos Barsallo.

Emblemático pero igualmente decepcionante en materia de certeza del castigo. El caso de los sobornos de la brasileña Odebrecht en Panamá tomará años en llegar a un desenlace. Es difícil confiar en las investigaciones que efectuó el Ministerio Público durante la administración pasada porque surgieron dudas que aún no han sido aclaradas. A esto se suman los intereses políticos y económicos que empujarán con fuerza para evitar que el caso alcance buen puerto. Las consecuencias de una justicia débil, falta de capacitación del personal y ausente de los instrumentos de investigación, presupuesto y personal, se evidencian en la calificación que recibe el país desde la óptica de un inversionista serio, del factor de competitividad a nivel internacional, y de la necesidad dotar al sistema de los elementos que requiere para ser efectivo, incluida la voluntad del funcionario público. Como afirma el director de Transparencia Internacional capítulo de Panamá, Carlos Barsallo, en el tema de justicia no siempre se trata de recursos económicos, sino de dedicación de personal de alto calibre que pueda llevar complejas investigaciones a buen fin. Tarde o temprano, una justicia ineficiente cobrará la factura a la sociedad, a todos los que debieron corregir en su momento y no lo hicieron, a quienes solaparon el sistema para evitar ser alcanzados por la justicia y a quienes omitieron investigar por presiones políticas, intereses económicos o cualquier otro motivo. La inacción en el tema pone en riesgo la democracia de cualquier país, Panamá no exento a ello.

Las investigaciones de los casos de alto perfil, además de una gran lista de casos de esta índole, es el caso Odebrecht, su futuro es incierto, ¿qué podemos esperar de este caso?
Todo lo que comentaremos está basado en los hechos que conocemos y que hemos publicado. Transparencia Internacional publicó un detallado análisis de la realidad vs las expectativas. Qué sabemos y qué podemos esperar, basado en datos de acceso público al alcance de la comunidad. Este caso emblemático en lo que es la corrupción en América es lo más importante, lo cual permite un enfoque comparativo. Todos los países Latinoamericanos que este caso ha tenido impacto, han estado haciendo gestiones para investigar y eventualmente juzgar y sancionar, lo que permite ubicar a Panamá en dónde se ubica en relación a otros países. Es curioso ver que si uno habla con personas de otros interesados en el caso, todos tienen algún grado de insatisfacción de los resultados, pero cuando miran en detalle es inevitable comparar que algunos países lo han hecho mejor que otros. Panamá está en la mitad del camino, acaba de cerrar el 15 de octubre la etapa de investigación, larga tortuosa, de casi cinco años y ahora viene la etapa de eventual juzgamiento de una cantidad grande de personas. Otras personas se quedaron por fuera, lo cual es una omisión importante porque la justicia no puede ser selectiva. En la etapa de enjuiciamiento, previa a una vista fiscal detallada que debe hacer el Ministerio Público, enfrentamos una carrera de obstáculos en la que el mejor corredor le va a costar hacerla porque los imputados interpondrán todo tipo de recursos para dilatar el proceso y el Órgano Judicial va a tener que hacer frente a esta realidad. Tiene complejidades desde actos tan sencillos como las notificaciones de las partes que se fijen las audiencias y que comience el caso en la etapa judicial. Es una carrera cuesta arriba por una combinación de las normas que nos rigen y por la falta de fe y lealtad procesal que complica con la interposición de recursos dilatorios que demoran en los tribunales.

¿Cuánto tiempo cree que tarde el caso en llegar a una audiencia preliminar?
Es muy especulativo. Si nos basamos en la historia de los casos de alto perfil, no nos presenta datos que nos permitan ser muy positivos. Esos son los hechos, nos guste o no. El punto es qué va a pasar. Si nos basamos en el pasado es probable que no pase algo diferente, sin embargo, siempre se quiere guardar la esperanza de que esta vez sea diferente, y esperamos que así sea. También hay que reconocer que este caso, así como difícil ha sido, tiene otros elementos que no tienen otros casos. No en todos los casos se presenta en bandeja de plata unas confesiones de los ejecutivos de una compañía en la que explican el cómo, el qué y a quién, con datos sobre cuentas bancarias, cómo circula el dinero y quién pagaron. Eso no es fácil de concebir, y sin ese primer paso ese caso ni siquiera hubiera iniciado porque es muy difícil conocer estos entramados de corrupción. Ahora viene juzgar esas actuaciones en muchos casos confesadas.

Las calificaciones de riesgo ya nos están mirando, que si bien mantienen el grado de inversión, dan una perspectiva de calificación con un adjetivo.

¿Cómo confiar en las investigaciones del Ministerio Público de la pasada administración a sabiendas de la injerencia del Ejecutivo?
Es muy difícil confiar lamentablemente ya que se siembra una duda que tiene que ser aclarada y no lo ha sido. No en vano nosotros tenemos datos duros que son la sumatoria de todas estas percepciones. Por ejemplo, Panamá en el índice de competitividad de 2019 que hace el Foro Económico Mundial de un total de 141 países, ocupa la posición 129. Eso significa que solo hay doce que están por debajo de nosotros en cuanto a independencia judicial. Esto significa que uno de los tres poderes del Estado es suficientemente independiente para controlar, investigar y eventualmente juzgar a los otros poderes. De esta manera se da el balance necesario. Si falta la independencia judicial hay razones para dudar que se pueda ejercer. Lo que vemos en Panamá es que se tiene que esperar a cambios de gobierno para que investiguen a los que salieron del gobierno. En los Estados de derecho las investigaciones tienen que ser simultáneas. Es decir, los que tienen el poder político deben y puede ser objeto de investigaciones en el momento en que son poder, no tienen que haber dejado el poder para ser investigados porque entonces siempre vamos a estar en recriminación de la parte política que contamina y daña la parte judicial.

¿Cuáles son las consecuencias políticas de que se caiga el caso Odebrecht?
No me atrevo a ir en esa línea. Te puedo decir las consecuencias económicas y de institucionalidad. Las calificaciones de riesgo ya nos están mirando, que si bien mantienen el grado de inversión, dan una perspectiva de calificación con un adjetivo. Ya una calificadora ha dicho que es negativa por muchos factores entre los cuales se puede incluir la incertidumbre de la justicia. En el aspecto de competitividad es importante porque todos los países del mundo está compitiendo por atraer inversión seria. Esa inversión sostenible y duradera no va donde hay problemas con la justicia.

¿Quién tiene la culpa de que la justicia no funcione en este país?
Yo siento mucho esto, todos, pero al decir todos es nadie y evidentemente hay gente más responsable que son los que están asignados para cumplir una función pública. Pero no nos podemos desatender todos los demás porque la gente funciona en base a incentivos. El funcionario si hace lo que tiene que hacer, o no, es un premio que es avanzar en su carrera y el castigo es la destitución. Pero esto se logra por la presión ciudadana, si no hay civismo el funcionario mantiene el estatus quo, le va bien con lo que está haciendo al punto de comparar donde es mayor la presión y ésta no es lo suficiente para lograr los cambios. Con eso achaco la responsabilidad a todos, invitando a que sepan qué es lo que pasa y dos a que reaccionen. Por el otro lado, no se le puede quitar responsabilidad, que es primaria, a los que juraron de que iban a cumplir la ley y hacerla cumplir. Esa es la responsabilidad primaria de hacerlo, de lo contrario, debe responder por ello. Así que sin hacerlo muy complejo, los responsables son los que tienen los cargos y puede ser por omisión y la población debe exigir que se haga la ley.

¿En qué ha cambiado la Corte Suprema de Justicia con los tres nuevos magistrados?
Hay un problema de realidades y expectativas. Siendo un órgano colegiado, es difícil que una o dos golondrinas hagan verano. Se necesita de un gran consenso o de una mayoría, así que hay un problema de un manejo que es un colegiado. En el segundo tema también hay varios sistemas judiciales en paralelo, uno que viene de un sistema anticuado y otro que acaba de surgir que está funcionando más rápido, pero aún vemos los resabios del anterior. Con eso también tenemos normas procesales mal diseñadas, y en mi opinión, intencionalmente mal diseñadas para que el asunto se complique en la forma y no en el fondo. Hay voces críticas de eso que están llamando la atención, porque eso es perverso. Tenemos otro elemento, que hay resultados, pero hemos dividido los casos en los de alto perfil y todos los demás. Para la persona que busca justicia su caso es el más importante. Cualquier particular de bajo perfil, si gana estará feliz, si pierde estará muy molesto. Lo que tendrá que ver es si el proceso fue justo, si las reglas fueron correctas. La prensa que hace una labor importante de resaltar lo llamativo o los casos de alto perfil, también dejan por fuera el resto de los casos porque no pueden reportar todos. Por ejemplo, hay más de 7 mil casos de secuestros de bienes al año, nosotros en los últimos meses hablamos de un solo caso en particular porque es de interés. Se distorsiona el volumen. La Corte tiene estadísticas que llaman la atención, en un mundo paralelo los resultados muestran un mundo paralelo a lo que percibimos.

Sin embargo la tardanza en los fallos en casos puntuales ha sido ridícula...
Le digo con autoridad, porque con otros cinco colegas por separado, somos el ejemplo de lo que es justicia tardía. Una acción de inconstitucionalidad demoró más de 16 años en ser resuelta. Yo lo viví. No es la mayor, otra llevó 18 años y terminó por sustracción de materia, que para mejor entendimiento quiere decir que lo que íbamos a discutir ya cambió. Ha pasado recientemente con un tema ambiental que duró 10 años. Son ejemplos de lo que acaba de plantear. Claro que justicia tardía no es justicia. Lo que hay que preguntar es por qué tarda tanto tiempo un caso en la Corte. Qué hay en el sistema que esté diseñado para que así sea. Hay elementos técnicos pero también elementos de voluntad.

¿Qué opina de que a este gobierno le va a tocar nombrar la mayoría de los magistrados de la Corte?
Es un sistema escalonado que le toca nombrar a quien le corresponde. Eso en sí ya está decidido. Volvemos al tema de mejorar el sistema de nombramiento mientras tengamos el sistema que tenemos de cómo se nombran, ya que necesitaría de cambios para introducir un nuevo método. Para concretar ese es el método que tenemos, se ha tratado de perfilar mejor, pero al final los resultados hablan por sí solos. Es un asunto difícil que se mide por los actos y no necesariamente previamente por todas las pruebas que se puedan hacer y los currículos que se tengan.

¿Cómo califica la labor del Procurador Eduardo Ulloa, hay un cambio en el Ministerio Público?
Objetivamente si vemos desde el caso Odebrecht hubo algunos cambios, le ha tocado terminar un caso ya iniciado, esto es una situación difícil y no se puede negar que comprometedora. Tenía dos opciones, dejarlo tal cual o hacer cambios intermedios. En el caso Odebrecht, y todos estos casos de alto perfil, sabíamos desde el inicio, que había que hacerlo de manera especial y diferente. Nosotros romantizamos los casos de alto perfil, tal vez porque vemos muchas películas donde uno cree que un fiscal se dedica a un solo caso y lo lleva a buen puerto. Pero ese fiscal tiene un caso y un equipo y dedica recursos millonarios en eso. En Panamá el público debe saber que así como lleva casos complejos, tiene cientos de expedientes esperándole una tarea titánica e inhumana, porque no se puede trabajar de forma exclusiva a un solo caso. Yo pienso que la sociedad hubiese querido que los casos complejos los lleve una fiscalía especial, de dedicación exclusiva para un buen fin, porque son casos símbolo.

El problema de los recursos es grave, porque ahora se hace más evidente en la pandemia, puede haber un consenso en que la justicia necesita recursos y al mismo tiempo rendir cuentas de que los usa bien. Eso no se trata solo de dinero, sino de dedicación de personal de alto calibre que pueda llevar estas complejas investigaciones a buen fin.

¿Será a propósito que esto sea así? Se crearon fiscalías Especiales Anticorrupción que se llenaron de casos, nadie cambió el modelo a sabiendas que era imposible investigar en esas condiciones. ¿Por qué?
Uno puede darse cuenta que dotando de pocos recursos y poco personal no puedes lograr buenos objetivos, eso es matemático y sencillo. El problema de los recursos es grave, porque ahora se hace más evidente en la pandemia, puede haber un consenso en que la justicia necesita recursos y al mismo tiempo rendir cuentas de que los usa bien. Eso no se trata solo de dinero, sino de dedicación de personal de alto calibre que pueda llevar estas complejas investigaciones a buen fin.

¿Cómo evalúa la gestión gubernamental en términos de transparencia?, ¿qué tanto de lo que se comprometió en campaña el presidente Laurentino Cortizo se han cumplido?
A los datos duros me remito. Nosotros tenemos un antes y después de pandemia. Antes hubo el famoso reto por la transparencia que todos los candidatos se comprometieron a seguir un lineamiento o recomendaciones en la lucha contra la corrupción. El presidente ganador fue uno de ellos. Eso cuando uno evalúa el menú de lo que se pedía, se ha presentado una sola norma que es la ley de contrataciones públicas que es un buen ejemplo de que la ley por sí sola no es suficiente, porque tiene elementos que no son buenos en la lucha contra la corrupción. Concretamente el permitir contratar empresas corruptas, un debate que llevamos hace mucho tiempo y se soluciona de forma insatisfactoria. El ejemplo es que del resto del menú no se ha cumplido y llegó la pandemia y se empeoró todo, porque en pandemia todo ha sido rápido y urgente y eso es un caldo de cultivo para la corrupción. Ahí hay que tener más transparencia y hay que rendir cuentas porque si en tiempos normales hay problemas, en pandemia es peor.

Haga una calificación del uno al cinco, ¿cómo vamos en materia anticorrupción en el país?
Nosotros estábamos mal antes y no hemos mejorado. Si usáramos calificación universitaria, estamos deficientes y lo sabemos no por asuntos de opinión, sino por datos en el sentido de casos que no terminan en el tiempo oportuno con la decisión que deba de ser y no podemos prejuzgar y decir que cualquier elemento que se acuse debe tener tal o cual resultado. Cualquier elemento que se juzgue que sea razonable, que no se pierda porque el abogado no tenía poder, o porque no se presentó la fotocopia de la norma, o por lo que el público entiende que son formalismos, que aunque son importantes, están puestos ahí para entorpecer y no hablar del fondo.

CERTEZA DEL CASTIGO
La lucha por alcanzar una justicia equilibrada ante los intereses políticos y económicos

• Nombre completo: Carlos Barsallo
• Nacimiento: 9 de mayo de 1966, Panamá.
• Ocupación: Abogado
• Resumen de su carrera: Abogado y consultor. Fundador y actual presidente del Instituto Gobierno Corporativo-Panamá. Ex Comisionado presidente Comisión Nacional de Valores de Panamá (actualmente, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá). Evaluador experto formado por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Ha servido en misiones en Honduras, México, Nigeria, Kenia, Guatemala y El Salvador. Asociado al Toronto Centre para el liderazgo en supervisión financiera. Facilitador y asesor de la Junta Directiva en materia de mercado de valores. Presidente de la Junta Directiva del Capítulo panameño de Transparencia Internacional. Miembro y ex director de la Fundación Panameña de Ética y Civismo. Ex Presidente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panama. Miembro del Consejo Consultivo diario la Prensa, Panamá. Articulista, Columna Valor Razonable, diario La Prensa, Panamá. Miembro del Private Sector Advisory Group (PSAG), Global Corporate Governance Forum (GCGF). Doctor en Derecho, Cum Laude de la Universidad Complutense de Madrid. Master en Derecho Comercial, Universidad de París II. Ha participado en el Programa de Instrucción para Abogados, Harvard University. Master of Laws de la Universidad de Pennsylvania. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Summa cum laude, de la Universidad de Panamá.