SPA requiere adecuaciones para cumplir con rapidez

A diez años de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, el presidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega, considera necesario hacer ajustes para brindar una justicia oportuna y eficaz, dijo durante el discurso de rendición de cuentas

Luis Ramón Fábrega, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, considera necesario hacer ajustes al Sistema Penal Acusatorio (SPA), que cumple 10 años desde su implementación. Fábrega pronunció un discurso de rendición de cuentas 2020, de forma virtual, en el que intentó resumir la gestión del Órgano Judicial en un año sumamente complicado por la pandemia de Covid-19.

Entre los retos que enfrenta la institución relacionada al SPA, y ante el incremento de la criminalidad y la sofisticación de sus distintas modalidades “debe estar en funcionamiento permanente y sin pausa, para dar la atención que requieren los hechos delictivos cometidos y sancionar a sus responsables, preservando siempre sus garantías fundamentales”, exclamó el presidente de la Corte.

Añadió que el incremento de la criminalidad y la sofisticación de sus distintas modalidades nos obligan a disponer de infraestructuras adecuadas, seguras y con suficiente personal en capacidad de atender esta labor”.

Fábrega mencionó que el cierre de los juzgados del sistema inquisitivo permitió reasignar jueces y expedientes, además de la adquisición de equipos para el Sistema Penal Acusatorio “que constituyó un punto importante para el fortalecimiento”. No obstante, mencionó la necesidad periódica de incrementar el número de jueces y defensores públicos, personal de apoyo para las audiencias y adecuación del modelo de gestión.

Habló sobre la necesidad de contar con tecnología de punta en las salas de audiencia y el nombramiento de colaboradores que agilicen la función judicial.

“Continuamos con la gestión de auditoría Judicial a nivel nacional encaminada a la transparencia de las funciones de nuestros servidores judiciales y el fiel cumplimiento de buenas prácticas, a través de la Dirección de Auditoría Judicial, cuyo objetivo es la detección de estas buenas prácticas para que puedan ser generalizadas y el análisis de las deficiencias que se encuentren en los tribunales de justicia”, indicó. Aunque los resultados de dichas auditorías no son de carácter público.

Habló sobre la necesidad de contar con tecnología de punta en las salas de audiencia y el nombramiento de colaboradores que agilicen la función judicial.

“En 2020 la meta cumplida constituyó el cierre de juzgados penales del sistema inquisitivo mixto cuyos cierres culminaron en noviembre”, dijo. Agregó que 304 servidores judiciales fueron reubicados en el sistema, en distintas categorías de jueces de Garantía, Juicio Oral y Cumplimiento y, destacó que, aquellos jueces que eran titulares de estos despachos en condición de servidores de carrera judicial, al cierre de los mismos, se les efectuó el reconocimiento de sus derechos de carrera en su misma especialidad y jerarquía.

Con respecto a las futuras reformas constitucionales,  “se está elaborando un plan de acción a nivel interno en el que los miembros de este Órgano del Estado podrán hacer llegar vía correo a un buzón sus iniciativas que han de servir para elaborar la propuesta institucional que luego de análisis y debate lo interno se someterá a quienes están realizando esta tarea”, manifestó.

Aunado a esto, 253 defensores públicos y personal de apoyo han sabido enfrentar el uso de nuevas tecnologías al momento de las audiencias y el uso de la virtualidad a través de programas tecnológicos”. No obstante los avances mencionados, la imagen de la labor de los jueces y magistrados ha sido cuestionada por el resultado de fallos de alto perfil, que podría mejorarse con un sistema para comunicar las conclusiones de las auditorías. Un mecanismo para vigilar sobre quién recae la responsabilidad del actuar del juez en cuestión bajo un procedimiento administrativo. En caso de generar dudas sobre la actuación del juzgador proceder a la suspensión de funciones.

“La capacidad de la Corte de transmitir transparencia de otros entes del Órgano Judicial, debiera obligar a los jueces, los magistrados del tribunal superior y administrativos a rendir un informe periódicos para comprobar la transparencia con la que ejecutan en diferentes tareas”, expresó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.

253 defensores públicos y personal de apoyo han sabido enfrentar el uso de nuevas tecnologías al momento de las audiencias y el uso de la virtualidad a través de programas tecnológicos.

Como un aporte a la transparencia en la asignación de expedientes, Fábrega manifestó que la insaculación de balotas para el reparto de los mismos “quedó atrás y ahora son automatizados, pueden ser consultados a través de la página”.

Por otra parte, se refirió a los avances de las Carreras Públicas del Órgano Judicial, el estado de los concursos en trámite y de la próxima elección de los integrantes de sus Consejos de Administración y de los Consejos Consultivos del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP) “Doctor César Augusto Quintero Correa” y de Auditoría Judicial.

Los esfuerzos del magistrado en materia de transparencia podrían acentuarse al hacer públicas las sesiones del Pleno, como ocurre en otros países que se han interesado.

Como un aporte a la transparencia en la asignación de expedientes, Fábrega manifestó que la insaculación de balotas para el reparto de los mismos “quedó atrás y ahora son automatizados, pueden ser consultados a través de la página”.

Fábrega indicó que ha ejecutado un 99% del monto presupuestario correspondiente a este año, que ascendió a $165 millones. Mencionó las mejoras tecnológicas en infraestructuras de algunas obras alrededor del país, como por ejemplo, avances en materia de modernización y tecnología, entre ellos, el Registro Único de Entrada (RUE) en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral y en la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, así como, la inauguración del Registro Único de Entrada (RUE) en la Unidad Judicial de Coclé; los Edictos en Línea y la creación de la aplicación móvil “Enlace Judicial”, además del fortalecimiento de las video-audiencias en el Sistema Penal Acusatorio, para minimizar el aforo en los salones de audiencias.