El Ejecutivo emitió un decreto en el que faculta al Colegio Médico y la Dirección General de Salud Pública a acreditar temporalmente a los cubanos. El decano de la Facultad de Medicina afirma que el decreto viola la constitución
A través del decreto Ejecutivo 1687 del 29 de diciembre de 2020, el gobierno reguló la incorporación de 220 técnicos, especialistas y médicos cubanos a la batalla contra el Covid en los hospitales panameños.
El documento permite la práctica del personal de salud sin la necesidad de que sea el Consejo Técnico de Salud quien acredite las hojas de vida de los extranjeros. En cambio, los créditos serán revisados “según el caso, por el Colegio Médico de Panamá en coordinación con la Dirección General de Salud Pública”, se lee en el documento.
Un método poco ortodoxo, violatorio de la Constitución, a criterio del decano de la Facultad de Medicina, Enrique Mendoza, miembro del Consejo Técnico, quien alega que la carta magna otorga a esa función a la Universidad de Panamá.
La contratación de médicos extranjeros está regulada por dos leyes, y dice claramente que no se permite la contratación de médicos extranjeros por grupo o por contingente, debe ser individual, en este caso se ha procedido en una contratación por grupo, cuando está prohibido en la ley.
Mendoza se mostró en desacuerdo con la contratación de médicos bajo Decreto, asevera que la Ley 89 de 2013 es clara sobre el método a seguir para incluir en el sistema a cualquier galeno extranjero, pues los nacionales la cumplen.
“La contratación de médicos extranjeros está regulada por dos leyes, y dice claramente que no se permite la contratación de médicos extranjeros por grupo o por contingente, debe ser individual, en este caso se ha procedido en una contratación por grupo, cuando está prohibido en la ley, que también establece que tienen que presentar los papeles ante el Consejo Técnico de Salud”, expresó el decano. Añadió el docente que la ley exige a los foráneos pasar un examen que hasta el momento no han hecho.
En el decreto confiere al Minsa, como rector de salud, la facultad constitucional y legal para dicha tarea, además que no se puede desconocer el papel fiscalizador y regente que tiene sobre el bien público y su conexión con las determinantes sociales en defensa del patrimonio sanitario de la comunidad.
A raíz de lo anterior, se establecieron a partir del 17 de diciembre medidas de emergencia extraordinaria para permitir el ejercicio de profesionales idóneos extranjeros en el sector público durante el Estado de Emergencia Nacional.
Hay intensivistas que no ven la luz del día, atienden hasta 20 pacientes graves por turno, solos. La batalla en los hospitales públicos se vive intensa ante el incremento excesivo de casos, la limitada capacidad hospitalaria y la falta de insumos.
Los apremios que viven los médicos en las salas de hospital y Cuidados Intensivos parecen rebasar las formalidades de la ley, con todo y lo que ello pudiera implicar.
Los especialistas nacionales que atienden de lleno el sector público urgen refuerzos. Otros médicos dividen las consultas entre la privada y la pública, y unos más no se han incorporado a la batalla por ser una población en riesgo. Esta situación carga mucho más el peso y la responsabilidad para los especialistas del sector público que trabajan sin descanso desde que se anunció el primer caso, el 9 de marzo de 2020.
Hay intensivistas que no ven la luz del día, atienden hasta 20 pacientes graves por turno, solos. La batalla en los hospitales públicos se vive intensa ante el incremento excesivo de casos, la limitada capacidad hospitalaria y la falta de insumos. Es ahí donde personifican verdaderas proezas para salvar vidas. A esto se suma que no tienen ayuda de sus pares nacionales. El Minsa ha efectuado tres convocatorias a las que respondieron con los dedos contados de la mano, lo que ha urgido a buscar ayuda del extranjero.
Entre los argumentos que justifica el Minsa el método de contratación, ponderan las estadísticas que muestran un incremento de casos y su extensión en todo el territorio, “las cifras evidencian que los médicos trabajan al límite de su capacidad, específicamente los especialistas de las áreas críticas, terapeutas respiratorios y enfermeras intensivistas indispensables para que el aumento realizado de la capacidad instaladas repercuta en una disminución de la letalidad”, se lee. El aumento de la demanda y números de camas conlleva al agotamiento y desgaste de los profesionales de la salud debido al insuficiente personal que está desempeñando sus funciones en la pandemia.
La prestación de servicios será por tiempo limitado y definido por la autorización expedida por la Dirección General de Salud, sin especificar el término, y sólo para actividades relacionadas con la lucha contra el Covid.
REQUISITOS
En el caso del Decreto Ejecutivo emitido este 29 de diciembre, exige a los extranjeros los siguientes requisitos para validar sus créditos: presentar copia del pasaporte cotejada con la original por las oficinas de Recursos Humanos del Ministerio de Salud (Minsa); una hoja de vida; copia autenticada o certificación electrónica del título académico validado por la universidad respectiva; historial policivo o documentación de no haber sido sancionado por delitos a la ética profesional de su país; certificado de buena salud y habilidades conectivas expedido por un médico idóneo nacional. Esta documentación será revisada por el Colegio Médico de Panamá en coordinación con la Dirección General de Salud, que llevará el registro de los extranjeros con autorización para prestar servicios según lo dispone el decreto.
En cuanto a la distribución de los profesionales, el decreto estipula que corresponderá a la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, la encargada, junto a los directores médicos de los hospitales para saber en qué hospital laborará cada uno.
Las cifras evidencian que los médicos trabajan al límite de su capacidad, específicamente los especialistas de las áreas críticas, terapeutas respiratorios y enfermeras intensivistas indispensables para que el aumento realizado de la capacidad instaladas repercuta en una disminución de la letalidad.
La prestación de servicios será por tiempo limitado y definido por la autorización expedida por la Dirección General de Salud, sin especificar el término, y sólo para actividades relacionadas con la lucha contra el Covid.
Las disposiciones descritas sólo tendrán efecto mientras dura la declaración de emergencia emitida por el gobierno nacional.
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