Las palabras y los actos no van de la mano, lo que resta credibilidad a la administración Cortizo momentos en que el país atraviesa una de las crisis más severas de su historia. El escenario exige capacidad de comunicar y trazar metas claras, con datos abiertos al alcance de la ciudadanía
El talón de Aquiles de la administración de Laurentino Cortizo en este año tan complicado de pandemia, parece resumirse en el liderazgo y la transparencia. Es la opinión del consultor en comunicación Antonio Sanmartín. Dos elementos que no logró transmitir Cortizo y su equipo que repercuten en la falta de credibilidad en la gestión gubernamental.
A pesar de que la coyuntura acentúa estas falencias, no se trata sólo de la actual administración. Pareciera una constante en la forma de gobernar en el país. También las anteriores, “han estado marcadas por una concepción de que el poder y la política se ejercen para beneficios personales olvidando que deben ser respetuosos de los bienes públicos. No han entendido el concepto de administrar los bienes públicos, y cuando llegan al poder lo hacen como haciendas personales”, explica Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Al inicio de la pandemia el gobierno efectuó compras de insumos y equipo para la atención sanitaria, incluyendo el hospital modular, que fueron cuestionadas por el método directo de adquisición y los precios excesivos.
Un caso puntual fue la intención del Ministerio de la Presidencia en adquirir respiradores a precios por encima del valor del mercado, bajo la justificación de que el monto respondía a la libre oferta y demanda. Sin embargo, las críticas motivaron a la entidad a desistir de la compra. El tema culminó con una investigación del Ministerio Público.
Al inicio de la pandemia el gobierno efectuó compras de insumos y equipo para la atención sanitaria, incluyendo el hospital modular, que fueron cuestionadas por el método directo de adquisición y los precios excesivos.
Como consecuencia, el entonces viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, quien había firmado la carta de compromiso de pago a la empresa, renunció al cargo en abril pasado.
Con la intención de bajar las aguas a su nivel, el vicepresidente y ministro de la Presidencia, Gabriel Carrizo, prometió: Las compras serán auditadas por una firma con trayectoria en auditoría, que será integrada a los procesos”.
Sin embargo, ocho meses después, la Presidencia no ha rendido informe auditado de las múltiples compras o servicios contratados. Tampoco se conoce el nombre de la firma de auditores mencionada por el vicepresidente.
Además, Carrizo publicó un segundo tuit en el que instruyó a Carlos García, sustituto de Muñoz, a “rendir un informe semanal, cada miércoles, sobre el manejo de los recursos asignados para la atención de esta pandemia”. Instrucción que aún no ha sido acatada por el viceministro.
Ocho meses después, la Presidencia no ha rendido informe auditado de las múltiples compras o servicios contratados. Tampoco se conoce el nombre de la firma de auditores mencionada por el vicepresidente.
Las palabras y los actos deben ir de la mano. “No pueden generar credibilidad si los actos son contradictorios”, afirma Sanmartín. Ni siquiera el mejor equipo de comunicación puede levantar simpatía en estas condiciones, añade el consultor.
En otro intento por devolver la credibilidad y transparencia en la gestión, Carrizo solicitó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas “que suba a la sección de transparencia todas las compras realizadas por el Ministerio de Presidencia con los fondos de emergencia”.
Así se hizo. Las compras se publican en dicho portal desde entonces. Lo que incomoda a Lee, por ejemplo, es que “a pesar de que las ponen en Panamá Compra, se descubre que están destinadas a personas allegadas al gobierno, a pagar favores políticos, no se comprueba que favorecen la libre competencia”.
En junio la ministra de salud Rosario Turner, que había estado al frente desde el inicio de la pandemia, abandonó el cargo en circunstancias poco claras. Sin una explicación o justificación firme sobre a qué respondía el cambio.
Consultados para este reporte coinciden que entre más transparencia, las apariciones públicas para ofrecer explicaciones se hacen menos necesarias. Los datos abiertos son la mejor campaña política que pueda emplear un funcionario a su favor, porque la demanda está publicada. La ciudadanía tiene datos fiables, mayor garantía del cumplimiento del programa de gobierno.
En junio la ministra de salud Rosario Turner, que había estado al frente desde el inicio de la pandemia, abandonó el cargo en circunstancias poco claras. Sin una explicación o justificación firme sobre a qué respondía el cambio, Cortizo efectuó un breve acto en el Presidencia, agradeció la labor de Turner y nombró al viceministro Luis Francisco Sucre como titular de la cartera.
“Quedan mantos de duda sobre su salida, era una figura popular, que inspiraba credibilidad, y permanece la sospecha si fue que la sacaron porque no se prestó a varias cosas”, recuerda Sanmartín.
En medio de la escalada de la primera ola de contagios, en junio, unos días antes de la salida de Turner del gabinete, mientras el Minsa exigía a la población acatar restricciones de movilidad y reuniones, la bancada de diputados del Partido Revolucionario Democrático efectuó una reunión en un restaurante de la localidad violando la prohibición de reuniones de más de 10 personas. Como consecuencia, el Minsa multó, tanto al restaurante como al colectivo con $50 mil por infringir las normas.
“La credibilidad se empezó a perder cuando se hizo caso omiso a las exigencias de transparencia”, insiste Sanmartín.
El partido habilitó una cuenta con el propósito de recaudar fondos para cancelar la sanción, pero el Minsa jamás mostró el pago de la multa, en ningún caso, a pesar del ruido que causó la reunión y la severidad con la que el Ministerio advirtió que impartiría, sin fueros ni privilegios.
“La credibilidad se empezó a perder cuando se hizo caso omiso a las exigencias de transparencia”, insiste Sanmartín.
El parlamento nunca aprobó el proyecto de Ley en el cual el Gobierno se comprometía a recortar el salario y gastos de representación del presidente y el vicepresidente del país en un 50%, a pesar de contar con mayoría en la Asamblea. Tampoco el de ministros, viceministros, directores y subdirectores, gerentes y subgerentes, administradores y subadministradores y asesores, sugerido en un 25%.
El 1 de julio, el mandatario pronunció el acostumbrado discurso a la nación desde la Asamblea Nacional. La economía permanecía cerrada ante la suspensión de actividades económicas impuestas por el Minsa. Más de 250 mil contratos se encontraban suspendidos, el gobierno acudió a la emisión de bonos para equilibrar las finanzas públicas. El sector público era el único que recibía el cheque completo. En ese escenario, Cortizo anunció que presentaría un proyecto de Ley, para que a partir de su sanción y por un periodo de seis meses, el presidente y el vicepresidente se recortarían su salario y gastos de representación en 50%. “De igual manera, los ministros, viceministros, directores y subdirectores, gerentes y subgerentes, administradores y subadministradores y asesores tendrán un recorte en su salario y gastos de representación de 25%”.
No obstante, el parlamento nunca aprobó la iniciativa a pesar de contar con mayoría en la Asamblea. Pero el gobernante tampoco reiteró a los diputados sobre la iniciativa del Ejecutivo, o motivó a su equipo a desistir de forma voluntaria del porcentaje para destinarlo a los gastos de pandemia.
El nivel de endeudamiento supera el 50% en relación al Producto Interno Bruto, y la tasa de desempleo rebasa el 18%.
Uno de los más recientes errores del mandatario ocurrió durante su discurso en la orden de proceder de la construcción del Hospital del Niño, cuando afirmó que de salir positivo en la prueba de Covid, “de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en casa”. Una afirmación que dejó atónita a la población. En medio de una escalada de casos casi incontrolable, que ha obligado a las autoridades a expandir hasta en un 36% la capacidad hospitalaria, exigir y sancionar a los positivos que incumplen la cuarentena o irrespeta el toque de queda, el Presidente del país envió un mensaje contradictorio.
Para los entendidos en la materia, lo peor es que no hubo una rectificación del propio mandatario. En cambio, se pasó la página predominando en la opinión pública un rechazo. Una frase que llevó al fracaso políticamente hablando, según las mediciones que maneja Sanmartín.
El próximo año presenta un desafío enorme para el gobierno y la sociedad en su conjunto. Uno de los más complicados en materia económica. Los niveles de recaudación fiscal retrocedieron al monto que se manejaba hace ocho años. El nivel de endeudamiento supera el 50% en relación al Producto Interno Bruto, y la tasa de desempleo rebasa el 18%.
Estos elementos, asociados a lo descrito arriba, ponen al gobierno en una situación de vulnerabilidad que exige un golpe de timón comprometido con la transparencia tal como lo afirmó Cortizo en campaña. “Cuando uno evalúa el menú de lo que se pedía en materia de transparencia, se ha presentado una sola norma que es la Ley de Contrataciones Públicas. Un buen ejemplo de que la ley por sí sola no es suficiente, porque tiene elementos que no son buenos en la lucha contra la corrupción”, analizó Carlos Barsallo, presidente de Transparencia Internacional.
El conjunto de los desafíos citados, exige de una administración honesta, que inspire confianza en el manejo de los recursos públicos, en vez de servir como combustible que enciende los ánimos de la ciudadanía en las calles.
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