El programa de Invalidez, Vejez y Muerte es insostenible, colapsará antes de lo previsto, a no ser que se modifiquen las variables a pesar de la resistencia de algunos grupos. Especialistas advierten que no existe problema financiero, en este momento, de mayor impacto en el país
No tomar medidas conllevaría al desastre económico nunca antes experimentado.
El informe actuarial elaborado por la junta técnica actuarial (JTA) toca aspectos financieros de manera clara y enumera las falencias que han experimentado en la creación del informe. La situación es muy seria, al punto de que un grupo de profesionales del ramo, que efectuó un análisis del documento, asevera que no existe un problema financiero en este momento, de mayor impacto para el país. Lo que hace inminente su atención y solución a largo plazo.
No tomar las medidas conllevaría al desastre económico nunca antes experimentado, advierten. Por lo que se hace imperante explorar las alternativas “reales” para que, en conjunto, se acuerden las nuevas reglas por las que se regirán los destinos de la Caja de Seguro Social (CSS) y su programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
A punto de comenzar el diálogo por la CSS, que discutirá aspectos financieros y atención de salud, convocado por el presidente Laurentino Cortizo, son pocas las opciones disponibles que puedan salvar el programa de IVM que no incluyan medidas paramétricas.
Uno de los analistas de este informe, el consultor Jorge Nicolau, compartió con La Estrella de Panamá las conclusiones a las que llegaron después de una profunda mirada al documento. Entre ellas, la más evidente, es que el programa solidario de pensiones, conocido como subsistema exclusivamente de beneficio definido (SEBD), ha colapsado porque la proyección de los egresos tomada en cuenta en el informe está subestimada. Aun con las medidas paramétricas que se implementen, salvarán las finanzas por 20 años más.
Lo anterior obliga a la sociedad a plantearse cuál será la posición a asumir para su rescate, ya que el costo de no hacer nada sería un daño irreparable a la economía, demostraría la incapacidad de los gobiernos y la sociedad en su conjunto para encontrar soluciones, evidenciando un estado fallido al no poder gestionar la vida pública del país.
Para adelantar unos datos, en 2024 se acaba la reserva del IVM, y en 2025 tendría un saldo negativo de $742 millones, cifra que se duplicaría en 2026.
En cuanto al equilibrio financiero del programa de IVM, el informe sugiere ocho escenarios con distintas variables, como el aumento de edad de jubilación, el monto del aporte del Estado, las cuotas obrero-patronales y tasas de referencia (ver tabla).
Así, por ejemplo, en el primer escenario, se plantea que si se decide mantener la edad de jubilación –las mujeres a los 57 años y los hombres a los 62–, en vez de recibir una tasa de reemplazo de 60%, se disminuiría al 40% del monto de jubilación. La cuota obrero-patronal se incrementaría de 13,5%, a 18,5%, adicionalmente el Estado debería pagar $360 millones adicionales todos los años. De esta forma se plantean distintas posibilidades para reflotar el programa. Algunas medidas, por ejemplo, no se tienen que incluir de tajo, como la edad para el retiro, sino en forma escalonada para que quienes están a punto de jubilarse en dos o tres años, hacerlo, y aplicar otras medidas para el resto de la población de acuerdo con el tiempo que resta para su jubilación.
Las reservas del SEBD, y el fideicomiso del IVM se agotarán entre 2026 y 2027, o antes si no se hace nada.
INFORME INCOMPLETO
No obstante, a pesar del esfuerzo de la JTA, el informe tiene un vacío adicional. Persiste la falta de información sobre los cotizantes inactivos. Un tema recurrente que se ha presentado como observación de la JTA desde al menos el reporte correspondiente a 2010. En la página 20 del informe, el departamento actuarial reconoce como una limitante de las bases de datos la ausencia de información de los cotizantes inactivos con derechos latentes.
Es decir, que el programa que se empleó para lograr la información no era apto, pero tampoco se consiguió subsanar con otros servicios actuariales. El informe señala que aproximadamente 20% de los pensionados nuevos de cada año no están en la base de datos del año corriente o año anterior. Inclusive, de los 12,435 nuevos pensionados por IVM de 2018, el 12% no estaba en ninguna de las bases de datos de 2015, 2016, 2017 y 2018. Esto genera la conclusión de que se están subestimando los egresos anuales, y el déficit anual.
Por tanto, en el estudio de 2019 es necesario incluir a los cotizantes inactivos para no afectar la cifra de los estudios actuariales, porque este grupo puede ser uno considerable de potenciales pensionados adicionales. Al no tomarlos en cuenta, se podría subvalorar el gasto estimado por pensiones futuras. Un tema que debe abordar el próximo estudio actuarial y no tratarlo como una limitación de la data.
FLUJOS FINANCIEROS
El primer punto que cubre el informe actuarial tiene que ver con el equilibrio del sistema, es decir, cuáles serían los cambios para que año tras año no se genere déficit. El segundo aspecto trata la reserva mínima requerida por la ley de 2,25 veces el gasto anual de pensiones en cada año por los siguientes diez años.
La conclusión más importante del informe es que tanto el modelo del departamento actuarial de la CSS, como el analizado por el grupo de profesionales, es que las reservas del SEBD, y el fideicomiso del IVM se agotarán entre 2026 y 2027, o antes si no se hace nada. Tener en cuenta que esta estimación se efectuó antes de la pandemia, lo que agrava la situación considerando el bajón impactado en el sector laboral.
La gran pregunta que permanece es: si en 2010 los informes de la administración de la JTA advirtieron que el sistema se quedaría sin fondos a mediados de la década de 2020, ¿por qué se hizo caso omiso a la advertencia?
El primer punto que cubre el informe actuarial tiene que ver con el equilibrio del sistema, es decir, cuáles serían los cambios para que año tras año no se genere déficit. El segundo aspecto trata la reserva mínima requerida por la ley de 2,25 veces el gasto anual de pensiones en cada año por los siguientes diez años.
Nicolau analizó algunos escenarios que incluyen el impacto de la pandemia. Consideró que para el año 2020 las cuotas obrero-patronales serían de 60% y para el presente de un 90%, y esto dio como resultado que el fin de las reservas se adelantaría a 2025, y el flujo de caja negativo sería de aproximadamente $741 millones. Una cifra imposible de cubrir año tras año.
El grupo de profesionales proyecta que el valor presente estimado de los déficits del SEBD de 2018 es de $65 mil millones. Esto, comparado con el PIB de 2019 del país de $66,8 mil millones solo difiere en un poco más de mil millones. Lo que resulta imposible financiar porque destruiría la economía y el bienestar del país. El déficit de cada año se refleja en una curva ascendente que llega a su pico en 2051, con un déficit anual de 6 mil millones, que debe ser aportado por el Estado.
A manera de ejemplo, a diciembre de 2019 se jubilaron 274 mil personas y 642 mil asegurados, es decir, el 21% de la población estimada, lo que da una idea de la inversión de la pirámide con la que pretende sustentarse el programa. Menos cotizantes, más egresos, una fórmula insostenible.
El grupo de profesionales proyecta que el valor presente estimado de los déficits del SEBD de 2018 es de $65 mil millones. Esto, comparado con el PIB de 2019 del país de $66,8 mil millones solo difiere en un poco más de mil millones.
LA JTA
Lo que el país debate en estos momentos es el resultado de la desatención que han brindado los gobiernos anteriores a las finanzas de la CSS. La ley orgánica faculta a la junta directiva a exigir anualmente un informe actuarial de la JTA, suscrito por los tres miembros que la integran. No obstante, en siete años no se presentó el mismo. Entre las razones, ocurrió que durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) permaneció por varios años incompleta la JTA, sin que se nombraran los reemplazos salientes.
Como añadidura, en repetidas ocasiones luego de 2006, cuando se efectuaron las últimas reformas que provocaron manifestaciones y paros del sector trabajador, ningún gobierno se interesó por retomar el análisis de las finanzas y empujaron al límite los cambios para evitar pagar el precio político.
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