La fiscal Anilú Batista, de la Fiscalía Especial Anticorrupción, avanzó que basará la audiencia de Control en el artículo 509 del Código Procesal Penal, ante un juez de Cumplimiento, para obligar al grupo económico Odebrecht a que cumpla con el pago atrasado de la multa, de los años 2019 y 2020, e imponga una sanción adicional del 5% por haber faltado con lo pactado.
La fiscalía celebró un acuerdo de colaboración eficaz con el grupo Constructora Norberto Odebrecht y con Norberto Odebrecht Panamá en julio de 2017, mismo que fue homologado por el juez Décimo Segundo, Óscar Carrasquilla en noviembre de ese año. En dicho acuerdo de colaboración eficaz ya se condenó a la empresa, se determinó el monto de la multa -$220 millones, pagaderos en 12 años-, y se archivó el caso.
Ahora bien, Batista no citó un numeral específico del artículo que detalla las competencias del juez de Cumplimiento para el control de la sentencia. Pero por ejemplo, el primer apartado expresa que el juez podrá resolver cuestiones que se susciten durante la ejecución de la sentencia impuesta. El segundo habla sobre inspecciones y visitas para hacer comparecer a un sancionado; el tercero dicta medidas para prevenir las faltas de funcionamiento, y la última actividad es para control de cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión del procedimiento.
La fiscal adelantó lo anterior durante un informe de rendición de cuentas del Ministerio Público de las fiscalías Anticorrupción, contra el Crimen Organizado y Pandillerismo. Durante la conferencia se permitió una sola pregunta por medio, por eso es que no se pudo ahondar sobre la estrategia que empleará la fiscalía para cobrar a la empresa que, en 2019 solicitó una dación de pago como la cesión de la deuda que mantienen por cobrar en varias entidades del Estado por trabajos realizados a satisfacción de diferentes Ministerios. Con esto la empresa pretendía cumplir con el tercer abono que totaliza $18.3 millones en concepto de la multa relativa al año 2019 en atención al acuerdo de colaboración eficaz suscrito. La sentencia impuesta, no obstante, no se condicionó al pago del acuerdo económico, así que lo más probable es que el equipo fiscal deberá dirigir el caso a un tribunal civil si quiere cobrar la plata.
Odebrecht ha cumplido con dos pagos, uno el 26 de diciembre de 2017 por $18.3 millones. El 28 de diciembre de 2018 se concretó la segunda cuota por $18.3 millones. No obstante, en 2019 abonó en enero $1.142,691 solamente.
MILES DE TOMOS
Entre otros datos proporcionados, la fiscal Tania Sterling, mencionó que el expediente de la brasileña, que está a punto de remitir vista fiscal al juzgado, consta de 1,288 tomos y la investigación concluyó con la imputación de 101 personas. De ellos, se detalla que 61 son estructurados, 22 testaferros y 18 beneficiarios finales entre los que se cuentan 14 servidores públicos.
Otro desafío se enfila en la lista de obstáculos que debe vencer la fiscalía. Para lograr una audiencia preliminar en este caso, tomando en cuenta que se inició en el sistema mixto inquisitivo, deberán ser notificados y comparecer todos los 101 imputados, de faltar alguno, la sesión se debe posponer.
La fiscal Tania Sterling mencionó que el expediente de la brasileña, que está a punto de remitir vista fiscal al juzgado, consta de 1,288 tomos y la investigación concluyó con la imputación de 101 personas. De ellos, se detalla que 61 son estructurados, 22 testaferros y 18 beneficiarios finales entre los que se cuentan 14 servidores públicos.
En experiencias anteriores, con este número de imputados, ha sido casi imposible lograr una audiencia preliminar. Hay varios ejemplos, el Blue Apple, cuya vista fiscal fue remitida al juzgado en septiembre de 2019, ha tenido que posponer la audiencia en dos ocasiones porque no se logró notificar a todos los implicados, la próxima fecha se programó para abril. O el caso de granos, uno que estuvo a cargo de la investigación de la fiscal Sterling, pero no parece tener fin. La vista fiscal, con 61 imputados, se envió al juzgado penal número 15 en 2016, pero hasta la fecha no se ha logrado notificar a todos los involucrados, por lo que la audiencia preliminar no se ha realizado.
La fiscalía concretó que dentro del caso se recuperaron $48 millones en efectivo, $21.3 millones en artículos aprehendidos y el valor de $15,3 millones en bienes aprehendidos.
La segunda etapa consistió en la obligación de retribuir $220 millones y “ahí hay un tema que va a tener que resolverse”, dijo la fiscal Batista.
A continuación enumeró las fases en las que se desarrolló la pesquisa. Una inicial obligaba a la empresa a presentar la documentación e información que permitiese conocer dentro del territorio y la banca externa, las transacciones efectuadas por los ejecutivos de la División de Operaciones Estructuradas, o la conocida, Caja 2 de Odebrecht, a funcionarios panameños y terceros. Hasta este momento se han incorporado en la fase de colaboración 251 órdenes de pagamento de dinero ilícito dentro del país. En este expediente se hicieron 7 condenas por acuerdo de pena mediante colaboración eficaz, 6 acuerdos de colaboración eficaz y 4 condenas por acuerdos de pena.
La segunda etapa consistió en la obligación de retribuir $220 millones y “ahí hay un tema que va a tener que resolverse”, dijo la fiscal Batista.
La fiscalía ha efectuado aprehensiones económicas por $134 millones, y en bienes por un valor de $34 millones.
Al tratarse de un caso que afectó a varios países del mundo, el Ministerio Público recibió peticiones de asistencia judicial de Brasil, Suiza, Estados Unidos, España, Centroamérica, México, y de igual forma, la entidad solicitó 146 asistencia de las cuales ha recibido 96 respuestas. Como parte de la investigación, se revisaron 96 cuentas bancarias.
AÑO 2020
En otros temas, sobre el desempeño de los casos de corrupción en 2020, la fiscalía reportó que en retrospectiva, la fiscalía ha efectuado aprehensiones económicas por $134 millones, y en bienes por un valor de $34 millones.
AÑO DE DENUNCIAS
Durante el año de la pandemia, la fiscalía recibió 1,393 denuncias que se desglosan de la siguiente forma: 573 contra la Administración Pública, 478 contra el Patrimonio Económico del Estado, 253 contra el Orden Económico, es decir, los delitos de retención indebida de cuotas obrero patronales y blanqueo de capitales y otras 89 de diferentes delitos.
Estos casos ingresaron de tres formas, 877 fueron denuncias, 135 se iniciaron de oficio y 381 fueron querellas panelas.
CASOS COVID
Sobre las denuncias de corrupción en los casos de Covid, que totalizaron 18, entre los que se mencionaron el de la compra de los ventiladores, el Hospital Panamá Solidario, el presunto mal uso de vehículos del estado, la compra de mascarillas, gel alcoholado y otros artículos a precios onerosos, las fiscales dijeron que se encuentran en investigación y sólo hay dos imputaciones a individuos que supuestamente vendieron mascarillas que eran propiedad de la Caja de Seguro Social.
No obstante, del resto de los casos, en los que se presume la participación de altas autoridades del gobierno, no detallaron información.
Aunado a lo anterior, en cuanto al desempeño de las condenas en el sistema mixto inquisitivo, mencionaron que se lograron 88 sentencias en las que 118 personas fueron condenadas.
En tanto, en el Sistema Penal Acusatorio, efectuaron durante el año pasado 834 audiencias. De ellas, 324 fueron de control; 219 de cumplimiento ejecución de sentencia (que encierra también a las del sistema mixto); 123 audiencias de imputación; 89 de acusación; 24 de revisión de archivo; 11 de afectación de derecho, en ellas el juez decidió que no se vulneraron los derechos. La fiscalía efectuó 25 acuerdos de pena y 7 de colaboración eficaz.
Recibieron 53 asistencias judiciales de varios países entre los que mencionaron Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica, Brasil, Uruguay, Islas Caimán, entre otros.
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