José Miguel Vivanco.
El 2020 fue uno de los peores años y más duros para la causa de los Derechos Humanos (DH) en relación con las últimas tres décadas.
Una de las razones es la consolidación de tres dictaduras en la región, la Nicolás Maduro en Venezuela, la de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, y la de Miguel Díaz Canel en Cuba. Las tres están más fuertes que nunca a pesar de los abusos, crímenes atroces y de lesa humanidad cometidos durante el 2020, estos regímenes se han consolidado, según el informe anual divulgado hoy por la organización Human Rights Watch (HRW), a través de José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas.
Un panorama desolador para la región al que se suma la falta de liderazgo de los dos gigantes, Brasil y México, los más poblados y de mayor peso, países liderados por “populistas y demagogos, que, si bien representan puntos opuestos en el espectro ideológico, hay un desvalor profundo por los DH”, describió Vivanco.
La falta de voces latinoamericanas capaces de defender los DH y la falta de credibilidad de los gobiernos, agrava la situación en la región. De igual forma, el informe destaca la conducta “despótica y populista del saliente presidente Donald Trump, que desprecia las reglas del juego democrático y acentúa el daño que le ha hecho a la causa democrática y las libertades públicas, que contribuyeron al clima de desazón en materia de DH”, manifestó el director durante una conferencia virtual realizada este miércoles 13 de enero.
Un breve análisis del triángulo de las dictaduras resalta Venezuela como uno de los casos más dramáticos, luego de que Maduro eliminara el Congreso liderado por la oposición en las pasadas elecciones, calificadas como ilegítimas por más de 80 países del mundo, organismo ahora convertido en un apéndice del Ejecutivo como el resto de los órganos que supone deben servir como contrapesos en una democracia.
De acuerdo con informes de la Organización de Naciones Unidas y resoluciones de la Corte Penal Internacional, en el país sureño se están convirtiendo crímenes de lesa humanidad y se ha generado un éxodo masivo de venezolanos al resto de la región. El trágico escenario ha obligado el éxodo masivo de venezolanos debido a la escasez de alimentos, medicamentos e insumos representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina, hacia otros países del continente y Europa. Se calcula que alrededor de 5.5 millones, de una población estimada de 32 millones, han huido del país desde 2014, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El gobierno cubano, se lee en el informe publicado, sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.
“El gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por periodos breves y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenido y reprimido a manifestantes. Se han valido del estado de excepción impuesto en respuesta al Covid-19 como pretexto para arremeter contra opositores e incrementar su control sobre la población”, se lee en el documento.
El gobierno de Maduro ha encarcelado a 348 presos políticos en cárceles o sedes de los servicios de inteligencia, según datos del Foro Penal, una red de abogados defensores que trabajan pro-bono.
En Cuba, destacó Vivanco, no hay progresos en relación con los DH, en cambio, lo que se ve es el lanzamiento pacífico del movimiento San Isidro, que agrupa a jóvenes periodistas independientes, académicos y artistas, que reclaman espacios de expresión, pero son perseguidos por el gobierno.
El gobierno cubano, se lee en el informe publicado, sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. Entre enero y agosto de 2020, se produjeron 1.028 detenciones arbitrarias, según la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Destaca que a menudo se realizan detenciones o se amenaza con esa posibilidad para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o mitines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días.
Por su parte, la situación en Nicaragua no brinda un panorama transparente y pacífico para el desarrollo de las elecciones presidenciales que deben celebrarse a finales de este año. No existen las condiciones para que dichas elecciones puedan ser justas y creíbles. La democracia en ese país revela un franco deterioro, enorme retroceso donde la dictadura de Ortega está concentrada en restringir las libertades, reprimir a la oposición y a los medios de comunicación independientes a través del brazo policial y de grupos de hampones armados que trabajan para la Policía, apoyados en una legislación que cierra espacio para la defensa de los DH. “Este gobierno es responsable por masivas desapariciones, asesinatos y torturas. Hay más de 100 presos políticos sin garantías para amparar a las víctimas”, enfatizó Vivanco.
Dada la experiencia personal política de Ortega, quien en 1990 sufrió la derrota electoral por parte de su contrincante Violeta de Chamorro, es muy probable que en esta oportunidad no permita condiciones justas para que se lleve a cabo el proceso electoral. Razón por la que la comunidad internacional debe seguir presionando al gobierno de Ortega para lograr una transición pacífica de la dictadura a la democracia, que se recupere la independencia de un poder judicial ahora controlado por el matrimonio Ortega-Murillo.
De acuerdo con Vivanco, la consolidación de las dictaduras en estos países se fundamenta en distintas razones. En el caso de Cuba, por ejemplo, que se proyecta durante décadas, no emerge un mayor progreso en DH porque no existe un consenso global. La mayoría de los países de Europa rechaza las acciones unilaterales de Estados Unidos contra Cuba, que se traducen en la política de embargo. Vivanco analiza, que, “en la medida en que no exista un acuerdo global por exigir mejoras en distintos ámbitos de derechos laborales, políticos o de libertad de expresión, el único que se beneficia es el régimen cubano”.
En este escenario, la mirada se fija en las próximas políticas del gobierno entrante de Joe Biden de Estados Unidos, para lograr transiciones pacíficas hacia la democracia en los tres países mencionados.
En México, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo) muestra un nulo interés en investigar las desapariciones que han ocurrido bajo su gobierno. Son más de 16 mil personas, que forman parte de las 73 mil desapariciones que han ocurrido desde el gobierno de Felipe Calderón a la fecha. Es nulo el interés de investigar exitosamente estos casos, excepto cuando se trata de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, caso en el que Amlo ha puesto interés especial. “Desaparecen carteles de la droga, pero también policías locales y federales”, señaló el director. Enseguida achacó al ejército estar involucrado en casos de torturas. México uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Solo en el gobierno de Amlo, 23 periodistas han sido asesinados en actos donde se responsabiliza a grupos de carteles y agentes del Estado. “El problema es que no hay esfuerzos serios del gobierno o la justicia mexicana para terminar con este fenómeno sobre periodistas que investigan casos de corrupción”, añadió Vivanco.
Con respecto a los migrantes que se encuentran a la espera de una respuesta de las autoridades norteamericanas para el ingreso a ese país en calidad de refugiados, Vivanco dijo que México se ha arrodillado ante Trump para hacer lo que éste le ha pedido, traicionando el discurso de campaña pronunciado por Amlo, y violando las normas internacionales de los migrantes.
En Centroamérica, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, se ha reído de las sentencias reiteradas de la Corte Suprema de Justicia de su país, que le exigen respeto a la Constitución, y que la pandemia le ha venido como anillo al dedo para controlar a la población y acentuar el irrespeto a los DH por parte del gobierno centroamericano hacia su población.
En el caso de Colombia, frustra a HRW no poder constatar que el gobierno esté aplicando políticas concretas sobre los DH. La respuesta del presidente Iván Duque consiste en el despliegue de tropas militares, pero el esfuerzo, según los vigilantes de los DH, no es suficiente. Requiere de una fiscalía robusta e independientes que, si bien ha identificado a los autores de asesinatos a líderes sociales, aún no ha identificado a quienes actúan detrás de estos. En este país la organización ha registrado graves y masivos abusos en materia de DH a líderes indígenas y afrodescendientes que sufren de persecución por parte de grupos criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sucesores del paramilitarismo y carteles de la droga. “La actitud de Duque no es beligerante, no se traduce en políticas concretas para mejorar el terreno”, sentenció Vivanco.
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