Al parecer las irregularidades se cometen hace años, en el citado y otros albergues, sin que recibieran la atención de las autoridades encargadas de velar por el bienestar de la población infantil y adolescente en situación de riesgo que vive en los centros de cuido.
El tema acapara los medios de comunicación y la indignación de la sociedad, luego de la investigación de la Asamblea que comunicó las deficiencias de la autoridad rectora en el tópico, y lo que se percibe como una problemática a la que el Estado no ha podido hacer frente con las herramientas acertadas por años.
El centro de Tocumen que en ese momento albergaba a aproximadamente 55 niños en riesgo social, en edades entre los 2 a 17 años, funcionaba décadas atrás como un centro de desintoxicación para menores con problemas con la ley, tiene un concepto de una cárcel, y su infraestructura no ha cambiado sustancialmente.
Este medio conversó con algunas fuentes relacionadas al ramo que solicitaron obviar su nombre, quienes describieron parte de la problemática que impide lograr un adecuado monitoreo de los albergues.
El centro de Tocumen que en ese momento albergaba a aproximadamente 55 niños en riesgo social, en edades entre los 2 a 17 años, funcionaba décadas atrás como un centro para rehabilitación de adicciones para adolescentes infractores. Posteriormente pasó a ser un centro para alojar menores maltratados, pero con la misma infraestructura, que no ha cambiado sustancialmente. Una de las personas con las que conversó este medio, indicó que físicamente el albergue aún cuenta con los barrotes que contenían a los jóvenes infractores. El albergue, de hecho, es vecino del centro penitenciario de menores Arco Iris, "instalación con la que comparten la cocina", describió.
Durante la administración de Juan Carlos Varela, el centro, que recibía el nombre de Casa Hogar Metro Amigos, había encontrado “malos manejos” y solicitaron a otros albergues tomar el control. Uno de ellos se interesó, pero planteó la idea de reformar la estructura. La idea no caló. Finalmente culminó bajo la tutela de Funchipa, pero sin grandes cambios a la infraestructura.
Era difícil entender para los candidatos que pretendían tomar control del albergue, que un ambiente de esta naturaleza pudiera ser apto para velar por los derechos de la niñez en las condiciones planteadas. “Por más pintura que se ponga a las paredes, sigue siendo una antigua cárcel de menores con puertas de hierro, que ahora funciona como un albergue donde los chicos duermen en cuartos que antes funcionaban con un concepto de celdas”, narró quien en el pasado visitó el sitio.
El personal fue el mismo. En agosto de 2020, el Ministerio Público allanó el sitio después de recibir denuncias por supuestos maltrato de menores y peculado. Las autoridades desalojaron a los menores, quienes quedaron bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia e Infancia (Senniaf), que presentó la denuncia ante el Ministerio Público como regente de velar por los menores.
“Las historias que se escuchan son sobre niñas que se escapan, otras que han sido abusadas sexualmente o reprendidas en cuartos de castigo”, describió la fuente.
En su momento, la Fiscal Katya Meléndez, del Ministerio Público, suspendió al albergue la operación subsidio que recibía del Estado.
Cabe destacar que las irregularidades sobre abusos de menores plasmados en el reporte no equivalen a la generalización de los albergues en el país. La Comisión de la Asamblea hasta el momento no ha revelado los nombres de los centros en los que detectaron abusos, a excepto del que originó la investigación. Existen albergues con trayectorias serias que no formaron parte de la investigación, de los cuales han salido historias de éxito de menores rescatados, que en etapa adulta tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera y se transformaron en profesionales, ejemplos de superación personal.
Una exfuncionaria del Senniaf indicó que cuando la institución recibía a un menor que requería un albergue, aunque fuera de forma temporal, no había espacio disponible en aquellos que llenaban el perfil para alojarlo, lo que obligaba a instalar al menor en otro donde el cuidado no cumplía con las necesidades que requería.
No obstante, el informe legislativo evidenció que la desprofesionalización en Senniaf repercutió negativamente sobre la capacidad de intervención de los funcionarios que ahí laboran, ya sea porque son trasladados constantemente sin aparente razón en base a su experiencia -lo que aparenta ser producto de contradicciones personales o políticas- o porque hay un divorcio en la gestión técnica y administrativa, un distanciamiento entre lo que se piensa y hace desde el despacho superior y el resto de las unidades administrativas, así como en las capacidades reales de la sede principal de Panamá y el resto de las regionales.
No se puede soslayar que los niños, niñas y adolescentes (NNA) acomodados en albergues provienen de familias disfuncionales de nuestra sociedad. Hogares donde el padre está preso, la madre tiene problemas de adicción, que pierden la tutela de sus hijos, antecedentes que exponen al menor a una situación de vulnerabilidad, y el personal a cargo de esta tarea no siempre es el más calificado.
Una exfuncionaria del Senniaf indicó que cuando la institución recibía a un menor que requería un albergue, aunque fuera de forma temporal, no había espacio disponible en aquellos que llenaban el perfil para alojarlo, lo que obligaba a instalar al menor en otro donde el cuidado no cumplía con las necesidades que requería.
Una exfuncionaria del Senniaf indicó que cuando la institución recibía a un menor que requería un albergue, aunque fuera de forma temporal, no había espacio disponible en aquellos que llenaban el perfil para alojarlo, lo que obligaba a instalar al menor en otro donde el cuidado no cumplía con las necesidades que requería.
“Al no existir una supervisión o monitoreo profundo por parte del Senniaf, es difícil constatar las irregularidades o malos tratos dentro de los albergues porque el mismo sistema lo tapa”, describió la exfuncionaria. Detectar o no irregularidades depende del personal a cargo de dar seguimiento, “lo que por general ocurre es un conteo estadístico de la cantidad de NNA que viven en el albergue”, agregó la extrabajadora.
Uno de los puntos más álgidos es ubicar en albergues a menores en conflicto con la ley. Los mismos requieren de evaluaciones clínicas y atención especializada de un personal que no cumple con el perfil para hacerlo posteriormente.
Antes de llegar al albergue, estos NNA son captados por la Policía de Menores en las calles, pasan de 24 a 72 horas en la Policía, tiempo en el que intentan ubicar a un responsable del menor, pero muchas veces sin éxito. “Son padres que no quieren saber de ellos”, explica la exfuncionaria. Así que se busca a la familia extendida y cuando no se halla un responsable se hace el proceso con el juez de Menores quien lo envía a un albergue. Antes, Senniaf interviene con charlas de orientación que a juicio de la exservidora son poco efectivas, ya que estas personas lo que necesitan es orientación profesional que puede rescatarlos, que aprendan un oficio y tengan voluntad de salir adelante, que en el ambiente en que se desenvuelven es como luchar contra corriente.
Senniaf lo aloja en un albergue. Pero después parece desconectarse del menor, ya sea por falta de personal, rotación de este, poca profesionalización de los trabajadores, y "porque el monitoreo no se efectúa con la periodicidad que merece, de esa forma es difícil saber lo que realmente ocurre intramuros", zanjó la exfuncionaria.
El Ministerio Público inició una investigación de oficio para deslindar responsabilidades en función de las denuncias efectuadas. Diferentes asociaciones en defensa de los derechos humanos han manifestado su preocupación y la necesidad de profundizar en las debilidades para hallar respuestas que ayuden a encontrar soluciones a largo plazo.
SOLICITAN A LA ASAMBLEA NO POLITIZAR INFORME
La Red de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que puntualizó que es un hecho documentado y de conocimiento público, las reiteradas denuncias de malos tratos, bajo presupuesto, falta de personal idóneo, falta de supervisión estatal y poca transparencia con que se manejan las instalaciones donde "depositan" a seres que reclaman respeto a su dignidad humana, protección contra toda forma de discriminación y violencia por motivos de la edad, sexo, orientaciones sexuales, discapacidad, raza, religión, etnicidad. Hasta la fecha, no hay un abordaje transversal, interseccional e interinstitucional ( MIDES, MINSA, Cancillería, Defensoría del Pueblo) transparente y de derechos, como respuesta del Estado.
En este sentido, hizo un llamado al Ministerio Público a presentar un informe de las ocho denuncias presentadas por la exdirectora de Senniaf en 2020; las medidas de protección que se han efectuado para impedir la revictimización de los menores.
A la Asamblea Nacional, solicitó presentar cuanto antes un verdadero Informe técnico con datos verificables; y no politizar esta situación para abrir la puerta a poderes ocultos que pretenden apoderarse de la institución como botín para nombramientos de copartidarios no idóneos. Repitiendo el modus operandi desarrollado en la Defensoría del Pueblo.
A la Senniaf pidió rendir cuentas a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil para transparentar su debida diligencia en esta investigación y no presumir que cuenta con vínculo con la sociedad civil en su Consejo, cuando hay representantes que son funcionarios públicos y otros que tienen conflicto de intereses.
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