El 23 de febrero de 2021, la Asamblea Nacional sacó de la gaveta el proyecto de ley que pretende legislar sobre “hogares acogientes y viviendas para sacar a los niños de albergues y la Ley de Adopciones”, una medida que ocurre luego de que el 10 de febrero se ventilaran varias denuncias sobre el abusos físicos y sexuales en contra de menores institucionalizados en ciertos centros de cuido temporales del país que se compilaron en una pesquisa efectuada por una subcomisión legislativa que inició en agosto de 2020.
Los diputados, que habían dejado de discutir el tema desde agosto de 2019, retomaron ambos proyectos de ley luego de siete días de protestas en las calles protagonizadas por la sociedad civil, pero sin una explicación del por qué abandonaron por tanto tiempo una discusión de vital importancia para la niñez panameña que ahora se apresura coyunturalmente con la revelación de abusos y maltratos en ciertos albergues del país.
Carla García, exsubdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez y Familia (Senniaf), habló por primera vez al noticiero de Tv noticias desde que se conocieron rasgos de la investigación y defendió que en su momento denunció ante su superiora, Sara Rodríguez, los hechos irregulares que se suscitaban en algunos albergues.
García defendió que atendió cada situación y notificó a su superior como correspondía: “en mi función no estaba la supervisión y monitoreo de albergues”, manifestó aduciendo las reducidas tareas que le correspondían.
Cabe destacar que los centros citados en el informe presentado por la subcomisión de la Comisión de Niñez, Juventud, Mujer y Familia de la Asamblea Nacional, en el que se evidenciaron maltratos en albergues durante el año 2020, son los mismos que están siendo investigados por el Ministerio Público tras recibir denuncias originadas por diferentes medios, incluso por la exdirectora del Senniaf Sara Rodríguez, por informes policiales o de oficio por información divulgada en los medios de comunicación.
García defendió que atendió cada situación y notificó a su superior como correspondía: “en mi función no estaba la supervisión y monitoreo de albergues”, manifestó aduciendo las reducidas tareas que le correspondían.
“Yo no hubiese aceptado estar en un cargo para representar al presidente si no hubiera tenido la dignidad para hacerlo”, alegó García. Enseguida se refirió a una conversación que sostuvo con el diputado Juan Diego Vásquez, miembro de la comisión legislativa citada, quien le llamó para ponerla al tanto sobre irregularidades ocurridas en un albergue: “se notificó y se puso la denuncia” -dijo-, ¿cómo voy a darme cuenta de algo si no estoy ahí? justificó García.
A medida que pasa el tiempo se conocen más interioridades sobre la investigación que realizó la subcomisión legislativa y que en este momento se mantiene en reserva luego de haber sido entregada al Ministerio Público en días recientes.
Lo que cuestionan algunos diputados es la actitud que asumió la entonces subdirectora de la entidad al referirle parte de los hallazgos sobre tratos indignos a menores, y que su respuesta haya sido tan limitada, en cuanto al alcance de sus funciones, siendo parte directiva de la institución encargada de velar por los derechos y bienestar de los menores.
A medida que pasa el tiempo se conocen más interioridades sobre la investigación que realizó la subcomisión legislativa y que en este momento se mantiene en reserva luego de haber sido entregada al Ministerio Público en días recientes.
Hace una semana García publicó en redes sociales que sus funciones se centraban en eventos sociales, dejando la mayor responsabilidad sobre los hechos a Rodríguez, quien supuestamente la relegó de la función de monitoreo y supervisión de los albergues que confiere a la Senniaf.
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