Contraloría y Antai abren investigación a contratos de Mi Cultura en Casa


La entidad otorgó cinco contratos a la empresa, entre ellos uno de forma directa por la suma de $25 mil.

La Contraloría General de la República informó mediante nota de prensa que iniciará un audito de la orden de compra a favor de Jimmy Dawson Production, Inc. por un monto de $43,870 en concepto de comunicaciones y dominio de contenidos de redes sociales y medios de comunicación para el proyecto Mi Cultura en Casa correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2020.

La auditoría responde a una serie de cuestionamientos efectuados a dicha compra en la que algunos de los ‘influencers’ o comunicadores sociales mencionados en el servicio negaron haber sido parte de dicho contrato o que brindaron sus servicios profesionales para tal efecto. La entidad otorgó cinco contratos a la empresa, entre ellos uno de forma directa por la suma de $25 mil.


Carlos Aguilar, ministro de Cultura.

La Contraloría indica que el contrato ha sido ampliamente cuestionado por la ciudadanía en redes sociales y al menos ocho de medios de comunicación se han desvinculado públicamente del contrato, al decir que no fueron contratados o no recibieron pagos por parte de la empresa de Jimmy Dawson.

En un acto de rendición de cuentas efectuado esta semana, el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, defendió su gestión y aseguró que su gestión es transparente. Con respecto al compromiso suscrito, dijo que había dado alivio emocional a las personas en casa, y que generó ingresos para los artistas en época de pandemia.

Debido al monto del contrato que auditará la Contraloría, “que no supera los $50 mil, su refrendo fue atendido por delegación directamente en la Oficina de Fiscalización en el Ministerio de Cultura”, puntualiza la nota de prensa de la Contraloría.

De igual forma, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información inició otra investigación al mencionado ministerio. En este sentido solicitó a la entidad la documentación que respalde las contrataciones, y los expedientes públicas que relacionan a dicha empresa, además del sustento de que la prestación del servicio se efectuó de acuerdo a lo pactado en los contratos y ordenes de compra.

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