Fitch estima que el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) de Panamá ha alcanzado el 9,6% del PIB en 2020, impulsado por una contracción de los ingresos del 23% en comparación con 2019.
El debilitamiento de las finanzas públicas por el azote económico que causó la pandemia en Panamá se refleja en una rebaja en la calificación de riesgo país, de BBB a BBB- y examinó la perspectiva a negativa, manteniendo el grado de inversión, según la firma Fitch Ratings.
El reporte de la calificadora señala que la contracción sin precedentes del Producto Interno Bruto (PIB) y la pérdida de ingresos del gobierno provocaron una deuda sustancial en el sector público que, en relación con los ingresos fiscales, pone al país en una posición limitada para responder a los shocks económicos.
Como una forma de controlar la pandemia, el Ministerio de Salud ordenó el cierre de negocios en marzo de 2020, cuando se anunció el primer caso de Covid-19. La paralización, no obstante, se prolongó en algunos sectores económicos de forma intermitente, lo que ha socavado los ingresos fiscales. Ante esta situación, el gobierno ha solicitado préstamos a entidades financieras internacionales. El Ministerio de Economía y Finanzas reporta un saldo de deuda total por $ 36,959 millones, de los cuales $ 8,178.6 corresponde a bonos del Tesoro, $ 21,126 a las multilaterales. Las cifras alcanzan casi un 60% en relación con el PIB, lo que podría poner en desventaja al país a la hora de contraer más deuda, si no logra controlar la pandemia.
La perspectiva negativa que señala Fitch Ratings refleja los riesgos para la trayectoria de la deuda pública y la incertidumbre ante la Ley de Responsabilidad Fiscal del país que ha sido modificada en la Asamblea Nacional por solicitud del gobierno para permitir el endeudamiento.
Ante el anuncio, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, reconoció que se trata de un reto enorme como país. En un comunicado de prensa indicó que analiza una serie de iniciativas respecto al tema de ingresos y egresos, y la relación costo beneficio de ellos.El Gobierno Nacional obtuvo “recursos adicionales a los presupuestados originalmente en los mercados para atender la crisis originada por la pandemia, no obstante, estamos conscientes que se requieren nuevas medidas para poder seguir atendiendo la situación de la salud, el apoyo a los más afectados y aquellas medidas que impulsan la actividad económica ”, señala la nota.
La buena noticia es que en este mes de febrero y hasta marzo, el país 450 dosis de vacunas de Pfizer y otras 200 mil de la alianza Covax que, de ser administradas de forma eficiente, debería bajar los índices de contagio y el retorno progresivo de la vida económica.
“Esta calificación si bien nos afecta, no altera el grado de inversión que mantenemos. Fitch indica que el grado de inversión de Panamá está respaldado por su alto ingreso per cápita, producto de un historial de desempeño macroeconómico sólido y estable que explota una ubicación y un activo estratégicos (el Canal de Panamá) ”, se lee en el comunicado del MEF.
De acuerdo con la calificadora, la salida de la crisis depende de dos cosas fundamentales: una pandemia prolongada y retrasos en la distribución de las vacunas, son los riesgos para recuperar la economía que apuntalarían una consolidación fiscal en los próximos años.
Los gastos disminuyeron 3.1% a partir del tercer trimestre de 2020 (último disponible) en comparación con 2019. El gobierno implementó un paquete de apoyo por un valor del 3% del PIB, que incluyó gastos relacionados con la salud, transferencias de ingresos a la población vulnerable y extensiones a plazos de pago de impuestos.
La buena noticia es que en este mes de febrero y hasta marzo, el país 450 dosis de vacunas de Pfizer y otras 200 mil de la alianza Covax que, de ser administradas de forma eficiente, debería bajar los índices de contagio y el retorno progresivo de la vida económica.
Fitch estima que el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) de Panamá ha alcanzado el 9,6% del PIB en 2020, impulsado por una contracción de los ingresos del 23% en comparación con 2019. Los impuestos indirectos, incluidos los impuestos al consumo y las importaciones, fueron los más afectados, disminuyendo por 33.7% con relación a 2019. Los gastos disminuyeron 3.1% a partir del tercer trimestre de 2020 (último disponible) en comparación con 2019. El gobierno implementó un paquete de apoyo por un valor del 3% del PIB, que incluyó gastos relacionados con la salud, transferencias de ingresos a la población vulnerable y extensiones a plazos de pago de impuestos. Sin embargo, los gastos de capital disminuyeron debido a que las restricciones de movilidad retrasaron los proyectos de infraestructura pública.
El MEF señala que en las proyecciones efectuadas por la calificadora para este año, espera que la economía experimente un crecimiento real de 9.2%, impulsado por la apertura económica, los proyectos de inversión pública como la construcción de la Línea 3 del Metro, las exportaciones de la mina de cobre, y el consumo interno.
Ficth estima que el presupuesto de 2021 apunta a un déficit justo por encima del 7% que se puede cumplir con la luz de la recuperación económica parcial. La reducción del déficit presupuestario se basará en los ingresos; el gobierno planea reasignar partidas de gastos en lugar de reducir el apoyo fiscal relacionado con la pandemia.
El MEF señala que en las proyecciones efectuadas por la calificadora para este año, espera que la economía experimente un crecimiento real de 9.2%, impulsado por la apertura económica, los proyectos de inversión pública como la construcción de la Línea 3 del Metro, las exportaciones de la mina de cobre, y el consumo interno.
Con respecto al sistema bancario, la entidad internacional opina que la liquidez es sólida ya que las restricciones de movilidad llevaron a un menor consumo, mayores depósitos y menores préstamos. El crédito interno se contrajo un 1,8% interanual en 2020 (a noviembre de 2020, último dato disponible), mientras que los depósitos aumentaron un 9,9% en el mismo período. La rentabilidad resultará afectada por la contracción del crédito y los mayores gastos de provisiones para insolvencias. La Superintendencia de Bancos autorizó a las instituciones financieras a modificar las condiciones de los préstamos sin considerarlas reestructuradas hasta el 30 de junio de 2021, lo que ha reducido el impacto en las métricas de calidad de activos reportadas a través de la pandemia.
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