Ministerio Público amplía investigación a todos los albergues del país

El Ministerio Público adelanta más de ocho investigaciones relacionadas con situaciones que se han dado en los albergues.

La Fiscalía de Familia en asocio con otras fiscalías del país han iniciado una serie de diligencias tendientes a examinar la situación en los albergues que hay en Panamá. Se iniciaron el día jueves y deben continuar su curso. Hasta el momento no hay personas detenidas. El procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, reservó detalles de las investigaciones por estrategia, pero dijo que llevan como finalidad determinar la realidad que se vive en los albergues del país y la posible existencia o comisión de algunos hechos ilícitos que de manera general se han referido.

El Ministerio Público adelanta más de ocho investigaciones relacionadas con situaciones que se han dado en los albergues. El informe entregado por la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, es más general que "obliga a ampliar el ámbito de investigación del Ministerio a prácticamente todos los albergues del país", señaló Ulloa. Añadió que  inclusive se han girado instrucciones a las distintas fiscalías para que la acción de la entidad vaya más allá del contenido de los informes para que se pueda hacer un sondeo o valoración de cuál es la situación que se está viviendo o que pudo haberse dado en cada uno de estos albergues.

Instalación del Consejo Judicial 2021-2022, que presidió el Colegio Nacional de Abogados.

Explicó que hace unos meses se recibió una denuncia sobre un hecho muy específico, que fue el del centro Funchipa, y se investigó, dijo el procurador. Dicha investigación está avanzada. Enseguida manifestó que hay expedientes con imputaciones, detenciones y otros que están esperando juicio. “Lo que yo no puedo, y tengan claro, es dar detalles de cada caso en particular, primero porque hay menores, y porque hay una obligación de Ley de mantener el secreto de la instrucción sumarial por el respeto a las personas involucradas”, dijo Ulloa.

Las declaraciones de Ulloa se efectuaron en el marco de la instalación del Consejo Judicial 2021-2022, que presidió el Colegio Nacional de Abogados, con el interés de establecer fórmulas para el fortalecimiento de la justicia en el país. A dicho acto, asistió también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, quien en su discurso se quejó de la falta de recursos que destina el estado al sistema.

Los casos de supuestos maltratos en los albergues del país, motivaron una visita del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, a la casa de justicia donde se reunió con Fábrega.

Cuestionado sobre los resultados de la reunión, Fábrega respondió que se instalarán mesas de trabajo por jurisdicciones para dotar de recursos al sistema. Hay limitaciones económicas para realizar el trabajo, serán algunas medidas paliativas hasta que se ajusten los ingresos del país afectados por la pandemia. El Sistema Penal Acusatorio requiere de más recursos por la cantidad de casos y nuevos nombramientos que no han podido efectuarse por falta de dinero. Esto, de acuerdo a Fábrega, ha provocado una mora en las audiencias que si en un principio se programaban dentro de unos días, en este momento el espacio en las agendas requiere de meses y años para la realización de una audiencia. Se ha triplicado el trabajo y no se puede crecer.

Uno de los temas es ver cómo se ayuda con los tribunales de familia y menores, hay muy pocos jueces para atender la cantidad de casos que hay, lo que genera un embudo por la falta de nombramientos de jueces para que el servicio sea más expedito.

Por el momento no está claro si los recursos se destinarán en la presente vigencia fiscal o la próxima. Fábrega se quejó de que cuando acude a la Asamblea Nacional para sustentar el presupuesto del Órgano Judicial, no conversa con los tomadores de decisiones del MEF, sino con asistentes o funcionarios de tercer nivel. La impresión que nos da es que las cartas ya están echadas y vamos a cumplir con un mero procedimiento.

En el acto también se reiteró que el Sistema Penal Acusatorio requiere de más recursos por la cantidad de casos y nuevos nombramientos que no han podido efectuarse por falta de dinero.

Como un ejemplo de ilustrar los recursos que maneja el sistema judicial panameño, Fábrega comparó que en el vecino Costa Rica, que tiene una población similar a la del Istmo, hay un promedio de 30 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en nuestro país son 11. Fábrega defendió con relación al sentimiento de impunidad que reclama la sociedad, que el Órgano Judicial no funciona como un ministerio, donde hay un sentido vertical del mando, sino que cada juez cuenta con autonomía, no nombran jueces municipales, sino sus superiores jerárquicos.

La investigación sobre posibles casos de corrupción la gente no tiene suficiente información y en otras veces están en lo correcto. Alegó que en la institución se han presentado casos penales, auditorías, pues observan situaciones irregulares que merecen auditorías cuando ven a través de un estudio previo que un tribunal no está actuando correctamente, y al no ver acciones concretas de quien le corresponde, han tomado la decisión de acudir a la vía penal. Es el camino que nos queda dentro de las limitaciones de la independencia judicial, que significa que yo no puedo destituir a un juez directamente sin ser el superior jerárquico o sin hacerle un proceso. La independencia judicial es buena para unas cosas y a alguien no le gusta para otras. “La implementación de la Carrera Judicial involucrará un saneamiento a la institución porque valorará cada cual en su medida, y quien no esté cumpliendo va a ser valorado y será una gran diferencia”, sentenció el magistrado de la Corte Suprema de Justicia.