La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, quedó sin palabras ante los cuestionamientos de la prensa al ser indagada la mañana de este jueves, cuando salía de la Procuraduría General de la Nación, a donde acudió para iniciar los trámites como querellante en el caso de abusos y maltrato a menores detectado en los albergues.
Acudió acompañada del abogado penalista, Luis Carlos Cabezas, quien presentó poder ante la autoridad, atendiendo el llamado del presidente Laurentino Cortizo quien un día antes instruyó al Ministerio de Desarrollo Social y a la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf).
Sin embargo, el Mides no acudió a presentar una querella, sino dos poderes, según aclara el abogado Cabezas.
“Uno, sobre una denuncia que se presentó acerca de un albergue de donde emanaron denuncias en 2020 en el que se presentan indicios de peculado. El otro poder, es una denuncia que pudiera convertirse en una querella que tiene como propósito hacer una auditoría sobre el uso de los dineros públicos destinados a los albergues”, explicó el abogado. Al Mides, añadió, no le corresponde hacer investigaciones del Senniaf.
La directora de la Senniaf, Mayra Silvera, negó que los cambios que se efectuaron en la dirección de la institución se hayan debido a las denuncias en cuestión.
La ministra Castillo quedó muda cuando se le cuestionó sobre el rol de la institución como querellante en el caso. “Queremos que se castigue a los responsables en este tema”, fue lo que alcanzó a decir a los periodistas en un inicio. Después volteó la mirada hacia Cabezas como para que le ayude a responder la pregunta que en el momento no tuvo una explicación. “La ministra no es abogada y no puede responder eso”, salió al paso el jurista.
En otro asunto, la directora de la Senniaf, Mayra Silvera, negó que los cambios que se efectuaron en la dirección de la institución se hayan debido a las denuncias en cuestión. Silvera asumió funciones el 7 de enero pasado luego de que su antecesora, Sara Rodríguez, dejó el cargo, al igual que la subdirectora Carla García, quien fue nombrada gobernadora de la provincia de Panamá.
A partir del informe presentado por la subcomisión de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Mujer y Familia de la Asamblea Nacional, en la que hace alusión a casos de abuso sexual, maltrato físico y precarias condiciones en las que vivían los menores de edad, todo mundo se movió. Fue como un catalizador de lo que no se hizo en años.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, por su parte, acudió a la Corte Suprema de Justicia para garantizar que no falten recursos, acción que a todas luces se efectuó para cumplir con la instrucción presidencial, de dotar del dinero necesario a los tribunales de menores.
A partir del informe presentado por la subcomisión de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Mujer y Familia de la Asamblea Nacional, en la que hace alusión a casos de abuso sexual, maltrato físico y precarias condiciones en las que vivían los menores de edad, todo mundo se movió. Fue como un catalizador de lo que no se hizo en años.
Los casos se presentaron en 14 albergues del país. La información retumbó en la sociedad, que se organizó para hacer protestas en las afueras del edificio donde está ubicada la institución.
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