Ocho indiciados en casos de abusos de albergues

En las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre abusos en centros de cuido temporal, identificaron a ocho agresores. La mayor parte de los casos son por actos libidinosos o abuso sexual ocurridos durante 2020 en seis albergues del país, varios de ellos coinciden con el informe de la Subcomisión legislativa 

Este medio tuvo acceso a la lista de los albergues que investigan las Fiscalías de Familia y regionales por los supuestos delitos señalados.

Durante el 2020 y 2021 el Ministerio Público abrió ocho investigaciones a albergues del país por diferentes presuntos delitos en perjuicio de menores tales como lesiones físicas; maltrato; actos libidinosos y violación. De estos casos existen seis indiciados cuyas pesquisas se encuentran en periodo de instrucción de sumario.

Este medio tuvo acceso a la lista de los albergues que investigan las Fiscalías de Familia y regionales por los supuestos delitos señalados.

Algunos de ellos, que forman parte de las investigaciones del Ministerio Público, se encuentran mencionados en el informe que entregó a esta entidad la subcomisión de la Comisión de la Niñez, la Mujer, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional la semana pasada en el cual se relatan casos de supuesto abuso a menores en centros de esta naturaleza a nivel nacional. Dicho informe de 700 páginas se incluyó como parte de las ampliaciones que realizan las fiscalías en todo el país.

Desde 2017 a la fecha, las fiscalías han detectado en total 23 víctimas menores de edad, y un caso más  se encuentra en verificación de los hechos que narró una niña de 10 años que pretendía escapar de uno de los albergues. En un caso hubo una condena de un hombre y en otros dos, cuyas denuncias se presentaron en 2018, están pendientes de juicio en el cual se dirimirá la responsabilidad de dos hombres por supuestos actos libidinosos.  

Los centros de cuido temporal en los que se iniciaron investigaciones durante 2020 son los siguientes: Albergue o Campamento Refugio de Amor controlado por la Fundación Solo es Cuestión de Fe, ubicado en Veraguas en el que se investiga a un hombre y una mujer administradores del sitio por caso de maltrato al menor en el que seis víctimas, todas adolescentes entre 14 y 17 años resultaron afectadas, cuatro de ellas presentaron lesiones físicas según evaluación realizada. La denuncia fue iniciada de oficio a raíz de un informe policial. La fiscalía tiene hasta abril de este año para culminar la investigación y a las menores se les aplicaron medidas de protección y cautelares personales.

Las denuncias por supuestos abusos a menores han conmocionado a la sociedad panameña por la evidente falta de una ley integral de Niñez que proteja los derechos de los menores en el país.

CASOS FUNCHIPA
El Centro Integral de Tocumen, Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), es uno de los albergues que además de las denuncias por supuesto maltrato y abuso sexual, la fiscalía investiga supuestos manejos irregulares en el gasto del subsidio que otorga el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a este tipo de instalaciones.

En uno de los expedientes se otorgaron medidas de protección a más de 10 menores luego de que la exdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez y Familia (Senniaf), Sara Rodríguez, denunciara los hechos ante la fiscalía el pasado 30 de julio de 2020. Dicho centro fue intervenido por las autoridades después de que las personas a cargo del centro se les decretara una orden de alejamiento por parte del Ministerio Público.

Como consecuencia de la medida, la Senniaf tomó el control del albergue que aún regenta.

En este mismo albergue el pasado 13 de febrero se registró un incidente con una menor de 10 años que se subió al techo de las instalaciones con intención de escapar pero fue rescatada por el equipo de la Policía Nacional después de haber permanecido por más de dos horas en el techo. Las autoridades están evaluando a la menor psicológicamente para esclarecer el hecho. Por este incidente la sección de familia de la Fiscalía Metropolitana inició una investigación a raíz de la denuncia efectuada por un taxista quien visualizó a la menor en el techo y alertó a las autoridades. En ninguno de los casos anteriores se han realizado imputaciones.

En el caso de Funchipa también se presentó una denuncia por supuesto delito de peculado por el uso de fondos públicos, o subsidios, entregados por Mides.

La denuncia por supuesto delito contra la administración pública se basa en los informes contables de los meses abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2019 en los que se muestran gastos no contemplados en el presupuesto y que no habían sido autorizados por el Mides.

Una auditoría efectuada a esta casa hogar que comprendió de abril a diciembre de 2019, mostró deficiencias en la administración financiera del subsidio otorgado tras haber detectado gastos que no estaban estipulados en el presupuesto original. Según información otorgada  por una fuente judicial a este medio, se detectaron irregularidades en algunas facturas pagadas con fondos del subsidio por el valor de $92,722. En este sentido se averiguan pagos por servicios profesionales a una empresa de contadores públicos por $18 mil y a una firma de abogados por $8,100, además de una instalación de una piscina de uso terapéutico en el albergue que tuvo un costo de $26,750.

El pasado 18 de febrero, la titular de la cartera del Mides, María Inés Castillo, acudió a la Procuraduría para presentar poder legal al abogado Luis Carlos Cabezas quien presentará esta semana la querella a raíz de la denuncia por el uso de los dineros del subsidio que entregó la entidad a este albergue. Según conoció este medio, el Mides entregaba a Funchipa un monto de $50 mil mensuales.

Una cuarta averiguación se realiza al Funchipa por un supuesto caso de violación sexual a una adolescente de 16 años, detectado a raíz de una sospecha del Ministerio de Salud. Este caso sigue en averiguación a pesar de que la adolescente posteriormente se retractó de los hechos que narró en un principio.

VIDA LIBRE
En agosto de 2020, la fiscalía metropolitana abrió una investigación de oficio alimentada por denuncias publicadas en los medios de comunicación en contra del albergue Vida Libre en perjuicio de dos menores de edad, uno por haber sido víctima de actos libidinosos y otro por violación, ambos han sido reubicados. En este hecho se investiga a un hombre como el autor de estos hechos. En este caso aún no se han efectuado imputaciones.

DIVINO NIÑO
Supuestos actos libidinosos también se investigan en el albergue Divino Niño (Fundación Ofrece un Hogar) donde una niña de 8 años dijo haber sido molestada por una mujer de la que hasta el momento no hay mayores pistas de su identificación. El caso fue denunciado por la exdirectora de la Senniaf Sara Rodríguez en agosto de 2020.

SEÑORA DE LA CARIDAD
En octubre del año pasado, la directora del hogar Nuestra Señora de la Caridad El Buen Pastor acudió a la fiscalía para poner en conocimiento a la autoridad sobre un acto libidinoso ocurrido a una adolescente de 14 años por parte de una extrabajadora del centro. En este caso no hay imputación hasta el momento.

LUZ Y ESPERANZA
En el hogar Luz y Esperanza se averigua un supuesto abuso sexual en contra de dos niños por parte de un hombre. El caso fue denunciado por la dirección de Protección Especial de Derechos de la Senniaf el 15 de diciembre de 2020, pero no se han efectuado imputaciones aún.

UNA CONDENA
Las denuncias por supuestos abusos a menores han conmocionado a la sociedad panameña por la evidente falta de una ley integral de Niñez que proteja los derechos de los menores en el país. A esto se suma la discrecionalidad que opera en el Mides para entregar fondos públicos que deberían destinarse para garantizar una vida de calidad y satisfacer las necesidades de los menores.  

Este tipo de delitos se han presentado en años anteriores y se ha llevado a la justicia a los victimarios.

Por ejemplo, en enero de 2017 se inició un caso de violación sexual agravada que denunció la directora de Aldeas Infantiles SOS de la regional de Colón en perjuicio de una menor de 17 años que fue abusada por el chofer del albergue. El caso llegó a juicio y en noviembre del año pasado se condenó al violador a 10 años de prisión.

En 2018 hubo dos casos en albergues por actos libidinosos. Uno que inició en mayo y fue denunciado por Yazmin Cárdenas, quien fungiera como directora de Senniaf, en perjuicio de una niña que residía en el Hogar Semillita. En este expediente hay un hombre imputado y se está a la espera del juicio. Del segundo caso de ese año se tuvo conocimiento en el mes de octubre cuando un representante de Casa Esperanza acudió a la Fiscalía regional de Colón para presentar denuncia por supuestos delitos de actos libidinosos agravados en contra del aseador del centro y cuya víctima fue una niña de 12 años. La audiencia de juicio por este caso está programada para abril de este año.