El estado panameño cuenta un 10% de acciones en la empresa portuaria Panamá Ports Company (PPC), que se dispone a renovar el contrato de concesión que vence en 2022, por 25 años más, el país debe tomar en cuenta el valor agregado de la ruta marítima que tiene el Istmo durante las negociaciones
En más de 20 años de manejar los puertos del Pacífico y del Atlántico en Panamá, la filial del conglomerado CK Hutchinson Holdings ha efectuado contados aportes al estado producto de dividendos.
Una gráfica que refleja las recaudación de aportes del Ministerio de Economía y Finanzas permite apreciar una reducción de los aportes en comparación con años anteriores debido al impacto de la pandemia. Tal es el caso del Aeropuerto Internacional de Tocumen, La Caja de Ahorros y Corporación Azucarera La Victoria que tampoco hicieron aportes durante el año 2020.
En el caso de PPC, durante los últimos cinco años, de 2016 a 2020, la empresa portuaria aportó $7 millones al erario. El monto ha generado cuestionamientos, que en puertas de que se venza la concesión por 25 años otorgada en 1997, la opinión pública del sector ha solicitado al gobierno evaluar la decisión antes de renovar el contrato, tomando en cuenta los dividendos recibidos en los últimos años. No obstante, el contrato suscrito entre el estado panameño y PPC permite ese tipo de manejos que se enmarcan dentro de lo legal.
“La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) hizo varias auditorías y en varias encontraron que no había cumplimiento, no daban cifras. En la primera auditoría se encontró que habían informes sin entregar que representaban cobros que no hacían. Lo cierto es que el sistema de concesiones no tenía un control estricto de estas”, indicó Carlos Ernesto González de La Lastra, fundador de la Universidad Marítima de Panamá y exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá.
El análisis del ejecutivo sobre conceder o no una renovación de la concesión a PPC, va más allà de un cumplimiento de contrato, se trata de que el estado capitalice lo que en los años 90s, cuando se concesionaron los puertos, no tenía: un país que ha invertido en la valorización de la ruta.
En 2017, los diarios daban cuenta sobre el manejo de las utilidades de la empresa, inversiones en el puerto de Balboa y Cristóbal que en 20 años les permitió aportar $1 millón al estado panameño, de acuerdo con la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Se toman decisiones sin valorar los intereses nacionales. Hay que valorar la ruta y hacer un cuadro comparativo de posiciones similares de cómo se maneja el sistema portuario. Lo más difícil es hacer un puerto donde no llegan los barcos”, añade González de La Lastra.
En 2017, los diarios daban cuenta sobre el manejo de las utilidades de la empresa, inversiones en el puerto de Balboa y Cristóbal que en 20 años les permitió aportar $1 millón al estado panameño, de acuerdo con la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esto no cambió mucho cuatro años después, como lo muestra el gráfico que comprende cinco años, 2016 al 2020.
La excusa de la empresa siempre ha sido la reinversión de las utilidades, frente a un estado despreocupado por hacer el esfuerzo para verificarlo, o en dado caso, solicitar una revaluación de sus acciones que le permitan una mayor comprensión acerca de las finanzas de la principal empresa portuaria en el país.
El director ejecutivo de PPC, Paul Wallace, indicó en enero de 2017 que la empresa había invertido un total de $1,425 millones, generando unas 4 mil nuevas plazas de trabajo, y que había pagado $290 millones en contra prestaciones que a su vez, generaron un derrame económico de $900 millones.
“Lo que hayan invertido queda en segundo plano”, asegura De La Lastra. En cambio, en lo que se debe centrar el país es el valor que ofrece Panamá, “pero no hay negociadores en la AMP. Hemos metido $5 mil o $6 mil millones ampliando el Canal que valorizó a los puertos y no podemos negociar en las mismas condiciones que hace más de dos décadas”, zanja el empresario.
En dicho encuentro realizado con la prensa, Wallace añadió que los dividendos son un retorno del 10% del capital invertido, dinero que se ha seguido invirtiendo en el país. “De hacer una entrega habría que pagar un 90% a los accionistas que están fuera del país y el 10% que corresponde a Panamá, y por ello, reiteramos que el dinero se sigue reinvirtiendo. Nosotros pedimos dinero prestado para hacer esas nuevas inversiones y hemos tenido deudas con el banco a quien también hay que pagar”, sostuvo el directivo sobre el tema.
¿Cuál es el valor de las acciones?
En una compañía, los dividendos se otorgan en función de las utilidades, en caso de que no se reporten utilidades el gobierno tampoco recibe aportes. Sin embargo, también puede ocurrir que la junta directiva decida reinvertir las utilidades, en este último caso, tampoco se aportan sumas al gobierno, con la diferencia de que las inversiones deberían generar un valor a la empresa que después se traduce en una revaloración de las acciones, en caso de que hayan sido atinadas las inversiones.
Al hacer lo último, en el caso del estado que cuenta con un porcentaje accionario en la empresa en cuestión (10%), debería solicitar una reevaluación de sus acciones.
La primera auditoría de la Contraloría en más de 23 años de concesión que se hace al puerto, a punto de vencer el contrato, se efectuó hace pocas semanas con el objeto de conocer si las transacciones que se efectuaron se realizaron bajo el marco de la ley y corroborar que las reinversiones efectivamente se hicieron.
Dichas acciones tenían un valor cuando fue concesionada la obra en 1997, con las inversiones que ha efectuado el puerto actualmente deben tener una plusvalía que representa el patrimonio para el Estado en esas inversiones. No obstante, dichas acciones aún no se han revaluado, ningún gobierno lo ha solicitado. Un proceso que inicia por la contratación de una evaluadora de acciones que debe contratar la empresa para establecer el nuevo valor de las acciones. Eso implicaría, como Wallace lo admitió, pagar al resto de los accionistas, la mayoría fuera del país.
Economistas consultados opinan que el gobierno debe hacer una auditoría para verificar que las utilidades de la empresa realmente se hayan reinvertido, pero también tiene derecho a que sus acciones se reevalúen.
La primera auditoría de la Contraloría en más de 23 años de concesión que se hace al puerto, a punto de vencer el contrato, se efectuó hace pocas semanas con el objeto de conocer si las transacciones que se efectuaron se realizaron bajo el marco de la ley y corroborar que las reinversiones efectivamente se hicieron.
En tiempos de pandemia, cuando gran parte de las actividades económicas se detuvieron por el confinamiento, los puertos siguieron funcionando. En 20 años el valor de la empresa debe haber aumentado significativamente.
En un reciente comunicado fechado a principios de enero de 2021, la empresa defiende su política sobre el reparto de dividendos: “Aún y la desfavorable tendencia del sistema portuario regional, hemos seguido aportado cuantiosas sumas de dinero al Estado, siendo el principal contribuyente en concepto de tarifa por movimiento de carga en los puertos nacionales, y esto ha sido posible dada la política financiera adoptada como parte de la estrategia más conveniente de negocio”, dijo Jared Zerbe Presidente Ejecutivo de Hutchison Ports PPC.
Para esta fecha, según la empresa ha invertido $1.5 billones para mejorar el puerto. A juzgar por las declaraciones de los directivos, desde 2017 a 2020, no se han realizado inversiones con una variación en el monto, puesto que los números ofrecidos por Wallace no son muy distintos a los de Zerbe, luego de cuatro años.
La empresa multinacional mantiene actividades en Europa, Hong Kong y Asia. Panamá hace parte del conglomerado pero de forma separada en las operaciones contables y financieras.
Como la empresa no cotiza en la Bolsa de Valores de Panamá, el precio de las acciones deben establecerse mediante una evaluación que implica abrir los libros contables.
El contralor realizó una auditoría a la empresa, en la que reveló que de 1997 a 2019, la empresa obtuvo ingresos acumulados por $4,345,775,000 millones y realizó desembolsos por $3,435,784,000. Lo que resulta una utilidad acumulada al final de periodo de $909,991,000. Para la empresa, el resultado de la auditoría es una especie de carta blanca para poder solicitar su permanencia en Panamá por 25 años más.
Como la empresa no cotiza en la Bolsa de Valores de Panamá, el precio de las acciones deben establecerse mediante una evaluación que implica abrir los libros contables.
Declaró el contralor que al cierre de la auditoría la inversión efectuada por la empresa fue de $1,695,546,955, superando la inversión esperada lo que representa un 69.5%.
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