Sobre la Secretaria Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf), entidad encargada de velar por el cuido de las niñas, niños y adolescentes (NNA) del país, llueven una serie de cuestionamientos sobre la responsabilidad de la entidad ante las denuncias sobre maltratos y abusos a menores de edad.
Los testimonios de las víctimas, recopilados en un informe de la Comisión de la Mujer, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, que describen violaciones, maltratos físicos y abuso sexual contra la población infantil en 14 de los 50 albergues del país horrorizan a una sociedad que no acaba de digerir los relatos.
Como respuesta, la directora de la Senniaf, Mayra Silvera, quien tomó las riendas de la entidad a principios de enero pasado, permaneció en silencio desde que estalló el escándalo el pasado 8 de febrero, se distanció de dicho informe a la espera de los resultados de la investigación del Ministerio Público.
En un comunicado mencionan que acudieron a Las Aldeas Infantiles SOS de la capital, y otros cinco albergues en el área metropolitana que no identifican con nombre. Como un intento para bajar las aguas a nivel, describe que solo uno de los 50 albergues que existen en el país es manejado al cien por ciento por el Estado.
Desde julio de 2019 ocho albergues fueron cerrados por manejos indebidos enfrentando procesos judiciales, se lee en el aviso de prensa.
Este martes, Silvera realizó un recorrido a nivel nacional en diferentes albergues del país en compañía de un equipo técnico de la entidad compuesto por psicólogos y trabajadores sociales, además de miembros de la junta directiva del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá.
En un comunicado mencionan que acudieron a Las Aldeas Infantiles SOS de la capital, y otros cinco albergues en el área metropolitana que no identifican con nombre. Como un intento para bajar las aguas a nivel, describe que solo uno de los 50 albergues que existen en el país es manejado al cien por ciento por el Estado. “El resto, son organizaciones no gubernamentales que toman sus propias decisiones en cuanto a la población que va a recibir y atender”, se lee en la nota.
No obstante lo anterior, como parte de sus funciones, la Senniaf debe dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, a través de la formulación de planes, programas y medidas de protección; con la participación de entidades públicas, organismos privados y la corresponsabilidad de la familia y la sociedad organizada, una misión que parece haber quedado en papel.
La exsubdirectora de la institución y actualmente gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García, en una entrevista otorgada a la comisión legislativa describió que en una ocasión “se tuvo que sacar con pamper a un niño de 9 o 10 años debido a la cantidad de violaciones”.
En dicha comparecencia, la exdirectora de la institución, Sara Rodríguez, indicó que en 6 meses habían cerrado 3 albergues. Enfatizó en la necesidad de reforzar la supervisión, que admitió, ha sido una falencia del sistema.
La exsubdirectora de la institución y actualmente gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García, en una entrevista otorgada a la comisión legislativa describió que en una ocasión “se tuvo que sacar con pamper a un niño de 9 o 10 años debido a la cantidad de violaciones”.
Este medio realizó varias entrevistas con personal relacionado a la Senniaf y con administradores de albergues. Entre sus declaraciones resaltan la falta de presupuesto dirigido a la entidad para poder cumplir con la normativa que se le exige. Aunado a esto, aseguran que el problema no solo debe achacarse a la quien está en el ojo de la tormenta, “pues los niños que llegan a una institución de protección llevan distintos orígenes, no solo es la Senniaf quien lo ingresa, es el Juzgado de Menores o el Mides y cada uno de ellos debe visitar a los niños. ¿Por qué tiene que haber tantos niños institucionalizados si se cuenta con el programa de fortalecimiento familiar que se maneja dentro del Senniaf? Se pregunta uno de los entrevistados, abogado que ha dedicado más de 32 años de su vida al tema de niñez, quien pidió obviar su nombre.
El promedio que pasa un menor institucionalizado es de cuatro o siete años. “Los expedientes en los juzgados deben tramitarse rápido, tomar decisiones de fondo porque se trata de la vida de un pequeño. Hay responsabilidades compartidas, también está el tema de la sociedad en su conjunto”, alega el jurista indignado.
Agenor Rudas, director de Casa Hogar las Américas, abogado y miembro de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia, se queja porque la Comisión Legislativa no les ha dado una copia del informe de 700 páginas que entregó la semana pasada al procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, para su investigación. “Nadie tiene el informe. La comisión no lo ha dado, eso es una dificultad porque impide observar los casos o las instituciones que han estado cometiendo esta clase de hechos en contra de los NNA”, observa.
El abogado no oculta que hayan ocurrido estos hechos, pero tampoco puede asegurarlo porque no ha tenido acceso a la pesquisa. En su albergue, explica, “tomamos las medidas, pero otras personas, otros albergues que no tienen el mismo conocimiento legal porque simplemente están llenos de buenas intenciones, va a permitir que un adulto duerma cerca de un niño. De hecho, mientras existe el ser humano existe el mal, y no solo en la casa hogar, en el mundo”, afirma.
Un reclamo común que se da a lo largo de estas falencias es que no hay dinero para hacer frente a los subsidios que tienen que ver con los niños, añade Rudas. “Si no hay dinero para eso, pero sí para otras cosas, ¿cómo culpar a una institución como única responsable? Hay otras a la par”, señala.
En su albergue cuenta con un psicólogo, trabajadoras sociales, vigilancia y tutorías. “Hay varios niños que han llegado desde temprana edad y se quedan ahí porque el proceso no se cumple, la estadía en la casa hogar debe ser de pronto tiempo, pero no los puedo echar. Hay jóvenes con discapacidad, por ejemplo, que no puedo echar, otros se quedan hasta la etapa adulta y les pagamos los estudios”, manifiesta.
Hay quienes conocen el problema a fondo. Lo viven a diario en sus albergues. Uno de ellos tiene su expresa que todo en Panamá se deja a la suerte, a la deriva. “Las personas que están encargadas de velar por el respeto y los derechos de los niños son muy negligentes, irresponsables. Porque estas cosas no sucedieron ayer, sino desde hace años, las cosas han ido pasando y ahora es que actúan y denuncian, eso se está tomando más en la vía política”, indica.
Enseguida dice indignado que hace más de 10 años se presentó ante la Asamblea Nacional la ley de Protección Integral a la Niñez Panameña, pero los diputados “la tienen engavetada por falta de interés”, sostiene esta persona con más de 25 años de experiencia en el tema de albergues.
La Senniaf cuenta con 101 profesionales técnicos a nivel nacional en ramas de derechos, psicología clínica, trabajo social, sociología y pedagogía, entre otros. De ellos, el 21% están jubilados y no ceden los espacios para nuevos profesionales, que por su condición se les dificulta el trabajo de campo.
“La gente de Senniaf tiene que ponerse a pensar, porque es un problema estructural, hay que hacer una reingeniería y no nombrar por conveniencia política”, sugiere. En este mismo renglón apunta a que no existe “un reglamento que defina los requisitos de psicólogos, trabajadores sociales que trabajan ahí, mismo. Aceptan que funcionen albergues brujos que no tienen idoneidad ni las mínimas necesidades que satisfacen a los niños”. Lo anterior, enfatiza se debe más a negligencia que a la falta de recursos, “es falta de voluntad”, asegura.
Los NNA institucionalizados son personas en riesgo social, abandonados por sus padres, en la calle, que no tienen la alimentación necesaria.
La Senniaf cuenta con 101 profesionales técnicos a nivel nacional en ramas de derechos, psicología clínica, trabajo social, sociología y pedagogía, entre otros. De ellos, el 21% están jubilados y no ceden los espacios para nuevos profesionales, que por su condición se les dificulta el trabajo de campo. El resto tiene más de 10 años de servicio en la institución, lo que refiere a un poco renovación del equipo y carente capacidad institucional para poder ampliar la cartera de personal.
De acuerdo a una entrevista que brindó la exsubdirectora de la Senniaf, Carla García, a la Comisión Legislativa en mención, esa mayoría del personal “lo hemos encontrado la recepción de prácticas que son pocas actualizadas o pocos distantes de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño”, objetivo en el que pretende desarrollar guías técnicas y procedimientos internos.
El Mides otorga a 40 albergues un financiamiento renovable cada dos años para la atención de cierta cantidad de niños. Dicho financiamiento no cubre el 100%, sino un porcentaje. El resto son donaciones de la empresa privada, de la Lotería Nacional o los Municipios.
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