Denuncias sobre malos manejos en ciertos albergues motivaron una investigación que reveló casos de abuso, violencia y maltrato físico en niños, niñas y adolescentes, además de debilidades estructurales en la institución que debe velar por los derechos de la población sin cuido parental, que impiden supervisar y evaluar el trato que se le da a los infantes.
Unicef expresó su "profunda preocupación por las denuncias de abuso contra niños, niñas y adolescentes (AAN) en albergues del país. Renglón seguido, instó a las autoridades panameñas a realizar las investigaciones con la mayor prontitud a fin de determinar los hechos y deslindar responsabilidades teniendo como prioridad la atención de las víctimas del delito y la protección que requiere dicho grupo etáreo sin cuido parental.
La entidad internacional recordó al Estado panameño que los infantes y adolescentes que se encuentren en albergues están bajo la protección del Estado. En este sentido, lo insta a contar con una ley que garantice la protección integral de los menores como se ha reiterado en oportunidades anteriores.
ANTECEDENTES
El 19 de agosto de 2020 la subcomisión en mención, integrada por las diputadas Yesenia Rodríguez, Walkiria Chandler y Petita Ayarza, iniciaron una investigación sobre el funcionamiento y desempeño de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en específico su responsabilidad como rector en temas de niñez en el país a razón de denuncias públicas efectuadas en medios de comunicación sobre posibles maltratos y abusos en contra de menores albergados en centros bajo supervisión de Senniaf.
Entre los principales hallazgos, se evidenció que la desprofesionalización en Senniaf repercutió negativamente sobre la capacidad de intervención de los funcionarios que ahí laboran, ya sea porque son trasladados constantemente sin aparente razón en base a su experiencia -lo que aparenta ser producto de contradicciones personales o políticas- o porque hay un divorcio en la gestión técnica y administrativa, un distanciamiento entre lo que se piensa y hace desde el despacho superior y el resto de las unidades administrativas, así como en las capacidades reales de la sede principal de Panamá y el resto de las regionales.
Muchos albergues son de corte religioso. A nivel nacional aparecen albergues sin que el Senniaf conociera de su existencia. El 90% de los centros visitados no cuentan con un recurso humano especializado en trabajo con niños, niñas y adolescentes. Pocos de ellos son de administración estatal y/o patronatos. Los más comunes son aquellos cuyo objetivo es la supuesta protección y el acogimiento por época escolar.
En otro punto, recoge el informe, la falta de protocolos de abordajes de situaciones, manuales de intervención, diagnóstico y evaluación que debe garantizar la entidad a sus funcionarios y exigir a las fundaciones que administran los albergues. Los funcionarios de Senniaf que atienden el tema lo hacen en base a su experiencia y no en función de protocolos, lo que demuestra el debilitamiento de la institución.
Muchos albergues son de corte religioso. A nivel nacional aparecen albergues sin que el Senniaf conociera de su existencia. El 90% de los centros visitados no cuentan con un recurso humano especializado en trabajo con niños, niñas y adolescentes. Pocos de ellos son de administración estatal y/o patronatos. Los más comunes son aquellos cuyo objetivo es la supuesta protección y el acogimiento por época escolar.
El documento no señala aquellos albergues donde se presentaron abusos. No obstante, expresa que en las condiciones descritas, es difícil que Senniaf pueda cumplir los objetivos de la institución con más certeza, además en el tema de la violencia contra los menores en los albergues no hay una correspondencia entre lo teórico y lo práctico.
Las denuncias hicieron alusión a la Fundación de Atención Integral Chilibre-Panamá, que administraba el albergue de Tocumen hasta agosto de 2020 y que recibía $50 mil mensuales del Ministerio de Desarrollo Social. En las semanas sucesivas se recibieron más denuncias sobre manejos irregulares.
Senniaf no cuenta con un verdadero sistema nacional de información gerencial sobre niñez y adolescencia, ni con una estrategia orientada a producir investigaciones que le permitan tomar decisiones basadas en evidencias, lo que muestra la debilidad institucional que de igual forma le impide realizar evaluaciones sobre la condición de la población, y por ende hacer los correctivos necesarios. Es decir, la autoridad estatal que vela por los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que no tienen padres, no cuenta con las herramientas para hacer su función, ya sea por debilidades en el ámbito administrativo o profesionalización del personal que trabaja en la institución y porque en el país no existe una ley que enmarque de forma integral la protección a esta población.
Lo anterior pone en blanco y negro la necesidad de contar con una política y programas que velen por los derechos de esta población desde el Estado o la sociedad civil con un enfoque intersectorial.
Rodríguez indicó que había 942 niños, niñas y adolescentes albergados a nivel nacional. De ellos, el 49% está bajo la tutela de la institución, el 24% a órdenes de los Juzgados de Niñez, un 17% bajo tutela de familiares y el 8% bajo el paraguas del Mides, un 2% estaba en hospitales.
Con miras a esclarecer los hechos, la subcomisión envió un cuestionario de 38 preguntas a las licenciadas Sara Rodríguez y Carla García, directora y subdirectora del Senniaf respectivamente.
Rodríguez indicó que había 942 niños, niñas y adolescentes albergados a nivel nacional. De ellos, el 49% está bajo la tutela de la institución, el 24% a órdenes de los Juzgados de Niñez, un 17% bajo tutela de familiares y el 8% bajo el paraguas del Mides, un 2% estaba en hospitales.
De ese total, 60 se encuentran en adoptabilidad y 882 en protección. Añadió que un menor permanece institucionalizado en promedio 4.5 años, pero en ese periodo incluyen aquellos que ingresan por época escolar. Si el cálculo se efectúa sólo a nivel de niños y niñas que ingresan por riesgo social, el promedio se eleva a 7.5 años. En este sentido, el 74.2% de los menores está en edad escolar de 5 a 17 años; el 25.6% en la etapa de primera infancia (0 a 4 años). De otro porcentaje, 0.21% no se tiene datos de edad y del total que están en edad escolar, un 85% tiene acceso al sistema educativo y el resto no.
De ese 14% que no tiene acceso al sistema educativo se encuentran adolescentes embarazadas, niños en condición de discapacidad, transitoriedad y recién ingreso.
En el caso de la violencia a NNA se puede manifestar en distintas dimensiones, directa, estructural o simbólica, escenarios como la familia, la escuela, la comunidad, lugares públicos, espacios de explotación, territorios, medios de comunicación, y en diferentes tipos como castigo físico, explotación laboral, violencia sexual, acoso. Las consecuencias de lo anterior generan profundas afectaciones psicológicas, emocionales, físicas y económicas en las víctimas y sus familias.
La complejidad de lo anterior impide atacarse de forma integral por los marcos teóricos que desde la institucionalidad del Estados son utilizados para construir las plataformas normativas y políticas públicas para atenderse.
CULTURA DE VIOLENCIA
Panamá a pesar del crecimiento económico que mostró entre el año 2007 y 2012 es el sexto país más desigual del planeta, lo que ha empezado a manifestarse en las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminales. Según los datos aportados por esta institución, se ha dado un aumento sistemático en los delitos de violación y estupro, triplicándose los mismos en la última década. Para el año 2010 se reportaron además 607 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Para el año 2018 se reportaron 2,156 casos de acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18; 361 casos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas ilícitas; y 2811 casos de maltrato de niños, niñas o adolescentes.
Territorialmente hablando, las provincias donde más se concentran los casos de violencia contra esta población son Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Colón, que a su vez tienen el mayor producto interno bruto per cápita del país, lo que evidencia que el crecimiento económico no se traduce en bienestar humano.
Sin duda, la situación es grave. Si operativamente aglutinamos todos los delitos contra el orden familiar (incesto, violencia doméstica, sustracción de menores, incumplimiento de deberes familiares y maltrato al menor, pornografía infantil y estupro) en una sola categoría, dando por sentado que esconden algún tipo de violencia contra los NNA, estas cifras aumentarían exponencialmente.
Territorialmente hablando, las provincias donde más se concentran los casos de violencia contra esta población son Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí y Colón, que a su vez tienen el mayor producto interno bruto per cápita del país, lo que evidencia que el crecimiento económico no se traduce en bienestar humano.
Otro hallazgo que quedó de manifiesto es que metodológicamente, los entes responsables de realizar este tipo de estudios no brindan atención a este grupo diferenciándolo de otras categorías. Una situación que impide medir la magnitud real de los fenómenos que involucran a esta población. A esto se suma una cultura pobre de denuncia en el país, sobre todo en temas que pueden exponer la intimidad de las personas. Es razonable pensar que en el caso de las estadísticas de violencia contra la niñez y adolescentes hay un subregistro.
De tal forma que a partir de la denuncia, la diputada Zulay Rodríguez, miembro de la Comisión legislativa, acompañada de las integrantes de la subcomisión y el equipo técnico, procedieron a establecer un plan de trabajo que orientara la investigación con el fin de corroborar los hechos sobre posibles violencias, abusos y vulneración de derechos en NNA albergados. Aunado a esto, establecieron un análisis y diagnóstico sobre la responsabilidad que recae en el Senniaf que ha puesto en cuestionamiento en el marco de las denuncias.
La subcomisión se valió del método etnográfico sumado a entrevistas semi estructuradas y grupos de discusión después del hecho. Esto parte de la tesis de que la conducta humana puede estar influenciada por el medio, las tradiciones, las funciones, valores, normas de ambiente que se interiorizan paulatinamente y guían hasta determinar la conducta del individuo. Es una conducta variable que depende de múltiples factores en el tiempo, las circunstancias, por lo que la investigación debe contemplar esta realidad.
Citan al sociólogo noruego Johan Galtung, como uno de los maestros sobre el impacto de la violencia en los menores, precursor del concepto violencia estructural, que brinda una mirada amplia al ámbito privado e íntimo de la relación entre el Estado, la sociedad y la naturaleza.
La subcomsión realizó visitas a albergues en Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Coclé. La información secundaria se registró a través de pesquisas y luego un análisis documental de informes técnicos e investigaciones sobre la situación de la niñez realizada por instituciones nacionales e internacionales. De igual forma, recogieron informes del personal de Senniaf involucrado en denuncias e informes de la sociedad civil.
Citan al sociólogo noruego Johan Galtung, como uno de los maestros sobre el impacto de la violencia en los menores, precursor del concepto violencia estructural, que brinda una mirada amplia al ámbito privado e íntimo de la relación entre el Estado, la sociedad y la naturaleza.
Es la violencia directa la que se concreta en comportamientos individuales y responde a actos como la violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que impiden la satisfacer necesidades y niega las mismas. La violencia cultural legitima a la violencia estructural y la directa. Se manifiesta a través de símbolos, religiones, ideologías, arte, ciencia, leyes, medios de comunicación y otros.
Lamentable todo esto basta.ya.pa
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