Contraloría inició dos autorías por Senniaf

De las auditorías se pueden desprender presuntos delitos penales, patrimoniales (que derivan en la recuperación de fondos) y administrativo, cuya sanción máxima es el despido.

La Contraloría General de la Nación inició dos autorías para esclarecer, tanto el uso de fondos del estado en los albergues, así como el desempeño del personal de las entidades regentes en el tema.

Yonel De La Cruz, director Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense, explicó que bajo su dirección se realiza una “auditoría forense para sustentar irregularidades en el manejo de fondos y bienes públicos”.

La misma obedece a solicitud que efectuaron la Fiscalía de Cuentas y el Defensor del Pueblo, que motivó una resolución del Contralor, Gerardo Solís, para instruir a la dirección mencionada a ejecutar inspecciones al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entidad que desembolsa los subsidios a los Albergues, y a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) que otorga fondos a través de personal técnico para que apoye a los diferentes albergues.

En este último caso, que ya está en marcha, se pretende dilucidar si el personal de la Senniaf asignado a los albergues cometió faltas bajo anuencia, que pueden calificarse como omisión de funciones.

Aunado a la auditoría forense, el Contralor solicitó una auditoría de desempeño que evaluará las funciones y la gestión del Mides y Senniaf para identificar los hallazgos que presentó la subcomisión de la Comisión de Niñez, Adolescencia, Mujer y Familia de la Asamblea Nacional con el objeto de determinar por qué se dieron estas anomalías y evitar que se vuelvan a cometer en el futuro. Éste último punto se relaciona con la gestión que debió realizar el personal y cómo afectó su trabajo en los hallazgos que presentó dicha subcomisión a mediados de febrero pasado.

El desempeño de los trabajadores, de acuerdo con De La Cruz, se mide bajo los “manuales de funciones que rigen en ambos ministerios en comparación con la verificación de que éstos se cumplan”. Los mismos, añadió, tienen un objetivo, al igual que la institución tiene una misión, es velar para garantizar la protección a la niñez y la familia. “Para eso deben tener funcionarios capaces”, indicó el funcionario con 40 años de experiencia.

De las auditorías se pueden desprender presuntos delitos penales, patrimoniales (que derivan en la recuperación de fondos) y administrativo, cuya sanción máxima es el despido.

Lo que se busca en cuanto a la gestión de los funcionarios del Mides y Senniaf, es presentar un manual de las buenas prácticas en el manejo de los albergues que sea elaborado conjuntamente con los entes regentes y la sociedad civil. Los interesados pueden hacer sus aportes al correo electrónico yoneld@contraloría.gob.pa