El fiscal afirmó que el 30% del total de las acciones de Epasa están a órdenes del Tesoro Nacional. Pidió llamamiento a juicio para 25 personas y sobreseimiento para 9
Emeldo Márquez, fiscal Superior Primero Contra la Delincuencia Organizada.
Emeldo Márquez, fiscal Superior Primero Contra la Delincuencia Organizada, indicó a La Estrella de Panamá que este 18 de marzo el despacho presentó la vista fiscal en el Juzgado Tercero Liquidador el expediente conocido como New Business.
En dicha investigación, según Márquez, se determinó que se dieron pagos a contratistas del estado y que estos con posterioridad fueron enviados a personas jurídicas que tenían cuentas y fueron a parar a la cuenta de New Business que a su vez fue utilizada para la compra del medio de comunicación.
De la investigación se desprende que se dieron pagos del Estado en una cuenta bancaria offshore que recibió y agrupó dinero cuya procedencia estaba vinculada a actividades contra la administración pública, por el supuesto origen ilícito de la plata, y de esta bolsa se adquirió un medio de comunicación.
El caso conocido como el New Business, determinó que el dinero que provino del estado, lo que permitió la recuperación de $9,2 millones que han sido puestos a órdenes del Tesoro Nacional, suma que la fiscalía identifica como el 30% de las acciones del medio rotativo Epasa.
“El dinero está a órdenes del Estado panameño y representa el 30% de las acciones del grupo”, indicó el fiscal. Concluyeron que se trata de dicho porcentaje por las pesquisas que realizó el despacho, “el monto guarda relación con la totalidad del pastel accionario”, respondió el fiscal ante la pregunta de este medio que intentaba conocer las averiguaciones que lograron determinar dicho porcentaje de la totalidad de las acciones corporativas.
Márquez no entró en detalle de cómo la fiscalía comprobó la cifra, “son detalles que se encuentran en la investigación y serán ventilados ante el tribunal correspondiente”, respondió.
No obstante, $9.2 millones de $43 millones, representa aproximadamente un 12% y no el 30%. Ante esto, una fuente del Ministerio Público explicó que “los $43 millones representa la totalidad del dinero que se reunió en la cuenta, y de ahí se adquirió el medio que tuvo un costo aproximado de $30 millones”.
Márquez no entró en detalle de cómo la fiscalía comprobó la cifra, “son detalles que se encuentran en la investigación y serán ventilados ante el tribunal correspondiente”, respondió.
No obstante, insistió en que se efectuaron las diligencias correspondientes, se obtuvo la información y se recuperó el porcentaje que ha pasado al estado.
Aparentemente las acciones fueron entregadas a la fiscalía como parte del acuerdo de pena que efectuaron una o dos personas procesadas, acción que la fiscalía califica como una recuperación del dinero en el plazo legal que le corresponde al Ministerio Público.
“El monto de $43 millones representa lo que se recolectó para el medio de comunicación”, dijo el fiscal, cifra que sustentará ante los tribunales, que antes de llamar a audiencia preliminar, deberán verificar los 161 tomos que conforman la investigación.
Un proceso que promete ser largo y tedioso debido a que la pesquisa se efectuó cuando el sistema inquisitivo mixto se encontraba vigente. Dicho esto, una vez que el Juzgado Tercero Liquidador haya completado el proceso de verificación de folios, las partes intervinientes podrán accionar con distintos recursos legales que deberá resolver en primera instancia el mencionado juzgado, o el tribunal Superior, en caso de apelación.
Carlos Carrillo, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, quien tiene participación en el periódico, manifestó que su cliente mantiene el principio de especialidad y en ese sentido se encuentra a la espera del pronunciamiento de los tribunales. Añadió que inmediatamente tenga acceso a la vista fiscal podrá emitir declaraciones sobre el tema.
“El monto de $43 millones representa lo que se recolectó para el medio de comunicación”, dijo el fiscal, cifra que sustentará ante los tribunales, que antes de llamar a audiencia preliminar, deberán verificar los 161 tomos que conforman la investigación.
Los especialistas en derecho estiman que la audiencia preliminar para este caso tardará años en celebrarse, tal como ocurre con otros procesos similares como el caso conocido popularmente como “granos” que desde 2015 no ha logrado reunir a los sindicados para efectuar la audiencia preliminar.
La fiscalía llamó a juicio a 25 personas y pidió sobreseimiento para otras nueve, todas investigadas por la presunta comisión del Delito Contra el Orden Económico, modalidad de blanqueo de capitales.
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