"Existen grupos interesados en que los derechos de los niños no se cumplan"

La relatora sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH, Esmeralda Arosemena, se refiere a los grupos conservadores que no velan por el mejor interés de la niñez, en la sociedad que ha naturalizado la violencia

La propuesta contenía un Sistema de Garantías para la Protección Integral de los Derechos de los Niños con exigencia de una Política Pública a Favor de la Niñez, basada en una arquitectura institucional articulada, con responsabilidades definidas en la ley, incluyendo el presupuesto de inversión, pero nunca se logró.

En Panamá “existen grupos interesados en que los derechos de los niños no se vean como tal. Estos grupos conservadores, que cuestionan que el país no tenga cumplir con la Convención de los Derechos del Niño, en los que incluso hay abogados, pero en la visión de la niñez no hay prioridad”, señala la Relatora sobre los Derechos de la Niñez, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

Por esta razón, a su juicio, se ha arrastrado el tema que hoy ha tomado una relevancia mediática importante a raíz de los casos de abuso sexual y maltrato que han salido a la luz. Sin embargo, seis años atrás, recuerda la magistrada, ella misma intentó, de la mano de Unicef, pasar en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que contemplaba un abordaje integral a la atención de esta población, con un compromiso de una visión de sus derechos, articulación institucional y “eso las instituciones no lo quieren”, exclama Troitiño.

El proyecto no pasó, lo ignoraron, dice la jueza, bajo el argumento de que se le restaba autoridad a los padres. En cambio, añade, no se preocuparon de todos los padres que abusan y violentan a sus hijos de múltiples formas.

La propuesta contenía un Sistema de Garantías para la Protección Integral de los Derechos de los Niños con exigencia de una Política Pública a Favor de la Niñez, basada en una arquitectura institucional articulada, con responsabilidades definidas en la ley, incluyendo el presupuesto de inversión, pero nunca se logró.

Hay varios aspectos a analizar en este complejo escenario que hoy centra la mirada de una sociedad que clama por justicia para los responsables y cambios en cuanto a la respuesta del estado hacia la niñez. El primero es partir del hecho de que los casos sobre víctimas de abuso o maltrato a menores son producto de una naturalización de la violencia. Es decir, del comportamiento de un padre o madre que a su vez sufrió la misma experiencia y emplea la violencia es la respuesta.

“La voz de los niños no se escucha. No son grupos de presión, son grupos sometidos y con el supuesto de la pantalla de que las familias no sirven les quitamos los hijos. La pregunta es: ¿qué hemos hecho con esas familias? ¿por qué esas familias están llenas de violencia?”, se pregunta la magistrada.

Otro aspecto a considerar es que las instituciones estatales encargadas de velar por el tema de la niñez han servido a los distintos gobiernos para hacer nombramientos políticos y el personal no necesariamente esespecializado en temas de Niñez.

“Revisemos el personal que ahí trabaja, debe ser idóneo, profesional para el manejo de una temática, no cualquiera puede ir para allá, y no es ahora que hay informes ante el Ministerio Público”. Nombramientos por amiguismo impiden una gestión eficaz.

Un tercer factor que analiza la relatora es que la ley no exige responsabilidades, por eso al momento de que sucedan los hechos sea posible la exigencia de la responsabilidad.

La supervisión de los albergues, dice Arosemena, debe ser permanente y se debe evaluar psicológicamente al personal que trabaja en ellos. Arosemena no concibe, bajo ninguna excusa, el hecho de que existan albergues sin permiso, o que operen con el permiso suspendido temporalmente. “Hay que cerrarlos, y si la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) no tiene alternativas en otros centros, debe crear uno propio como respuesta del estado hacia los menores”.

Aunado a lo anterior, existe una verdadera y real necesidad de evaluación de los centros con una exigencia de responsabilidades, no solo para el Senniaf, sino el hogar donde han estado los niños, y los dirigentes del centro donde hubo abuso.

Otro de los factores que impide una adecuada gestión sobre la política integral de la niñez, es que se regentan con  varias instituciones que velan por esta población pero que actúan como islas. Por un lado está la Senniaf, el Ministerio de Desarrollo Social y los Juzgados de Menores. Cada uno con sus carencias, burocracia, falta de presupuesto que obstaculizan la gestión. Pero no existe un ente rector en la materia, “que tenga una jerarquía para darle nivel. Hay gente con intereses. Lamentablemente esto es así. Son intereses políticos o económicos, lo que quieras”, se lamenta de Troitiño.

Con respecto a la falta de nombramiento de personal y de recursos económicos en los juzgados, a criterio de Arosemena, cada juez tiene un compromiso para resolverlos. “Si no tengo los elementos tengo que denunciar lo que está pasando. Es priorizar los temas. Pero la niñez no es un tema relevante, hasta ahora, porque hay un impacto mediático. Entonces nos sacudimos, pero cuidado con los impactos mediáticos que pueden ser una cortina de humo”, advierte.

Aunado a lo anterior, para que Senniaf funcione adecuadamente, “debe tener una plataforma, no una oficinita, sino una plataforma de la visión de integralidad de los derechos”, añade la magistrada. Trabajar en una política de prevención no de reacción y que no actúe como la única responsable, sino en conjunto otros ministerios como Salud, Desarrollo Social, Vivienda, Educación, porque la familia necesita una respuesta integral”, concluye Arosemena.