La Defensoría del Pueblo detectó una serie de carencias en 44 albergues visitados a nivel nacional, que pueden resumirse en falta de personal idóneo para el cuido de los niños, niñas y adolescentes (NNA); la falta de acompañamiento de las dependencias que deben velar por sus casos; así como poca asistencia de las diferentes instituciones como el Ministerio de Educación, Salud, Desarrollo Social y el Instituto Panameño de Habilitación Especial en el cuido de los menores.
Una de las palabras recurrentes de los entrevistados por el personal de la Defensoría fue el poco acompañamiento y seguimiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Juzgados de Familia, Ministerio Público y demás autoridades competentes en las gestiones y trámites pendientes, por lo que los niños y adolescentes llegan a la mayoría de edad y aún se mantienen institucionalizados. Los menores pasan de 3 a 5 años institucionalizados en vez semanas o meses.
Lo anterior se desprende del informe preliminar efectuado a 44 albergues a nivel nacional en donde se realizaron entrevistas con el personal que se relaciona con los NNA.
La Defensoría contabilizó 976 niños institucionalizados, este dato incluye a jóvenes adultos que se han mantenido en los centros por no contar con alternativa familiar.
En los albergues panameños hay 14 migrantes cuya condición debe analizarse detenidamente según la nacionalidad, ya que la mayoría de ellos llega al Istmo sin documentación, acompañados de adultos que no son sus padres, ya sea porque han sido encargados a terceros en su ruta hacia el Norte, o porque su padre o madre mueren en la selva del Darién, provincia fronteriza con Colombia, un paso casi obligado para llegar a Estados Unidos.
De esta población 365 son niños, 303 niñas, 88 adolescentes masculinos 163 femeninas, 36 adultos masculinos, y 20 mujeres adultas. De ellos, se identificó una población de 133 menores con discapacidad.
En los albergues panameños hay 14 migrantes cuya condición debe analizarse detenidamente según la nacionalidad, ya que la mayoría de ellos llega al Istmo sin documentación, acompañados de adultos que no son sus padres, ya sea porque han sido encargados a terceros en su ruta hacia el Norte, o porque su padre o madre mueren en la selva del Darién, provincia fronteriza con Colombia, un paso casi obligado para llegar a Estados Unidos.
La mayoría de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues han presentado situaciones de abandono, abuso, y trastorno mental. Sus rostros reflejan incertidumbre, tristeza, inseguridad, ansiedad, desconocen cuánto tiempo permanecerán en el albergue además de sus derechos.
En cuanto a la educación, todos se han incorporado al sistema, pero de los 44 albergues, 10 tienen población con alguna discapacidad física o cognitiva y han contactado al IPHE para su atención.
Solo 13 de los 44 centros de cuido cuentan con personal técnico, trabajadores sociales, nutricionistas y personal de salud para la intervención de los menores, el resto carece de estos especialistas.
Solo una docena de los albergues han capacitado previamente a su personal.
En cuanto a la educación, todos se han incorporado al sistema, pero de los 44 albergues, 10 tienen población con alguna discapacidad física o cognitiva y han contactado al IPHE para su atención.
Una queja generalizada es la falta de documentación con la que son recibidos los menores en los albergues. En este sentido, se refiere a salud, educación o genealogía.
De los centros visitados por la Defensoría, 8 preparan dietas distintas para la población especial.
A raíz de lo anterior, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, efectuó una serie de recomendaciones a acatarse por las diferentes entidades y entregó los hallazgos al Alto Comisionado de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori.
De los centros visitados por la Defensoría, 8 preparan dietas distintas para la población especial.
Entre estas sugerencias, una dirigida a la Senniaf consiste en cambiar el modelo de albergues para otorgar una adecuada atención y reinserción de los NNA; que tanto el Mides como el Senniaf fortalezcan mecanismos de seguimiento a la utilización de subsidios otorgados; fortalecer los procesos dirigidos a regularizar y dar seguimiento a la situación de los albergues, así como agilizar los procesos para la desinstitucionalizar a los menores de los centros.
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