Se trata de asuntos relacionados a pensiones alimenticias, derecho a la salud, educación, vivir sin violencia entre otros. No obstante, hay dos proyectos que pretenden convertirse en ley integral que vele por los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Entre las iniciativas legislativas planteadas, hay dos que pretenden convertirse en políticas públicas para la protección de los derechos humanos de los NNA. Uno es encabezado por el diputado Héctor Brands y el otro de la diputada Corina Cano, ambos respaldados por un respectivo nutrido grupo de diputados.
En la Asamblea Nacional existen 18 iniciativas, entre proyectos y anteproyectos de ley, relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Sin duda, el tema de los abusos y maltratos a esta población en centro de cuidado temporal o albergues, despertó el interés de los diputados que han redactado propuestas entre las que se incluye el apoyo económico a estas instituciones sujetas a la supervisión de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, encargada de velar por los derechos de esta población a través de diferentes vías, además inquietudes como la pensión alimenticia, el derecho a la salud, la educación, rehabilitación de jóvenes con adicciones, hogares de acogida temporal, entre otras (ver tabla).
No obstante, la coyuntura, de acuerdo a especialistas consultados, debe ser una oportunidad para redactar un proyecto integral centrado en los derechos de NNA en la que retirar a un niño de su seno familiar sea una de las últimas alternativas. Partir de la premisa que el niño es un ciudadano al que poco se escucha. Usualmente los abogados de familia tienen la mirada puesta en un patriarcado o matriarcado, pero como ciudadano, algunas corrientes consideran que el menor también debe aportar a la discusión y ser guiado para que tenga una participación activa.
“Otra cosa indispensable que debe incluirse en la política a abordar, es ampliar el fortalecimiento familiar y vivir con la familia de origen, la familia pueda cumplir su rol, y el tercero, la corresponsabilidad para poder atender las necesidades, como el estado da respuesta a las necesidades”, indicó la abogada Marina Pérez del grupo Aliados por la Vida.
En la discusión de este parámetro que intenta velar por los derechos de NNA, han surgido varias propuestas legislativas. En 2018 fue la última. Se redactó de la mano de Unicef y la hoy magistrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño. No obstante, murió en la cuna.
Sobre aquella experiencia Troitiño echa la culpa a los grupos fundamentalistas que rechazaron ciertos artículos que calificaron de polémicos.
Uno de ellos relacionado al principio de autonomía progresiva mediante el cual establece que los NNA, como sujetos de derechos, tienen la facultad para ejercer sus derechos por sí mismos, según la evolución de sus facultades, edad, madurez, correspondiéndole a su padre, madre o persona responsable de su formación y prepararlos para logren ejercerlos responsablemente por sí mismos.
El proyecto del diputado Héctor Brands intenta recoger la esencia de lo discutido hace tres años en la Asamblea. La propuesta se compone de 47 artículos divididos en cinco capítulos, y su esencia es muy parecida a la del proyecto de 2018, cercenando los puntos que podrían causar rechazo por ciertas corrientes.
LAS PROPUESTAS DE BRANDS Y CANO
Ahora bien, entre las iniciativas legislativas planteadas, hay dos que pretenden convertirse en políticas públicas para la protección de los derechos humanos de los NNA. Uno es encabezado por el diputado Héctor Brands y el otro de la diputada Corina Cano, ambos respaldados por un respectivo nutrido grupo de diputados.
El proyecto del diputado Héctor Brands intenta recoger la esencia de lo discutido hace tres años en la Asamblea. La propuesta se compone de 47 artículos divididos en cinco capítulos, y su esencia es muy parecida a la del proyecto de 2018, cercenando los puntos que podrían causar rechazo por ciertas corrientes.
El proyecto, no obstante, no asigna funciones y responsabilidades a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). No lo integra como parte del Esquema o Sistema, y carece de un mecanismo de coordinación, articulación y participación de esta dependencia.
Define once principios de derechos humanos de la población como parte de los fundamentos garantistas que velan por los NNA. Detalla sus en una serie de articulados los derechos y deberes entre los que relatan los derechos a educación, salud, desarrollo, protección, a una vida sin violencia, a estar protegido en el espacio virtual. En cuanto a protección de sus derechos, el artículo 16 involucra a varias instituciones del Estado como garantes de los derechos según sus competencias, el deber de adoptar políticas, programas, medidas y atención para la promoción, protección y restitución de derechos.
El proyecto, no obstante, no asigna funciones y responsabilidades a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). No lo integra como parte del Esquema o Sistema, y carece de un mecanismo de coordinación, articulación y participación de esta dependencia.
Brands propone crear una Comisión Multisectorial del Gabinete Social encargada de organizar la agenda, la comunicación y seguimiento de los acuerdos, lo cual llevará a cabo con el apoyo de la Unidad Técnica Especializada de Niñez y Adolescencia en atención a las directrices y decisiones tomadas por el Gabinete Social.
Sin embargo introduce la figura del gobernador como parte del Comité Provincial, y propone la creación de unidades municipales (10) y comarcales de niñez y adolescencia, como enlace local para la articulación de acciones en el ámbito municipal en el marco del Sistema de Garantías y protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
No obstante, no se especifica que dicho enlace deba tener conocimientos del tema de NNA, por lo que puede caer en el botín de nombramientos políticos.
El de Cano, por su parte, consta de 568 artículos divididos en cinco capítulos. Es un proyecto denso apegado más al Código de Familia con un matiz más judicializado en cuanto al procedimiento de métodos alternos de conciliación de conflictos y medidas cautelares, por ejemplo.
Las oenegés y sociedad civil organizada “que se dedique a la promoción de los derechos de la niñez” participarán en forma de organizaciones sin fines de lucro que serán electas por el gobernador para trabajar en los Comités de cada provincia. Ideas que atribuyen a gobernadores funciones alejadas de su gestión en temas sensitivos.
El de Cano, por su parte, consta de 568 artículos divididos en cinco capítulos. Es un proyecto denso apegado más al Código de Familia con un matiz más judicializado en cuanto al procedimiento de métodos alternos de conciliación de conflictos y medidas cautelares, por ejemplo.
En este anteproyecto se retornaría al Órgano Judicial el proceso y administración de protección de los menores, lo que judicializa los problemas de la niñez, es decir, se recarga en gran parte en el Órgano Judicial como herramienta para velar por los derechos de los NNA.
En esta propuesta se sugiere la creación de Fiscalías de Niñez y Adolescencia por cada juzgado de circuito. Con el mismo tono crea los juzgados Municipales y de circuito, para esta población.
En este anteproyecto se retornaría al Órgano Judicial el proceso y administración de protección de los menores, lo que judicializa los problemas de la niñez, es decir, se recarga en gran parte en el Órgano Judicial como herramienta para velar por los derechos de los NNA.
La supervisión de la Senniaf queda resumida en el artículo 199: “El fiel cumplimiento de los deberes del acogente y las condiciones en que se encuentra el acogido serán periódicamente supervisadas por la Senniaf”.
Ambos anteproyectos, el de Brands y Cano, que deberán discutir en esta semana en la Asamblea Nacional, intentan convertirse en leyes integrales enfocadas en la protección de los derechos de la NNA y para ello se basan en artículos de la protección integral de la población. No obstante, carecen de la articulación de un sistema interinstitucional que velará por esta población y la forma en que se establecerá una coordinación con los gobiernos locales para que la política alcance a todos los niveles. En todo caso, crear una oficina con estas características para que tenga la función de coordinar las acciones entre las instituciones y el estado pueda responder de forma eficiente a las necesidades de vivienda, salud, educación, económicas, y de cualquier otra índole.
Ambos proyectos no entran en materia tan detallada en el proceso intervención del Estado como soporte para la familia que debe subsanar los problemas o causas que originaron la salida del menor, sino que contempla una lista de derechos a la vida, salud, educación, vivienda.
De igual forma, ambos proyectos no entran en materia tan detallada en el proceso intervención del Estado como soporte para la familia que debe subsanar los problemas o causas que originaron la salida del menor, sino que contempla una lista de derechos a la vida, salud, educación, vivienda.
Ambas iniciativas no contemplan el uso de un fondo especial que corresponde a la dirección de subsidios ni cómo debe emplearse y fiscalizarse.
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