El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un resumen ejecutivo del informe sobre derechos humanos en Panamá en el que resalta las prácticas de corrupción en las compras de ventiladores requeridos para atender las necesidades de la pandemia. El documento hace una radiografía del sistema penitenciario en el que asegura que las cárceles están dominadas por pandillas y líderes evangélicos auto designados que cobran a los privados de libertad para tramitar recursos legales u otro tipo de servicios. En cuanto al sistema judicial, señala la sospecha de que el sistema pudiera favorecer a cualquiera de los dos expresidentes que están siendo investigados, Ricardo Martielli y Juan Carlos Varela, por funcionarios que muestran su lealtad.
Ambos sistemas, tanto el inquisitivo como el Sistema Penal Acusatorio, mostraron vulnerabilidad a la corrupción, ineficiencias y obstáculos burocráticos.
El reporte también recoge la falta de transparencia que prima en las filas de la policía especialmente en cuanto a las denuncias por prácticas de corrupción de sus unidades, y el secretismo que existe al no divulgar los casos de investigación interna o la sanción implementada a la unidad denunciada.
TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES
El documento resalta la impunidad entre las fuerzas de seguridad debido a los débiles mecanismos de control interno y el cumplimiento. La fuerza de seguridad más grande del país, la Policía Nacional, aunque mantiene una oficina de asuntos internos en la que se deben dilucidar los actos de corrupción, abuso de autoridad o tratos inadecuados, es responsable de hacer cumplir las violaciones de conducta, pero ha abandonado los esfuerzos para modernizar la gestión. Rara vez se hacen públicos los casos de abuso o corrupción policial y la Dirección Nacional de Estadísticas Penales no fue capaz de proporcionar datos sólidos sobre asuntos internos de la policía, lo que dificulta la medición del alcance de la impunidad. No obstante, las autoridades han capacitado a sus fuerza para evitar que caigan en manos de los carteles y la corrupción.
PANDILLAS Y EVANGÉLICOS CONTROLAN LAS CÁRCELES
Los centros penitenciarios panameños no han podido superar el tema de hacinamiento, la seguridad interna y la escasez de guardias penitenciarios y los servicios médicos, además las condiciones sanitarias son inadecuadas.
El sistema aloja a 17,895 reclusos en instalaciones con capacidad para 14,591 personas. Una de las falencias es la clasificación de los privados de libertad, ya que aquellos en prisión preventiva comparten celdas con los condenados debido a las limitaciones de espacio.
Problemas que arrastra el país por décadas y que resalta el informe como parte de las insuficiencias que debe mejorar el país.
El sistema aloja a 17,895 reclusos en instalaciones con capacidad para 14,591 personas. Una de las falencias es la clasificación de los privados de libertad, ya que aquellos en prisión preventiva comparten celdas con los condenados debido a las limitaciones de espacio.
Los pastores evangélicos y los líderes de pandillas controlan los pabellones dentro de las cárceles. En este sentido las fuentes consultadas por los redactores del reporte indicaron que percibían un favoritismo hacia los reclusos evangélicos que se autodesinan como líderes de pabellones de prisión. Esta situación aflora debido a la corrupción dentro del sistema, lo que probablemente requiere de la colaboración de la policía o de los custodios civiles. Los líderes son quienes a menudo aprueban el pago de sobornos para obtener transferencias expeditas o acceso a sus asesores legales.
La actividad de las pandillas, indica el reporte, representan una amenaza diaria para la seguridad de los presos. Hay una gestión deficiente de la seguridad penitenciaria que contribuyó a que se registre una masacre en diciembre de 2019 en el centro La Joyita, que provocó la muerte de 13 internos y 14 heridos. La introducción de armas de grueso calibre, como las AK 47 y otras armas de fuego, que se emplearon en este incidente, se introdujeron con la complicidad de los estamentos de seguridad, relata el informe.
En septiembre de 2020, un total de 2,134 internos se contagiaron del virus de la Covid-19. De ellos, las autoridades pusieron a 923 en arresto domiciliario que habían cumplido dos terceras partes de su condena y presentaban condiciones críticas. No obstante, la burocracia en el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario y la Corte obstruyó la liberación de otros privados de libertad que califican para esta medida.
En cuanto a la atención médica, explica que a septiembre de 2020 no se habían realizado campañas de vacunación y los pacientes con serias condiciones clínicas debieron ser transportados a hospitales con dificultades para arreglar transporte interno. Su traslado depende principalmente de la disponibilidad de ambulancias o vehículos policiales.
En septiembre de 2020, un total de 2,134 internos se contagiaron del virus de la Covid-19. De ellos, las autoridades pusieron a 923 en arresto domiciliario que habían cumplido dos terceras partes de su condena y presentaban condiciones críticas. No obstante, la burocracia en el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario y la Corte obstruyó la liberación de otros privados de libertad que califican para esta medida.
Por otra parte, las autoridades efectuaron investigaciones de acusaciones creíbles de maltrato. Representantes de la Defensoría del Pueblo y sistema judicial indicaron que se les dificultó acceder a las autoridades de la Dirección del Sistema Penitenciario.
ARRESTOS
Durante la pandemia y las medidas de restricción de movilidad, hubo arrestos o detenciones a quienes se les privó de recibir asistencia legal inmediata debido a cuarentena y el toque de queda.
La mayor parte de las quejas se centraron en el maltrato verbal en los puestos de control, pero hubo casos en que la policía aplicó la fuerza física mientras se les practicó el alcoholímetro durante el toque de queda.
Los casos judiciales abiertos antes de la transición al Sistema Penal Acusatorio continuaron su trámite bajo el sistema inquisitivo. Ambos sistemas mostraron vulnerabilidad a la corrupción, ineficiencias y obstáculos burocráticos. EL poder judicial estuvo cerrado durante la pandemia de marzo a junio, lo que retrasó los casos. Las audiencias para reducir la población penitenciaria se efectuaron de abril a mayo pero la ausencia de defensores públicos contribuyó a más demoras.
De acuerdo a estadísticas oficiales, a julio de 2020 aproximadamente el 40% de los reclusos no habían sido condenados en comparación con el 43% del año anterior. La implementación del SPA redujo el número de detenidos provisionales de manera constante en 2016.
Los procesos judiciales se caracterizaron por el envío de documentos en lugar de emplear plataformas de mensajería móvil o correos electrónicos, lo que se convirtió en norma para algunos jueces de tribunales inferiores comprometiendo la transparencia del proceso judicial.
ARRESTROS ARBITRARIOS
El informe recoge el caso de una pareja de lesbianas a las que la Policía les obligó a bajar de su vehículo por haberse besado. Fueron detenidas, llevadas a la estación de policía y multadas con $50 cada una por comportamiento indecente antes de ser liberadas.
De acuerdo a estadísticas oficiales, a julio de 2020 aproximadamente el 40% de los reclusos no habían sido condenados en comparación con el 43% del año anterior. La implementación del SPA redujo el número de detenidos provisionales de manera constante en 2016.
CORRUPCIÓN Y JUSTICIA
La falta de condenas penales por cargos de corrupción generó una opinión pública generalizada de que el sistema es susceptible a influencias corruptas internas y externas.
La mayoría de las denuncias de manipulación se relacionan con la continua influencia de regímenes pasados, en particular los gobiernos de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. “Si bien ambos expresidentes están bajo investigaciones separadas por una variedad de cargos relacionados con la corrupción, incluido el presunto lavado de dinero y malversación de fondos, no está claro hasta qué punto las lealtades a cualquiera de ellos influyeron en los procedimientos legales”, señala el informe. Continúa diciendo que la extradición de Martinelli a Panamá en junio de 2018 para enfrentar cargos legales resultó en un dictamen de “no culpable” en agosto de 2019, con pruebas y testimonios excluidos por motivos de procedimiento a pesar de los recursos legales interpuestos para excluir la anulación de la decisión, y el caso siguió su curso a pesar de que se había apelado ante un tribunal inferior.
Añade que en agosto, la sala Penal de la Corte se negó a escuchar una solicitud de las víctimas del expresidente Martinelli quienes solicitaron la anulación del juicio que había declarado no culpable al expresidente. En ese mismo mes, la Corte negó la apelación de la fiscalía sobre la decisión del tribunal. Sin embargo, envió la decisión a un tribunal de medio nivel. Posteriormente un tribunal de apelaciones declaró nulo lo actuado por el primer tribunal y ordenó realizar un nuevo juicio en contra del expresidente por dos de los 4 delitos que había sido imputado al inicio.
REFUGIADOS
Solo el 1% de las solicitudes de 15 mil refugiados recibieron asilo en Panamá. La Oficina Nacional de Refugiados de Panamá (Onpar) procesó solicitudes de asilo y luego las remitió a la Comisión Nacional para los Refugiados, que decide el estado final de cada caso. El proceso que toma de dos a tres años otorga derecho a trabajar a los solicitantes admitidos en el proceso que puede llevar hasta un año, lo que no es garantía de que reciban asilo.
El gobierno continuó con los campamentos en Darién para proporcionar alimentos, albergue, atención médica a los migrantes que cruzan suelo panameño en su ruta hacia el norte. Uno de los campamentos no tenía acceso a agua potable y en ocasiones presentaba condiciones insalubres, especialmente cuando había grandes volúmenes de migrantes. Debido al cierre de fronteras, los migrantes permanecieron por más de seis meses lo que resultó en al menos una protesta violenta protagonizada por los migrantes quienes quemaron propiedades y se enfrentaron a las autoridades de gobierno.
CORRUPCIÓN Y FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO
La corrupción siguió siendo un problema grave en todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, así como en las fuerzas de seguridad.
El Ministerio Público investigó las denuncias por corrupción en contra de funcionarios públicos, pero los tribunales desestimaron casos de corrupción de alto perfil debido a la falta de pruebas o los errores de procedimiento de los fiscales. En septiembre, la Corte desestimó el caso de malversación de fondos del proyecto Riegos de Tonosí en contra de varias autoridades de la administración Martinelli, incluido el exmandatario.
La corrupción en la policía también siguió siendo un problema. El reporte recoge la operación “Furia” en el que más de 25 personas, la mayoría funcionarios de seguridad de alto nivel, importaron “armas ilegalmente, algunas designadas como armas de guerra”.
Dos expresidentes, Martinelli y Varela, y dos exministros, Demetrio Papadimitriu y Jaime Ford, estaban bajo investigación por corrupción relacionada con el caso Odebrecht. Martinelli también fue acusado de utilizar $43 millones en fondos públicos para comprar el grupo de periódicos “pro Martinelli, Editora Panamá América”, se lee en el informe.
También hubo denuncias de corrupción por parte de la administración en curso. Varios escándalos de alto perfil salieron a la luz relacionados con adquisiciones para combatir la pandemia de coronavirus. En abril y septiembre, el Ministerio Público abrió investigaciones separadas contra instituciones del gobierno por presuntamente pagar en exceso por ventiladores nuevos y usados.
La corrupción en la policía también siguió siendo un problema. El reporte recoge la operación “Furia” en el que más de 25 personas, la mayoría funcionarios de seguridad de alto nivel, importaron “armas ilegalmente, algunas designadas como armas de guerra”. La Dirección de Asuntos de Seguridad Pública que regula y otorga licencias de armas de fuego estuvo asociada con la corrupción en el pasado y al menos dos exdirectores enfrentaron cargos, uno de ellos implicado en el caso de tráfico de armas.
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