En sesión de la subcomisión legislativa se decidió dividir la propuesta judicial de la diputada Corina Cano y complementar la propuesta de Héctor Brands con los aportes de sectores involucrados en el tema de niñez
Más de una veintena de organizaciones no gubernamentales, así como representantes de los distintos ministerios que se intercalan con el bienestar de la niñez, participaron en el debate.
La subcomisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Kayra Harding, concluyó este miércoles que discutirá por separado las propuestas del diputado Héctor Brands y Corina Cano, que buscan convertirse en leyes integrales de protección de Niñez y Adolescencia.
Después de los hallazgos sobre el trato hacia los menores en ciertos albergues del país, la conclusión se deja asomar en una iniciativa legislativa que logre satisfacer la respuesta del Estado hacia esta población.
Más de una veintena de organizaciones no gubernamentales, así como representantes de los distintos ministerios que se intercalan con el bienestar de la niñez, participaron en el debate. Contribuciones que se valorarán y se añadirán a las propuestas para así, el 7 de abril que se celebra la tercera reunión, se pueda pasar a primer debate del proyecto.
La iniciativa de Cano, que se compone de una parte importante de la judicialización del proceso, se discutirá en forma individual, aunque eso no significa que se desechará el proyecto de Cano, señaló la diputada. Añadió a este medio que los derechos y garantías del proyecto de Brands junto a los que se contemplan en su propuesta se complementarán.
Brands opinó que la propuesta de su colega establece “aspectos que ya están dentro del Código de la Familia y no podemos legislar replicando. Hemos conversado y hoy llegamos a la conclusión de que los aspectos que ella trae son muy valiosos pero no podemos mezclar peras con manzanas, el país necesita una ley de protección integral para la niñez”, dijo Brands.
Para Cano es importante que exista un ente rector, con nombre y apellido del responsable para que se rindan cuentas en caso de irregularidades. “El problema es que no existe un sistema de protección. Necesitamos saber quién responde, cómo responde, quién es responsable, porque lo que pasa es que en este momento no está estipulado cómo se articulan todos los ministerios. Debe haber un ente rector, con un encargado, inclusive la responsabilidad de quien dirige el albergue”, explicó.
Brands opinó que la propuesta de su colega establece “aspectos que ya están dentro del Código de la Familia y no podemos legislar replicando. Hemos conversado y hoy llegamos a la conclusión de que los aspectos que ella trae son muy valiosos pero no podemos mezclar peras con manzanas, el país necesita una ley de protección integral para la niñez”, dijo Brands.
El compromiso fundamental para Rosaria Correa, fundadora de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf) ente encargado de velar por el cuido temporal de los niños, recordó que en el plan de gobierno del mandatario Laurentino Cortizo se establece claramente combatir la desigualdad, un compromiso fundamental, que a juicio de Correa, para garantizar los derechos a la niñez es necesario actualizar el marco legal, institucional, programático y presupuestario que genere políticas estatales.
Otras propuestas, como de la Unión Nacional de Abogadas exigen una revisión de la normativa actual para evaluar lo que no ha funcionado y cambiarlo. Ada Romero, primera vicepresidenta del gremio, expresó la necesidad de dotar un presupuesto que no esté sometido al criterio del gobernante de turno, sino “que sea fijo y revisado, porque vemos un gran personal que trabaja con las uñas pero se debilita al no dar el seguimiento y las inspecciones, y todo esto debilita a nuestra niñez y adolescencia”. En este sentido, proponen que exista un ente supervisor del uso de subsidios que otorga el Estado a los albergues. De igual forma, otorgar responsabilidades definidas a cada uno de los ministerios que intervienen en la articulación de propuestas pero con tiempos definidos y rendición de cuentas.
Los dos proyectos (Brands y Cano) quedaron en que se van a dividir, el 567 con el 569, se complementan pero la recomendación es que sean diferentes. El de la diputada Cano va a sufrir modificaciones, hay que adecuarlo”, puntualizó.
En la discusión también participó Raquel Shaud, directora de la Secretaría Nacional de Discapacidad, quien habló sobre la “importancia de hacer un mapeo que contemple la realidad de lo que estamos viviendo con esta implementación de la ley. Más allá de hablar de una ley de niñez y adolescencia, enfocarnos en los componentes que van a brindar una protección a esta población con discapacidad. Eso significa contar con personas capacitadas para las áreas”.
Al finalizar la sesión, Harding se comprometió a presentar un informe con los aportes de cada sector y citó para el 7 de abril la discusión del primer debate del proyecto. “Lo importante es que hemos logrado después de estos hechos lamentables, que haya certeza del castigo. Pero también si no hacemos una ley integral de protección puede volver a suceder. Los dos proyectos (Brands y Cano) quedaron en que se van a dividir, el 567 con el 569, se complementan pero la recomendación es que sean diferentes. El de la diputada Cano va a sufrir modificaciones, hay que adecuarlo”, puntualizó.
No hay comentarios
Publicar un comentario