El director del Inec y presidente del Colegio Nacional de Economistas, Samuel Moreno, estima que los planes de inversión extranjera y los proyectos de infraestructura que inician reducirán la tasa de desempleo en seis puntos porcentuales
Samuel Moreno con Adelita Coriat.
En agosto de 2019, había 293.398 funcionarios públicos. Durante la administración de Laurentino Cortizo se ha dado cuenta del significativo aumento de la planilla estatal. Se trata de más de 362 mil servidores públicos entre los que se cuentan de libre remoción y aquellos bajo leyes especiales o ajustados a la Carrera Administrativa. Todo esto mientras que en la empresa privada durante la pandemia se perdieron 289 mil empleos (2020). Como si fuera poca cosa, el empleo informal escaló al 52%. Este modelo económico es insostenible. Primero porque la idea no es que el gobierno se convierta en el mayor empleador —que probablemente a raíz de la pandemia ha requerido de personal para los programas sociales—, sino que su rol sea de facilitador de los negocios. Segundo porque tocar la puerta de los organismos internacionales para hacer frente a más de $2.4 mil millones en salarios para la vigencia presupuestaria del corriente no tiene sentido para los economistas. En contraste, el año pasado la tasa de desempleo cerró en 18.5%, cifra que Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo y presidente del Colegio Nacional de Economistas responde a esta situación. Sobre el comportamiento de la economía, Moreno ve una mejor perspectiva al cierre del presente año. Según sus proyecciones, para diciembre del corriente la tasa de desempleo podría bajar a un 10% o 12%. La ambiciosa cifra se deriva de un control óptimo de la pandemia y el avance en el proceso de vacunación, lo que brindará más confianza a los empresarios para invertir y atraer capital extranjero a través de las Asociaciones Público-Privadas que empiezan a dar sus frutos en algunas zonas del territorio.
El gobierno mantiene una planilla de 362,768 servidores públicos que incluye a los de libre remoción y sujetos a leyes especiales o carrera administrativa. Es un modelo insostenible tomando en consideración la falta de ingresos tributarios y que quien debe estimular el empleo es la empresa privada. ¿Cuál es el siguiente paso que va a tomar el gobierno para reorganizar el gasto público?
Tenemos que partir de que sin duda en el 2020 y con la llegada de la pandemia en marzo de ese año, la economía ha tenido un resultado muy complejo que desde el punto de vista de las métricas nos pone en una caída de -17.9%. Eso se ha debido, sobre todo, a que nuestra economía esta focalizada a clústeres de servicios. Cinco clústeres que representan el 52.9% del Producto Interno Bruto (PIB) cayeron. Por ejemplo, la construcción cayó 52.2%, el comercio al por mayor y por menor, la industria de productos manufacturados, el transporte y almacenamiento y sin duda el sector más golpeado fueron los hoteles y restaurantes. Todos con tasas negativas; es el contexto que en el año pasado nos llevó a tener una tasa de desempleo de 18.5% y un aumento de la informalidad de 52.8%.
Me habló de la planilla, y ciertamente el empleo de la administración pública y la otra parte del empleo lo genera el sector privado. En esta pandemia el gobierno ha tenido que enfrentar una situación compleja de sostener empleos. Ese sostenimiento en una primera etapa llevó al pago de leyes especiales como a médicos y educadores, porque ese eslabón de empleo a través de medidas especiales lleva sobre sueldo, pago de horas extras y se hizo un gran esfuerzo. Con la pandemia hay un gran desafío en ese sentido.
En años anteriores la planilla estatal alcanzaba 200 mil funcionarios, ¿con qué va a sostener el gobierno esta planilla sin ingresos suficientes?
Hay una gran tarea que tenemos que reflexionar como ciudadanos. Lo que ha tocado ahora es sostener empleos, sobre todo en el campo del sector público, pero ahí viene una discusión sensata, compleja, seria sobre lo que los economistas llamamos haber culminado un ciclo de trabajo, porque tenemos muchos casos de personas que ya han culminado su ciclo de trabajo, algunos jubilados, hay una gran tarea de recomposición. Sin embargo, en este momento en que el sector privado consolidó una desvinculación de un poco más de 289 mil contratos, de los que a la fecha de marzo de 2021 se han incorporado un poco más de 130 mil contratos de este sector, y que se espera que al cierre de marzo alcancemos unos 153 mil empleos recuperados, hay dos tareas que tenemos que ver en contextos: empleos formales que tenemos que salvar y los nuevos empleos, y éstos últimos tienen que venir, sobre todo, de un plan de inversión del gobierno. Puede ser en proyectos de infraestructura, la línea tres del metro que en la primera etapa va a generar unos cinco mil empleos, por ejemplo y proyectos de Estado que tienen que venir de el plan de inversión que no solo toque proyectos macro, sino en provincias, distritos y corregimientos, para viabilizar esa corriente de empleos que necesitamos. Nuestras recomendación en ese sentido es iniciar con un plan de caminos de penetración, arreglos de escuela, ornatos, para activar los empleos. Se ha avanzado en la descentralización para habilitar los recursos para que alcaldes puedan administrar los proyectos en esos eslabones.
Adelita Coriat.
El país necesita más que de los proyectos del Estado, en este momento, dos de cada tres empleos en la economía vienen de informales y del servicio público, la empresa privada que es la que debe generar los empleos es la más disminuida, ¿qué es lo que va a funcionar para que la empresa privada genere empleo en el país?
Coincido en que tenemos que entrar en un fomento de participación de la empresa privada más agresivo. Se han hecho algunos esquemas legislativos como la Ley de Asociación Público-Privada que ha sido reglamentada y creo que hay ciertos espacios para fomentar este tipo de proyectos a nivel nacional. Por ejemplo, hablamos de que tenemos puertos modernos, y es verdad, son competitivos, pero no tenemos una infraestructura adecuada de puertos eficientes sobre todo en las provincias del interior, Veraguas, Aguadulce, Chiriquí, que de alguna manera hay que hacerlos más competitivos para efectos de las exportaciones. Gran parte de la estructura pesada, de la logística interna hace que nuestros productos no sean competitivos.
¿Quién va a hacer esas inversiones?
Habría que hacerlas en alianza público-privada e incentivar al sector privado en estos proyectos a lo largo del país.
Eso suena muy bien, ¿con qué plata lo vamos a hacer?
En primer lugar, debo decir que, en el caso de Panamá, con la métrica de las 450 mil vacunas, hasta el 11 de marzo habían arribado 54%, es decir 287,680 dosis, y el 64% se ha vacunado. Panamá está entre los líderes en vacunación solamente superado por Estados Unidos y Chile, y a nivel mundial ocupamos uno de los primeros lugares en vacunación. Eso indica que la bruma se va dispersando, y eso hará que haya una confianza desde el punto de vista del sector privado. Por ejemplo, en el caso de Barú, ya hay una empresa de Estados Unidos junto a empresas panameñas para hacer un puerto competitivo. Esa misma iniciativa se puede copiar en otras provincias. Al final del día se trata de confianza, consumo interno que despegue, viabilidad y reglas claras para la empresa privada, este conjunto de elementos hace un buen espacio. Debo decirle que la formación bruta de capital, que es la inversión de todo el capital en Panamá, que por años ha venido en las últimas métricas en un poco más de $17 mil millones en inversión, un tercio de esa inversión viene del extranjero. Hay regímenes importantes, por ejemplo, el procesamiento de productos manufacturados, ya hay varias empresas interesadas en ese régimen que puede ser un atractivo para esas inversiones.
¿Cuánto realmente de esa inversión extranjera ya tenemos de este lado?
En 2020 cayó la inversión extranjera en -43%. Lo vamos a recuperar en el 2021, y es donde tiene que venir un plan agresivo de la administración pública y generar confianza en la inversión privada local que ha tenido muy buena habilidad para los negocios.
¿Cuál es el plan?
En el caso de las empresas recién podemos decir que a través del Ministerio de Comercio e Industrias se trabaja en un diálogo para generar una legislación que busque ese apalancamiento para ciertas empresas. Hay un tema de insolvencia y liquidez. Normalmente puede haber problemas de liquidez, no de insolvencia, cuando hablamos de este último los activos existen, el problema es generar líneas de crédito específicas para generar la liquidez y que las empresas puedan proveer bienes y servicios y buscar actividad económica.
¿Realizará la encuesta de empleo para el primer trimestre, y qué metodología empleará?
Para el 2021 vamos a realizar la encuesta de mercado laboral. En este momento estamos haciendo la planificación para el dato de cuánto sería la métrica semestral de 2021. La que hicimos en diciembre fue importante, pero tuvimos que hacer una reingeniería debido a que la encuesta se hacía presencial, tuvimos que migrar a telefónica, pero con buenos resultados. La que tenemos planeada hacer del mercado laboral, queremos hacerla presencialmente en el mes de agosto.
¿Qué resultados tendremos entonces del primer trimestre del año?
Nosotros estamos explorando acortar el cuestionario y hacer una encuesta trimestral laboral, estamos en la planificación ya que tenemos la infraestructura para hacer esa encuesta.
Fedecámaras indica que aún tienen más de 154 mil contratos suspendidos, aún es la mitad del total de los contratos suspendidos durante la pandemia...
Ahí hay un gran desafío, recuerde que hay actividades que apenas están reabriendo, incluso algunas que ya abrieron pero no tienen la necesidad de hacer más contrataciones por el tema de consumo.
¿Cuál es la proyección del índice de desempleo para agosto según el INEC?
Una vez que el tema de las vacunas nos lleve a una inmunidad de rebaño muchas actividades se desarrollarán por completo.
Pero nos vamos a vacunar por el resto del año...
Nosotros cerramos el 2020 con una tasa de desempleo de 18.5%, esperamos que esto mejore y probablemente podamos estar cerrando el año con una tasa de desempleo entre un 10% y 12%.
¿Qué va a pasar en junio si las familias y los negocios que tienen compromisos con los bancos no pueden hacer frente a estos?
Yo creo que hay grandes desafíos. La banca panameña ha cerrado un año con una situación muy compleja porque cayeron las utilidades, se habla de una pérdida de aproximadamente $843 millones. Desde el punto de vista de la cartera crediticia cayó 4%, sin embargo, los depósitos aumentaron, eso se debe a que gran parte de los préstamos del gobierno entraron al circuito, más la propensión de las familias al ahorro ha llevado a los depósitos. Eso quiere decir que hay liquidez. La habilidad sería incentivar el tema del crédito para las empresas que planean reabrir y en caso de endeudamiento, sin duda muchas personas que tienen préstamos de automóviles, hipotecarios, se han dado un poco más de un millón de replanteamientos entre cliente y banco, sin embargo, hay una fecha que es el 30 de junio. Nosotros esperamos que haya nuevamente un diálogo en ese sentido para viabilizar cierto porcentaje de personas que a ese momento no estarían disponibles para hacer frente a los pagos.
Pero ¿cómo será este diálogo, una iniciativa de la Superintendencia de Bancos o cada uno se arregla con su banco?
Creo que deben venir estrategias conjuntas, tanto del regulador como de la administración pública, y que los bancos que han mantenido la moratoria, esperamos que al cierre de 30 de junio haya un replanteamiento sobre todo con aquellos ciudadanos desempleados que no tengan la corriente de ingresos para hacer feliz las obligaciones.
¿Qué va a pasar con las Pymes?, un gran motor de empleo, los bancos no están otorgando los préstamos por los riesgos...
La administración pública ha planteado $150 millones para las micro y pequeñas empresas y una cantidad igual para la agricultura. Coincido que este es un tejido especial y esta tramitología debe ser más eficiente para que las empresas accedan al crédito y activen sus negocios. Es ahí en las empresas pequeñas y medianas en que se encuentra la gran cantidad de empleo. ¿Y qué decir de la informalidad? esta en 52.8%, eso nos pone la expectativa que tenemos en valor absoluto unas 770 mil personas en la informalidad y debe venir un plan interesante desde la administración pública para el emprendedor que necesita apalancamiento financiero o para las personas informales que necesitan una preparación específica.
¿Qué va a hacer el gobierno para balancear el presupuesto?, ¿subirán impuestos o seguirá creciendo la deuda?
Desde el punto de vista económico, al ser una economía tan atípica como la nuestra, que no tiene banca central, sin duda el país tendrá que seguir buscando líneas de crédito internacionales. Del lado de los impuestos nuestra recomendación a corto plazo no es la vía. Sin embargo, sé que hay algunas iniciativas por parte del MEF de buscar algún ingreso relacionado a la parte tecnológica, algunas plataformas digitales que sería también interesante imputar este tipo de actividades para mejorar las finanzas públicas.
¿Cuáles plataformas?
Como Netflix, Uber, acuérdese que con la primera un abonado lo hace con la trasnacional y el pago se hace a través de un banco local, por lo que habría que buscar la fórmula de cómo hacer el cobro además del servicio, imputar un impuesto para el fisco. No sé de cuánto será, está en discusión el porcentaje. Hay que ser muy fino para eso, pero ya muchos países como Brasil, Uruguay, Chile y Costa Rica que han empezado a trabajar una política fiscal en este sentido que incluye redes sociales, como Twitter, Facebook, Instagram. Tiene que venir un balance adecuado para que no desincentive estas plataformas y la tecnología y que tengamos acceso, que ya se ha demostrado que es importante para la educación. Creo que la iniciativa es buena, hay que estudiarla. Hay que tomar en cuenta que Panamá es un país en la región que tiene la presión fiscal más baja, con esto no digo que aumente, pero el impuesto al consumo por ejemplo es de 7% cuando en otros países es más del 15%.
Volver a tocar la puerta de los bancos u organismos financieros internacionales, ¿va a degradar más la calificación de riesgo y perderíamos grado de inversión?
Recién en febrero Fitch Rating bajó la nota soberana de Panamá de BBB a BBB-, nos bajó pero aún manteniendo el grado de inversión. Eso nos pone en contexto a nosotros que el parámetro que toman las calificadoras para hacer sus evaluaciones son la pandemia y las finanzas públicas. En la primera poco a poco vamos saliendo y eso puede reactivar los negocios y mejorar el tema de crecimiento económico. En el caso de las finanzas públicas, al 31 de diciembre de 2020 nosotros tenemos una deuda externa de $36,959.9 millones, y si le agregamos a los meses que vamos de 2021, estamos en una deuda de $38,907 millones. Si medimos un indicador de deuda-PIB, si la deuda es a diciembre el PIB nominal que fue de 52,800 millones la relación es de 69.8%. El promedio latinoamericano ha llevado a tener un promedio entre 68.9% hasta 79.3, Panamá está en 69.8%, un poquito más allá del mínimo en América Latina.
Eso parece consuelo de muchos, consuelo de tontos...
Sí, nosotros lo que planteamos es que para no perder el grado de inversión hay que hacer varias cosas. Primero, hacer una consolidación fiscal, eso significa tener reglas fiscales que respetemos a través de una ley, es decir, ponernos topes y tratar de buscar presupuestos equilibrados de priorizar gastos, mecanismos de austeridad en gastos.
¿Con esa planilla cómo se puede entender que se prioriza el gasto?
Yo creo que se necesita un diálogo importante porque las finanzas públicas deben trabajarse a través de un presupuesto equilibrado de gastos e ingresos, y claro, como hemos venido cayendo y nos han bajado la nota, para no perder eso tenemos que ajustar las reglas fiscales y lo otro es que gran parte de los negocios nuestros dependen de inversión extranjera. Tenemos que hacer algo en un plan de acción sobre todo con el tema de la lista gris, de Gafi, que de las 40 recomendaciones que hacen, aún hacen falta tres desde el aparato financiero y cuatro desde los aparatos de los sujetos no financieros. Ahí hay que afinar el lápiz. La lista del Gafi observa el tema de la prevención de blanqueo de capitales y el terrorismo, ahí hay espacio para que nuestra imagen mejore. La otra lista, que es de la Unión Europea, que toca paraísos fiscales, ahí nosotros tenemos que afinar la estrategia para que la UE reconozca los elementos que estamos haciendo. En la parte fiscal nosotros manejamos renta territorial, sin embargo, estos países ven renta mundial, quieren alcanzar todos los países.
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