HRW urge a Naciones Unidas elevar el caso de Nicaragua al Consejo de Seguridad

La organización en defensa de los Derechos Humanos solicitó al Secretario General de la ONU tomar acciones ante los encarcelamientos políticos del régimen de Ortega de cara a las elecciones de noviembre próximo, informe recoge casos de tortura.

La organización Human Rights Watch (HRW) condenó la creciente campaña de violencia y represión en contra de miembros de la oposición y la sociedad civil que protagoniza el gobierno de Daniel Ortega y solicitó a la ONU tomar acciones "antes de que sea muy tarde". 

Un informe de 38 páginas titulado: “Arremetida contra críticos en Nicaragua: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones”, elaborado por HRW, concluyó que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo.

Cuatro de los principales precandidatos presidenciales fueron detenidos y se iniciaron procesos penales en su contra, al igual que otros nueve reconocidos críticos del sistema.

Ante esta situación, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, urgió al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tomar acciones y presentar la situación ante el Consejo de Seguridad de dicha entidad.

Como consecuencia de este régimen autoritario, en Nicaragua la población ha migrado a otros países para establecerse y huir del régimen. El reporte señala que más de 108 mil nicaragüenses se han visto obligados a salir de su país desde la represión del gobierno en 2018. Dos terceras partes se han refugiado en Costa Rica, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los REFUGIADOS. 

DENUNCIAS DE TORTURAS
HRW entrevistó vía telefónica, entre enero y junio del corriente, a 53 personas en Nicaragua, incluyendo 46 activistas, abogados periodistas opositores políticos que fueron víctimas de hostigamiento y detenciones arbitrarias. En este proceso se analizaron fotografías y videos tomados durante las detenciones e incidentes de vigilancia policial, así como informes de prensa. El 14 de mayo, HRWA solicitó información a las autoridades nicaragüenses sobre estos casos, pero no recibió respuesta.

El hostigamiento a estas personas, según constató HRW, consiste en poner vigilancia, policías y a veces militares, en las casas de las residencias para impedir que salgan de sus hogares. Las víctimas no dijeron que no pueden salir a visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en actividades políticas.

Las detenciones arbitrarias van desde periodos de días a varios meses, y varias personas han sido sometidas a tratos abusivos durante la detención, que al menos dos casos documentados de pueden constituirse como tortura.

Existen reportes de organizaciones nicaragüenses de derechos humanos que reportaron 124 personas como críticas que seguían detenidas de forma arbitraria hasta junio de 2021.

En este escenario se recoge el caso de una estudiante universitaria, Valeska Sandoval de 22 años, quien fue forzada a subir a un vehículo policial el 24 de abril pasado sin ninguna explicación y trasladada a la cárcel El Chipote donde “dos agentes me llevaron a una suerte de bodega y me ataron las manos al techo con un cable, obligándome a quedar parada con las manos sobre mi cabeza”, relató la joven.

Sandoval intentó solicitar asilo en Estados Unidos sin éxito antes de ser deportada de regreso a Nicaragua. Dos agentes antidisturbios la abofetearon, le dieron puñetazos y le sumergieron la cabeza en un tanto de agua reiteradamente a lo largo de 20 minutos. Cuando la liberaron, los agentes le advirtieron: “La próxima vez que te veamos, vamos a matarte”. 

FRACASO DIPLOMÁTICO
En la ONU hay preocupación por la situación que se vive en Nicaragua. El Secretario General, Antonio Guterres, invocó el artículo 99 de la Carta de la ONU para presentar la situación ante el Consejo de Seguridad como una crisis en escalada con graves consecuencias que apunta a desestabilizar la región.

No obstante, a pesar de la descripción sobre la situación política de este país, la última reunión en la que el Consejo de Seguridad trató el tema de Nicaragua ocurrió en septiembre de 2018 a petición de Estados Unidos. En dicha reunión se instó al régimen de Ortega a cesar las represiones, pero las advertencias parecen haber sido ignoradas por el gobierno de ese país. 

CONTROL ABSOLUTO
Las denuncias sobre la amenaza de la convocatoria a elecciones libres el próximo 7 de noviembre, parecen caer en oídos sordos. Ortega se instaló en el poder desde el 2007. Dos años después, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que permitió al régimen ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse para un segundo mandato consecutivo. En 2014, fue aprobada una reforma constitucional por su partido que controlaba y aún controla la Asamblea Nacional, que derogó los límites presidenciales, lo que permitió a Ortega continuar en el poder en 2016. En ese país el gobierno ejerce control sobre todos los poderes del estado, incluyendo el poder judicial y el Consejo Supremo Electoral.

La forma en que Ortega continúa en el poder es a través de la represión de la Policía que ejerce en contra de sus detractores, amparado por nuevas leyes represivas que violan las garantías del debido proceso que establece el derecho internacional de los derechos humanos, empleadas para disuadir la crítica y dar una apariencia de legalidad a detenciones arbitrarias. De esta forma, logra mantener a críticos encarcelados para impedir su participación política, indica HRW.

“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos”, explicó Vivanco. “Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora antes de que sea muy tarde”, concluye el reporte de HRW.