En el primer día de juicio por el caso de pinchazos en contra del expresidente Ricardo Martinelli, el ala de la defensa permaneció vacía. Tanto su defensora, Alma Cortés, como el acusado, presentaron documentos de incapacidad. Cortés alegó que tiene una caries y debe atenderse con un dentista (un par de días), mientras que Martinelli, como había circulado en redes sociales un día antes de la cita, presentó una incapacidad por 30 días (1 al 30 de junio) a raíz de una intervención quirúrgica en las vértebras lumbares que mereció hospitalización.
Esto enfureció a los querellantes que calificaron la excusa como una estrategia de la defensa para lograr la prescripción del delito, que en seis meses cumpliría el plazo.
Ante esta situación, el Tribunal de Juicio ordenó a Medicina Legal una evaluación in situ de la condición del acusado, un reporte médico, para confirmar la veracidad de la información. Lo mismo se empleó en el caso de la abogada. Fijó una nueva fecha para el 5 de julio próximo.
En su cuenta de Twitter, Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli escribió: "Decisiones tomadas hoy por el Tribunal Chimbo, en caso político contra Martinelli son nuevos abusos que acarrean nulidades. La Corte Suprema no debe permitir que María Eugenia López repita por órdenes de Gabi Carrizo las manipulaciones que se daban durante la gestión de Varela". El equipo del expresidente defiende que todo se trata de un asunto político, pues en un primer juicio el Tribunal lo encontró "no culpable".
El fiscal especial Anticorrupción, Ricaurte González, señaló que existen los mecanismos tecnológicos para no detener el juicio. Añadió que el Ministerio Público está preparado con un catálogo de opciones que dicte el Tribunal y que no se debe desechar esta una oportunidad dorada para fiscales, jueces, la defensa y querellantes.
Abogó por una justicia en tiempo razonable, no solo para el procesado sino para las víctimas. "No puede haber indeterminación porque surge la frase de que aquí no pasa nada", dijo el fiscal.
Al salir de la audiencia, González reprochó la falta de transparencia empleada por la contraparte, pues alegó que se entera el mismo día de la audiencia sobre la incapacidad cuando sostuvieron reuniones previas con la defensa antes de esta fecha y nunca hablaron sobre la incapacidad que se prolonga hasta el 30 de junio.
Añadió que, a petición de la fiscalía, el tribunal ordenó una verificación de los documentos presentados tanto por la abogada, como del acusado, para verificar su estado de salud en el hospital Punta Pacífica donde se encuentra hospitalizado el expresidente, y de seguir este juicio si es necesario, se realice vía tecnológica.
Las víctimas Michell Doens, Balbina Herrera y Carlos Herrera Morán, este último querellante en el proceso, salieron visiblemente molestos del salón. Reprocharon la conducta del expresidente, pidieron al tribunal enseriarse con la causa y aplicar los instrumentos legales y tecnológicos para que en reposo, el señor Martinelli vea todo lo que está pasando en el juicio.
Morán pidió a los jueces que lo conduzcan, como a cualquier panameño; que Medicina Legal examine la seriedad de la certificación médica presentada "porque a nuestro juicio forma parte de una estrategia". En ese mismo sentido, solicitó al tribunal que se suspenda el término de prescripción del delito, cometido entre 2010 y 2012, "porque lo que se está buscando es que la audiencia no se celebre, corra el tiempo y se logre la impunidad", zanjó.
Aunado a esto, los querellantes solicitaron conocer si la cirugía a la que fue sometido el expresidente se trató de una urgencia o una fecha selectiva. Para evitar la interrupción del desarrollo del juicio, pidieron al Tribunal nombrar en su defecto a un defensor de oficio en caso de que en el futuro se ausenten los abogados de Martinelli.
El tribunal, integrado por tres mujeres, Iveth Francois, Jennifer Saavedra y Marisol Osorio, admitió peticiones de las partes que acudieron al juicio que al iniciar se declaró en un breve receso para analizar la situación sobre la ausencia de la defensa y el acusado. A continuación ordenaron al Ministerio de Salud revisar las incapacidades presentadas.
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