Juan Planells, presidente de la Comisión 20 de Diciembre, está decidido a retomar un tema olvidado, conocer la cantidad de muertos y ubicar a los desaparecidos que ocasionó la invasión estadounidense en 1989, cifra que ha permanecido enterrada e ignorada por los gobiernos anteriores
Juan Planells, presidente de la Comisión 20 de Diciembre.
La Comisión del 20 de diciembre se apresta a descifrar la cifra de desaparecidos y muertos, civiles en su mayoría, a consecuencia de la invasión norteamericana a Panamá en 1989, que dio fin a la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Una deuda que se ha pasado de largo en cinco administraciones democráticas, dejando una deuda imperdonable con el pueblo. Su presidente, Juan Planells, empresario, está decidido a revelar, a hurgar entre decenas de bolsas llenas de restos, con el único propósito de dar a conocer la verdad y que sirva también para que las próximas generaciones puedan saber la historia completa, sin zozobra o números inflados a causa de la falta de información que sólo ha generado rumores. La tarea no ha sido sencilla. Ha tomado cuatro años ordenar y ubicar a los familiares de los desaparecidos, y aún hace falta exhumar los restos ubicados en el cementerio de Monte Esperanza en Colón.
Recientemente el Ejecutivo extendió el plazo de investigación hasta enero de 2023, esto en gran parte se debió a que no se incluyó en el presupuesto en la Cancillería, un monto superior a $400 mil que hace falta para practicar las últimas pruebas forenses para la identificación de restos ya exhumados del Jardín de Paz. Garantizar los fondos para esta misión, que inició en 2016, debería ser un compromiso de Estado para subsanar una deuda enterrada por más de 30 años, que pretende descifrar una realidad mucho más profunda, que no se limita a identificar a los desaparecidos.
Con el trabajo que realice la Comisión 20 de diciembre, ¿se conocerá la cifra certera de cuántas personas murieron durante la invasión de 1989?
La cifra certera será difícil por el paso del tiempo, la información que se ha perdido y hay testigos que han fallecido, pero nos podemos acercar. No habrá grandes diferencias, y sí estamos abiertos a que todo el que tenga una denuncia pueda presentarla a la Comisión y nosotros la tramitamos. Uno de nuestros compromisos es poder proponer compensaciones a los que sufrieron en la invasión y para eso sí necesitamos toda la información completa. Hasta ahora tenemos 305 expedientes completos, eso quiere decir, con todos los datos relacionados a la persona. Esto ha sido gracias a la colaboración del Tribunal Electoral que guarda la historia de cada uno de nosotros, la documentación que se produce de nuestra vida. Con esa ayuda hemos podido armar un expediente para cada caso. Tenemos que estar bien seguros porque hay nombres que muchas veces no corresponden o tienen errores, a través de las listas que se han manejado durante mucho tiempo. Nos compete tener la seguridad que los nombres que manejamos, que son 305, estén bien armados, pero la cifra puede aumentar porque cada vez llegan más casos.
¿Por qué se dice que hubo cinco mil muertos durante la invasión?
Bueno, la falta de información provoca todas estas elucubraciones de lo que pudo haber sido, uno generalmente amplía las cosas. Jamás hemos podido llegar ni siquiera a mil casos a pesar de estar abiertos a recibir todas las denuncias. Ahora queremos ver si se puede poner en el Censo de población próximo una pregunta sobre este tema: ¿tiene usted alguien que ha fallecido durante el proceso de invasión? Esto con el propósito de asegurarnos que la pregunta llegue a todos los panameños y tener mayor certeza. Es una posibilidad la solicitud, aún no se concreta, pero esperamos que sea acogida porque eliminaría toda esta imaginación que se ha generado alrededor de la cantidad de muertes.
Yo creo que ningún panameño justifica que un ejército extranjero venga a intervenir en nuestras decisiones políticas. Es más, con esta invasión nos quitaron el derecho que tenemos nosotros mismos de ser los constructores de nuestro futuro.
¿Qué repercusiones políticas tiene esta investigación para el país?
Hay muchos temas que hemos evitado en la Comisión porque no nos corresponde. La Comisión no tiene que establecer las causas de la invasión que provocan tantas diferencias entre los que justifican y los que no. Yo creo que ningún panameño justifica que un ejército extranjero venga a intervenir en nuestras decisiones políticas. Es más, con esta invasión nos quitaron el derecho que tenemos nosotros mismos de ser los constructores de nuestro futuro. Ya estábamos avanzados en el proceso de denunciar la dictadura militar y sus efectos. Todos los demás países de Latinoamérica, y llegaron a ser ocho de cada diez, que tenían dictadura pasaron a gobiernos democráticos sin la necesidad de la invasión extranjera. Este fue un hecho que no tiene justificación alguna y que evitó que pudiéramos tener esa satisfacción. Estábamos muy próximos a ello. Los días de (Manuel Antonio) Noriega estaban contados, no era fácil, no lo fue, hubo mucho sufrimiento, mucha lucha, pero estábamos avanzando en ese sentido tal y como lo hicieron los países del continente con dictaduras peores que la nuestra, como Chile. Pudieron ir resolviendo esos temas a través de negociaciones, de presiones y nosotros debiéramos haber podido tener esa oportunidad. Es uno de los hechos que nosotros reclamamos como una de las consecuencias negativas de la invasión además del tremendo dolor y sufrimiento de civiles. La gran mayoría, el 70% de los fallecidos eran civiles que no tenían nada que ver con el conflicto. De repente los retuvieron en un retén militar y bueno...
Este ha sido un tema alargado por los gobiernos, ¿por qué no se han ocupado del tema en 30 años?
Creo que hay indiferencia y también ha prevalecido en algunos casos, entre algunos, que es mejor dejar ese tema quieto, no tocarlo, dejarlo así y ofrecer el sacrificio de no conocer esa parte de la historia. Me parece un crimen con la identidad nacional, la invasión produjo un impacto grande sobre nuestra sociedad que todavía yo creo que estamos sufriendo: el aumento de la violencia, la falta de institucionalidad. Hay que recordar que en ese periodo eran autoridades de Estados Unidos las que estaban ocupando las principales posiciones en las instituciones públicas. Así que hay mucha consecuencia, además de vedarle a los jóvenes la historia completa nuestra, yo creo que es un legado que debemos dejar.
¿Por qué ha sido un tema espinoso para los gobiernos de turno?
Ahí hay un tema de relaciones internacionales. La invasión no deja de ser un acto violento de un ejército extranjero que llegó a Panamá y a través de su accionar produjo víctimas y es muy duro para un país aceptar que no puede resolver sus problemas solo y que tiene que depender de un país extranjero para hacerlo. No solo eso, dejar que vengan y violen derechos humanos. Aquí hubo muchas muertes de civiles, por violar los derechos humanos, dispararon misiles contra residencias. Hubo un excesivo uso de la fuerza, hubo muchas injusticias. Hay que recordar que muchas veces los muchachos que estaban en esos retenes eran jóvenes, soldados casi niños, que les daban un arma y bueno, a su capricho asesinaban cuando consideraban que no se estaban siguiendo las instrucciones que ellos daban. Hay casos realmente vergonzosos, casos que merecen investigaciones profundas. Algunas de ellas se han hecho, otras merecen completarse para saber hasta donde el país tuvo que sacrificar a una parte de su población, sobre todo civiles, que fallecieron.
No puedo quejarme del apoyo que he tenido de las autoridades, comenzando con Cancillería, la actual canciller nos ha apoyado, pero hay una inercia en las instituciones públicas que no están funcionando con la eficiencia y eficacia necesaria. Un trámite que debe ser simple y rápido se convierte en todo un problema. Por eso desde enero de este año no hemos recibido un centavo de lo que nos correspondía.
Recientemente se publicó un decreto ejecutivo que extiende el tiempo de investigación hasta enero de 2023 y se plasma el compromiso de proporcionar los recursos, ¿Qué monto necesitan para terminar el trabajo y si es posible hacerlo en ese lapso?
Nosotros necesitaríamos $465 mil, no son cantidades grandes, pero sí muy importantes para lo que estamos haciendo. Nosotros comenzamos en el año 2016 y hemos utilizado los fondos iniciales que fueron $916 mil y lo que estaba programado para ser usado en dos años, lo hemos extendido hasta poder cubrir los gastos en cuatro años. Ahora necesitamos cubrir el próximo año, esto depende de Cancillería, que debe poner en su presupuesto este monto. Esa fue la dificultad que tuvimos este año que, por razón de todos los problemas de la pandemia, no se incluyeron en el presupuesto. Por esta lucha por tener los recursos que permitan terminar este año cumpliendo los compromisos que adquirimos. No puedo quejarme del apoyo que he tenido de las autoridades, comenzando con Cancillería, la actual canciller nos ha apoyado, pero hay una inercia en las instituciones públicas que no están funcionando con la eficiencia y eficacia necesaria. Un trámite que debe ser simple y rápido se convierte en todo un problema. Por eso desde enero de este año no hemos recibido un centavo de lo que nos correspondía.
¿La razón es por el trámite empantanado o porque no cuentan con el presupuesto?
Ya tenemos el dinero, incluso hay una parte que está en una cuenta bancaria, de modo que ni siquiera representa un egreso para el presupuesto. Y no se ha autorizado porque faltaban estos otros trámites de la extensión del periodo de la Comisión. Ahora esto pasa al Consejo Económico Nacional y después la Contraloría va a autorizar ejecutar los recursos que tenemos ahí.
¿Con ese presupuesto puede culminar el trabajo antes de 2023? ¿Qué avances hay en la contratación del laboratorio de Argentina para el análisis de los restos?
Nosotros estamos complementando el excelente trabajo de Medicina Legal con la traída de técnicos extranjeros que tienen experiencia sobre todo en exhumaciones de restos que tienen 30 años o más. No es el mismo procedimiento para poder extraer el ADN de un hueso que tiene más de 30 años. Ahí hay expertos en Argentina, estamos financiando la traída de estos expertos y su estancia. Montar una oficina con facilidades en donde se hacen las exhumaciones, primero Jardín de Paz, ahora lo será Monte Esperanza en Colón, de modo que puedan trabajar y garantizar que sí vamos a sacar la información de los restos. Hasta ahora, los restos del Jardín de Paz ya están exhumados y están en la morgue. Ahí ya se han limpiado y ordenado, están listos para someterlos a las pruebas de ADN y conectarlos con las muestras de ADN de los familiares, así que es cuestión de compararlos una vez que se haga el ejercicio.
¿Cuándo se realizarán las exhumaciones de Monte Esperanza?
Estamos por empezar ahí mismo, en Colón, ya terminamos de extraer los restos que estaban en discusión en el Jardín de Paz, en Panamá. Ahora se analizarán los restos que se sacaron, en 33 bolsas, que están en la morgue, ya fueron clasificados. Fue un trabajo duro y largo y ahora con la espera de los técnicos argentinos que van a venir, y que tenemos que financiar, van a encontrar el ADN de estos restos que es necesario para hacer la comparación.
¿Cuál es el cronograma para Monte Esperanza? ¿De cuántos restos hablamos?
Tenemos 30 casos que han sido denunciados de familias que no saben dónde están los restos de los fallecidos. Esto tiene una prioridad para nosotros porque imagínate que no se sepa de alguien que ha perdido, que ha fallecido, y ni siquiera saben dónde rezar y llorar la fatalidad de esos familiares. Así que estamos concentrados en esos treinta casos y esperamos que podamos resolver eso este año con los fondos que vamos a recibir y no podemos utilizar, pero yo pienso que eso puede arrojar información necesaria. Hubo un desorden que puede explicarse porque fue una guerra, pero además no se siguieron los protocolos, hubo grandes violaciones a los derechos humanos.
¿En qué sentido hubo violación a los derechos humanos?
En el sentido de que hubo intervención de las fuerzas invasoras en los lugares donde se tenían los fallecidos, no se sabe a dónde los dispusieron. Hay que hacer una investigación profunda. Ha habido exhumaciones y traslados de esos restos a diferentes lugares. Por eso es que, la investigación se ha extendido más de lo que pensamos. Ha pasado tanto tiempo que esa información se hace difícil de encontrar. Afortunadamente ahora se están desclasificando documentos en Estados Unidos que nos están ayudando. Esa es parte de nuestra labor en este momento.
¿Cuál ha sido la colaboración de Estados Unidos en todo este proceso?
Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Washington, Estados Unidos y se están revisando esos documentos. Es más, el pueblo panameño tiene acceso a esos documentos si ingresa al portal del grupo periodístico Concolón, se llama ‘Panamáfiles’, ahí están los documentos desclasificados que tiene partes ocultas, y tenemos que hacer una gestión adicional para descubrir qué tienen esas partes. Normalmente son las más sensitivas. El trabajo se está haciendo y eso nos puede ayudar para encontrar la verdad, que es lo que realmente se quiere, y poder tener la historia completa para decir a los jóvenes qué es lo que pasó durante la invasión.
Hay que hacer una investigación profunda. Ha habido exhumaciones y traslados de esos restos a diferentes lugares.
Los restos hallados y los que se van a exhumar en Monte Esperanza, ¿a quiénes corresponden, de cuántos casos hablamos?
Por lo menos a los 30 que no se han identificado. El resto se ha identificado y los familiares están conformes con la identificación. Pero los 30 desaparecidos que no se sabe dónde están, creo que estamos haciendo el trabajo correcto. Hemos encontrado un desastre en la información que se nos suministró, donde decían que había cadáveres, incluso en el Jardín de Paz, resulta que no había o fueron movidos después con exhumaciones que hicieron para sacar de ahí cuerpos y llevarlos a otro cementerio, o simplemente no se hizo el trabajo completo y por ello estamos coligiendo esos archivos. De tal forma que podamos identificar los cadáveres en el sitio donde están enterrados para que sus familiares puedan rendir los honores que merecen.
¿Qué ha significado para usted presidir esta comisión?
Yo siento un honor muy grande de poder representar a las víctimas, tener el apoyo para poder ser su voz en las actividades necesarias para tener vivo ese espíritu de solidaridad con esos panameños que sufrieron y que se les dio la espalda por muchos años. Quizás pensando que iba a haber alguna reacción de Estados Unidos, que ha sido un país amigo y que siempre ha colaborado con nosotros. Yo no tengo ninguna queja de la colaboración de la embajada de Estados Unidos en Panamá, el único tema es que ellos siguen pensando que fue una liberación y no una invasión, es el primer tema que tenemos que insistir. Para vergüenza del pueblo norteamericano esa fue una invasión no justificada, se hizo una campaña muy grande para llevar a la mente de todos de que se justificaba la invasión para acabar con el régimen de Noriega, cosa que no era necesaria y que se sabía muy bien que podían haber ayudado como lo estaban haciendo con negociaciones, estábamos muy próximos. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y no entiendo como no pudo lograr como un dictadorzuelo como Noriega saliera de la posición de la que estaba.
COMISIÓN 20 DE DICIEMBRE
Empeñado a poner nombre a los desaparecidos durante la invasión
- Nombre completo: Juan Planells Fernández
- Nacimiento: 21 de mayo de 1941, Cuba.
- Ocupación: Empresario, presidente de la Comisión 20 de Diciembre
- Resumen de su carrera: Ingeniero Civil de la Universidad de Panamá. Ha dedicado su vida profesional al campo de la educación, la administración industrial y el empresariado. Catedrático, director de la Escuela, Decano, Vicerrector y Rector de la Universidad Católica Santa María la Antigua (2015-2020). Fue director general del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y actualmente es el CEO del Instituto Innovación, S.A. Gerente General de la Fábrica de Espejos, Vidrios y Aluminio La Garantía y Gerente General del grupo Decolosal/Selloro, ambas empresas del sector industrial panameño.
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