Adolescentes víctimas de abuso sexual y el engorroso proceso de adopción, un círculo sin fin

Emiliani detalla que las adolescentes cargan un pasado crudo y desolador, que requiere de atención psicológica y/o psiquiátrica para poder superarlo.

Las adolescentes embarazadas que ingresan al albergue Hogar María Guadalupe de la Fundación Ofrece un Hogar tienen un común denominador: el origen del delito se encuentra en el núcleo familiar. En ocasiones recibe niñas de 9 o 10 años, once es “lo normal”.  “Son niñas que han sido abusadas por el padrastro, por el primo, o tío, o vecino y vienen referidas por el Órgano Judicial o la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf)”, explica la directora del albergue, Gioconda Emiliani.

El hogar recibe al mes un promedio de 15 adolescentes embarazadas. Al momento en que La Estrella de Panamá realizó la visita, febrero de 2021, alojaba a nueve.

Aunque el procedimiento para atender estos casos consiste en extraer a las niñas de casa, de su escuela, y su entorno, el agresor permanece en su casa sin que el sistema atienda el problema de raíz. Lo que agrava la situación, porque en el pasado se ha tenido la experiencia de que cuando se reintegra la niña a la familia, o se busca a la familia extendida, es víctima de nuevos abusos.

Se estima que entre 2014 y marzo de 2020 más de 60 mil niñas y adolescentes —entre 10 y 19 años— se embarazaron, según cifras del Ministerio de Salud. Las niñas menores de 14 años representan más del 10% del porcentaje de embarazo adolescente.

Emiliani detalla que las adolescentes cargan un pasado crudo y desolador, que requiere de atención psicológica y/o psiquiátrica para poder superarlo. Todas han sido víctimas de abuso sexual y da la impresión de que en ciertos casos hubo consentimiento de la madre o que las niñas iniciaron su vida sexual a muy temprana edad.

Este medio se percató de que no todos los casos habían sido reportados al Ministerio Público, los que sí, mantenían investigaciones muy lentas, muy pocos llegan a condenas.  Durante la presente investigación detectamos que la omisión en las denuncias en casos de abuso sexual o maltrato infantil, dentro o fuera de los albergues, obedece al rol que asume el denunciante, la falta de confianza en las autoridades y el letargo con el que avanza el Ministerio Público, pues se trata de procesos complicados que toman años en deslindar responsabilidades.

“Pareciera un asunto de formación de los trabajadores de la (Senniaf) que evitan hacerse responsables de los hechos a pesar de haberlos identificado”, explicó Rosaria Correa, abogada y especialista en niñez, como una de las posibles razones.

Emiliani describió el caso de una niña oriunda de la comarca Guna Yala, de 10 años y con cierta discapacidad mental que fue abusada por su padrastro. Llegó al albergue con la barriga avanzada y el Ministerio Público la entrevistó varias veces, pero por las condiciones geográficas de la comarca, conformada por cientos de islas, no se logró hallar al agresor.

“Nos hemos dado cuenta de que un factor que incide en estos delitos es la estrechez del hogar, que permite la promiscuidad y se dan abusos sexuales. En el mismo cuarto duermen adultos y niños juntos”, detalló Emiliani. De igual forma interfiere la indiferencia de los padres quienes no parecen percatarse de lo qué están haciendo sus hijos.

En este contexto, se requiere identificar los derechos judiciales de todos los ciudadanos para responsabilizar a los victimarios, especialmente en las zonas apartadas, o comarcas, donde la presencia policial y judicial es más laxa y es más difícil de hacer cumplir la ley.

El proceso inicia en la Senniaf, entidad a la que le compete investigar el grupo genealógico de primer y segundo grado del NNA. “Cuando la Senniaf investiga y me dice: Con este padre ya no se puede, vamos a hacer una demanda de inhabilitación, me traen la demanda”, explica Rodríguez.

Una vez las adolescentes cumplen la mayoría de edad deberían iniciar una vida independiente. Pero el estado no provee una solución, o la creación de albergues para albergar a estas muchachas que muchas veces no pueden regresar a su lugar de origen. Como muchos Niños, Niñas y Adolescentes institucionalizados, las adolescentes que egresan de los albergues quedan en el aire, con la complejidad de que no se van solas, sino con sus hijos, o los dan en adopción.  

Se estima que entre 2014 y marzo de 2020 más de 60 mil niñas y adolescentes —entre 10 y 19 años— se embarazaron, según cifras del Ministerio de Salud. Las niñas menores de 14 años representan más del 10% del porcentaje de embarazo adolescente.

Por otro lado, los procesos de adopción en Panamá, que se rigen bajo la Ley 46 de 2013, son sumamente burocráticos, pueden durar años, a razón de una serie de evaluaciones e investigaciones que debe realizar la Senniaf con un personal muy limitado y falta de recursos.

El proceso inicia en la Senniaf, entidad a la que le compete investigar el grupo genealógico de primer y segundo grado del NNA. “Cuando la Senniaf investiga y me dice: Con este padre ya no se puede, vamos a hacer una demanda de inhabilitación, me traen la demanda”, explica Rodríguez.

Una vez culminada la investigación el juez traslada la demanda de inhabilitación a los padres para decidir si se les retira, o no, la patria potestad. “Inhabilitar a un padre no es cosa fácil. No es comer galletas, es quitar todos los derechos para pasar a adopción”, advierte el juez de Niñez de San Miguelito, Celso Rodríguez.

La verificación de la información y la entrega a tiempo de las evaluaciones son parte del motivo del retraso. El juez describe que en ocasiones la Senniaf entrega evaluaciones vencidas que le impiden fallar. “Le voy a decir que hay veces aquí las cosas llegan tarde. Yo no puedo fallar con una evaluación vencida para quitar la patria potestad a un padre”, recalca el mediador.

Como consecuencia ordena una nueva evaluación, lo que retrasa el proceso indeterminadamente a la espera de la gestión de la Senniaf para localizar a la familia del NNA en diferentes provincias. Además de las pruebas proporcionadas por Senniaf, el juez, el fiscal y el defensor del niño, niña o Adolescente (NNA) tienen derecho a practicar otras. En 2020 el juzgado de San Miguelito efectuó una sola audiencia por adopción.

“El problema no es la Ley, sino la actitud que tienen los funcionarios, me atrevo a decir, también a nivel administrativo y las limitaciones económicas de Senniaf” explicó el juez.

En el albergue Divino Niño, ubicado en la capital panameña, de 23 menores de cero a cinco años que alojaba en febrero de 2021, 17 estaban en estado de adoptabilidad. En 2020 se concretaron dos adopciones, mientras que en 2019 ninguna, aunque sí hubo tres familias acogentes.

“Se trata de niños abandonados en hospitales, o deambulando en las calles, de extranjeros hijos de migrantes que han muerto en el trayecto del Darién o no acompañados, lo que dificulta ubicar a sus familiares por la falta de documentación”, describe Maritza Grifo, directora del albergue.

Generalmente los niños llegan con estrés postraumático que se manifiesta en llanto. “Tuve uno que ni siquiera lloraba, se le salían las lágrimas. Lo trajeron a los tres años, fue arrancado de una familia acogente”, añade Grifo.

En el proceso se ha tenido la experiencia de niños que han sido devueltos a los albergues, en otras ocasiones el albergue solicita no concretar la adopción. “Cuando los devuelven es porque ha sido mal la selección de los padres adoptantes”, indicó una entrevistada ligada al tema de adopciones que pidió omitir su nombre. Esta persona dijo ser testigo como en una ocasión “una pareja devolvió a la Senniaf a una niña de tres años porque “había mordido a su perro”.

La base de datos de las familias acogentes debe reposar en la Senniaf, pero hasta donde conoció este medio, no ha sido actualizada. En uno de los albergues visitados hallamos a cinco niños que ingresaron de meses de nacidos, pero después de cuatro años no estaban en condición de adoptabilidad. En el proceso surgen demoras por los procedimientos que hay que cumplir y una serie de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas a los futuros padres.  Se plantea una etapa de convivencia y los peritos vigilan qué tan favorable es.

“Nosotros apretamos, queremos escuchar al niño, nos damos cuenta si en verdad la convivencia es positiva”, explica el juez.

Las adopciones deben desarrollarse con debida diligencia y asegurar el cumplimiento del proceso apegado a la ley, funciones específicas y protocolos de atención que garantizan detectar irregularidades y exigir responsabilidades a quien corresponda, para eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares y recomendaciones que orientan al Estado para su implementación.

Lamentablemente, indicó una de nuestras entrevistadas con experiencia legal en casos de adopciones, “en nuestro país la corrupción permea la institucionalidad y en la propia sociedad, utiliza influencias y poder, así como los profesionales inescrupulosos que lucran como gran negocio de las adopciones por eso se debe enfrentar con un alto profesionalismo del personal y especialistas de moralidad e integridad probada con capacidad para enfrentarla y que esté sometida una estricta supervisión y evaluación”.

El sistema carece de un programa de intervención en los albergues en caso de adoptabilidad, y la población con alguna discapacidad no recibe la atención necesaria.