El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, considera que se requiere de una logística e infraestructura de la que carece Panamá, es imposible vacunar a los migrantes como resolvió la CIDH, producto del caso Vélez Loor vs Panamá, dice
El flujo incesante de migrantes por Panamá y la región Centroamericana hacia Estados Unidos se ha convertido en un verdadero reto para el país. El primero es saber quiénes cruzan la peligrosa selva del Darién para identificar a posibles criminales, luego enterarse de cuántos de los que salieron de Capurganá, Colombia, llegan a Panamá, y finalmente trasladarlos de forma segura a la siguiente frontera, Costa Rica para que continúen su viaje hacia Estados Unidos. Pero, a pesar del esfuerzo, riesgos y costos que implica esta la logística, a Panamá se suma que debe garantizar los servicios de salud para los viajeros, tal como lo ordenó la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Vélez Loor-Panamá. Eso se traduce en garantizar el programa de vacunación sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio. Resolución que, para Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo, es una tarea imposible porque implica una logística muy complicada. Recientemente Panamá y Colombia convinieron recientemente, que mientras que dure la crisis en la frontera, el Istmo recibirá hasta 650 migrantes por día y no de 1,500 o dos mil por día como ocurrió previamente. Este año han pasado 55 mil migrantes irregulares de Haití, Cuba, Asia, África, que puede ser cinco veces más alta en comparación al tránsito que recibió Panamá en otros años.
¿Cuál es su posición sobre la resolución de la CIDH de garantizar la vacunación a los viajeros?
El tema de la vacunación no fue tratado en la reunión. Es un tema entre Panamá y la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a través de unas medidas precautorias que puso la CIDH por el caso Vélez Loor-Panamá. En este caso yo creo que en la práctica es casi imposible vacunar a los migrantes por varias razones: uno porque Panamá no tiene la infraestructura para hacer llegar de forma rápida y constante para llegar a esas zonas. Aunque la tuviéramos, por la forma de la migración es imposible. Por ejemplo, hay que hacer un censo, la población se mueve por canoas, y hay que transportar la vacuna por horas para buscar a la población que tal vez cuando arriban las vacunas estas personas ya se movieron de lugar. Con todo el respeto de los jueces de la CIDH, yo como persona, no creo que esta sea una medida realizable por ningún estado de los que sirven al flujo migratorio.
No obstante, se corre un riesgo de contagio para la población o las unidades a cargo de la atención de los migrantes...
Es casi cero, primero porque al migrante no lo ves en las calles de la ciudad o en las barriadas, o en las provincias. El migrante no tiene contacto con la población, sigue su ruta hacia el norte. En el flujo controlado son transportados por migración hacia otro punto. Los que tienen síntomas van al campamento de Gualaca, lo que evita el riesgo.
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¿Qué tanto hacen los gobiernos a sus recomendaciones?
Te voy a responder así, nosotros no mordemos duro, pero mordemos. Estas medidas provisionales que dictó la CIDH en el caso Vélez Loor vs Panamá, nos mencionaron no menos de 14 veces. Tal vez en el foro interno se desestima, pero los organismos internacionales nos escuchan, y ellos son los que a la vez le jalan las orejas a los gobiernos.
¿La cantidad de migrantes que estamos recibiendo, está excediendo la capacidad de las autoridades?
Uf, sí. Bajo Chiquito, por ejemplo, tiene una población de más de 200 personas, y a veces tiene 800. Pero hay que tener algo importante, ningún país de la región, ni Colombia, Ecuador, o Centroamérica tienen la capacidad de recibirlos. Lo que se quiere es que Colombia envíe el flujo controlado, no solo que proporcione información, sino que envíe el flujo controlado porque Panamá tiene un acuerdo no escrito con Costa Rica para que les fueran enviando unos 50 migrantes en la época de pandemia cuando se decía que las fronteras estaban cerradas. Las fronteras nunca las van a poder cerrar, jamás. Son 227 kilómetros de selva, aunque pongas a alguien en cada kilómetro no puedes hacer nada.
¿Cuál es la solución entonces?
Panamá va a seguir en el mapa por la decisión de la CIDH que condenó a Panamá, y lo otro es que cuando llegan los migrantes a Colombia hay vida, aquí no hay nada. A veces pienso, por qué no aprovechamos la oportunidad para convertirla a favor de la población panameña. La población receptora a veces se enoja, pero en muchas ocasiones vive de los migrantes. El paso de migrantes lo veo ordenado, he estado en los lugares de recepción en Panamá y debo decirlo. Panamá en el 2018 firmó el pacto Mundial para la Migración que debe apoyar a las migraciones en el paso seguro, expedito y humano. Ese pacto que se firmó también por 163 países nos dice que hay que poner el empeño para que pasen, el problema es que tenemos el tapón del Darién y donde llegan son zonas poco desarrolladas, lo que nos hace preguntarnos, ¿esto lo vamos a hacer por los migrantes o por los panameños?
¿A quién debe solicitar recursos Panamá, en caso de ser necesario, para hacer esta tarea?
Yo creo que debemos solicitar recursos a las organizaciones internacionales y a los países que sea necesario para apoyar a la población y los migrantes. Lo poquito que tenemos nosotros son $175 mil de presupuesto para estos asuntos y otros.
Igual que nosotros, es importante que el Ejecutivo dote con el debido presupuesto a la Senniaf y otras instituciones como la nuestra. Igualmente hemos conversado con la ministra del Mides quien ha suspendido el permiso de algunos albergues, y busca darles seguimiento a los fondos recaudados por los albergues, que tienen que informar al Mides en qué se gasta el dinero.
¿Qué balance puede otorgarnos de la reunión que sostuvo con sus homólogos de la región con respecto al paso de migrantes?
Luego de recibir la invitación del defensor del Pueblo de Colombia, nos reunimos los defensores de Ecuador, Costa Rica, migración de Colombia y el Instituto colombiano de Bienestar Social, bajo la observación de las organizaciones internacionales, y palpamos la gravedad del asunto, la cantidad de personas que llegan a Carpurganá, Colombia, y que van a cruzar por siete días el tapón del Darién panameño. Dentro de las observaciones que se arribaron y que se comunicarán a los gobiernos respectivos están: el intercambio de información veraz y efectiva, coordinada y sostenida en el tiempo para conocer las personas que se encaminan a la selva y las que llegan. Es decir, que Colombia nos diga cuántas personas van y nosotros confirmemos el número de personas que llegan. Esto es por mandato del pacto Migración Segura que indica que no se deja a nadie atrás. Eso es importante detallar por edad, género, si hay mujeres embarazadas, para nosotros tener esas precauciones. Lo segundo que acordamos es mayor seguridad en la frontera en el paso en la medida de lo posible. Sabemos que son lugares inhóspitos, pero tenemos conocimiento de la comisión de delitos en la selva sin tener la seguridad si se cometen dentro o fuera de nuestro territorio. Por eso se pide a ambas naciones. El otro tema es que migración y Panamá autoricen la apertura de la ruta, por ejemplo, en Puerto Obaldía. Una ruta que permite un paso más expedito por el Darién sin tener que pasar siete días en la selva.
Con respecto al intercambio de información, Panamá y Colombia firmaron un acuerdo, si se insiste en ese renglón debo pensar que no se está haciendo lo suficiente, ¿qué sucede?
En ese punto la información en algún lado no se está cumpliendo con el acuerdo firmado entre ambas naciones en abril de 2021. Adicional, Colombia hace la biometría y que la manda a Panamá y a su vez, este último dice que Colombia no le manda la información. Es parte de las conclusiones a las que vamos a llegar y las que vendrán con nuestras autoridades porque sus homólogos dicen que sí cumplen y en Panamá que no. Tenemos que llegar a ese acuerdo y también aplaudimos los acuerdos binacionales que se lleguen en esta materia. Pero, nosotros por razones humanitarias necesitamos que se pongan de acuerdo porque al final esos son insumos que necesitamos.
En cuanto a la seguridad en la frontera, ¿a qué país le toca hacer esto?
Eso tiene que ser un tema conjunto, debe ser el ejército de Colombia y Senafront. Ambos tienen que asegurar el paso en sus naciones y meter más inteligencia para poder captar a los coyotes y combatir los crímenes que se dan en la selva. Nosotros tuvimos reportes que se dan crímenes a siete horas de Capurganá, que todavía es dentro de Colombia, y también de aquí que indican que a horas de Bajo Chiquito que es dentro de Panamá.
¿Cuántas denuncias ha recibido la Defensoría del Pueblo que involucre trata de personas?
Nosotros recibimos quejas y en virtud de la información que recibimos por parte de migrantes se coordinó con el procurador encargado, Javier Caraballo, e inmediatamente envió dos fiscales del área. En esa operación que se hizo se pudieron recabar más de 200 denuncias de posible comisión de delito. Se hizo una inspección en Metetí con los fiscales y esa fue la cantidad de denuncias que recogieron. Tengo que ser responsable en decir que muchos de los migrantes caen en este tipo de situaciones para que el paso no les sea más tardío y prefieren callar para poder arribar a su destino. Nosotros pudimos palpar en Capurganá, por la vestimenta que tenían, y porque preguntamos a migrantes si ellos sabían cuántos días de camino eran a Panamá, ninguno sabía. Ellos no sabían que les esperaban siete días de camino.
Debe hacerse un esfuerzo multilateral estructurado en este campo para controlar el flujo en cada país que destina presupuesto, ¿quién debe asumir la carga en este aspecto?
Detener el flujo es difícil. El ejercicio que hicimos a través de la invitación de la defensoría de Colombia incluyó a Ecuador, países de la región Centroamericana, pero la migración se da producto de la situación socio política de diferentes países. En el tema de los recursos yo creo que tenemos que invertir en recursos pensando en la población y que además beneficie a los migrantes. Es decir, en Bajo Chiquito no hay agua potable, electricidad, pero si no van los migrantes, igual hay que llevar esos servicios a los pobladores. En Metetí no llega el agua potable, o la electricidad. No solo pensar en el tema de los migrantes, sino en la población.
Me gustaría que retrate cómo se cruza este camino con niños pequeños, ¿qué cifra tiene de niños sin acompañante?
Tenemos a 1238 familias con niños. Cuando arriesgan la vida en este paso van con niños. Tenemos alrededor de 69 niños en proceso de reunificación familiar en estos momentos. Es impresionante ver las caras de los niños en Capurganá, y después ver a esos mismos niños con otra cara cuando llegan a Metetí, Darién. Hay caras tristes porque no conocen lo que viene. Las personas salen de sus países con niños en brazos. La cantidad de niños que han quedado varados en Panamá, la cifra la tiene la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf). En total hay 69 que están en proceso de verificación de la paternidad o maternidad del acompañante y de reunificación o regreso a su país.
Desde que usted emitió su informe sobre los albergues, ¿qué ha sucedido?
Primero que han ocurrido dos proyectos de ley en la Asamblea Nacional que se fusionaron e integraron la ley Integral de Protección a la Niñez, nosotros participamos con comentarios en la ley y daremos seguimiento. De igual forma se activó el Consejo Nacional de Adolescencia y estamos participando. La defensoría se preparó y activó el tema de niñez a través de la contratación de personal idóneo y estamos engrosando el tema.
Esto no es cuestión de una ley solamente, requiere coordinación interinstitucional y responsabilidades, ¿este proyecto de ley cumple o no con esto?
Sí, ahí están creando un consejo multidisciplinario para atender estas necesidades. De hecho, pronto tenemos una reunión de coordinación. El Mides está capacitando a los directores de albergues. Sé que ha aumentado el personal de la Senniaf, pero no estoy enterado de los detalles.
¿Cuáles son las sugerencias de la Defensoría que ha efectuado al gobierno con respecto al tema?
Igual que nosotros, es importante que el Ejecutivo dote con el debido presupuesto a la Senniaf y otras instituciones como la nuestra. Igualmente hemos conversado con la ministra del Mides quien ha suspendido el permiso de algunos albergues, y busca darles seguimiento a los fondos recaudados por los albergues, que tienen que informar al Mides en qué se gasta el dinero. El gobierno tiene que invertir en la niñez.
Usted como defensor, considera que se está haciendo un trabajo de protección a la niñez en Panamá, ¿sí o no?
Siento que se puede hacer más. Tiene que ser más rápidas las adopciones y desinstitucionalizar a los niños.
Del uno al cinco, ¿qué calificación le pone al sistema de protección al país?
Tres.
¿Cuáles son los puntos urgentes para atender según su criterio?
Evitar la institucionalización de los niños, los trámites de adopción deben ser más ágiles y debe haber intervención en los hogares y en las personas para evitar el abandono y que entren en albergues. Adicional, después de que pasan el trámite de adopción, tener un protocolo para reinsertarlos en la sociedad.
¿Cuál ha sido el proceso de desinstitucionalización?
Nosotros no participamos en ese tema, sino Senniaf. Pero hace falta mucho trabajar en el tema. En tema de albergues lo que la gente quiere saber es si el Ministerio Público ya llamó a declarar a las personas. Nosotros estamos involucrados en la revisión y ajuste de la norma. También se han reactivado algunos comités en los que formamos parte y se está haciendo una supervisión para ver las reglamentaciones. Igualmente hemos visitado varios albergues verificando información de supuestos abusos, estamos en el tema preventivo. Pero nosotros somos fiscalizadores externos.
DEFENSOR DEL PUEBLO
Eduardo Leblanc fue electo por la Asamblea Nacional en abril de 2021
- Nombre completo: Eduardo Leblanc
- Nacimiento: 17 de octubre de 1974 Colón, Panamá
- Ocupación: abogado
- Resumen de su carrera: Eduardo Leblanc Jr., con ejercicio profesional por más de 19 años, en las áreas Derecho Bancario, Corporativo, Fiduciario, Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (Conciliación y Arbitraje), Protección Patrimonial, Fusiones y Adquisiciones, Planeación Estratégica, Contrataciones Públicas, especialmente en temas de asesoría corporativa integral. Laboró por más de 19 años, en el sector financiero privado y público ocupando importantes cargos. Es especialista en métodos alternos para la resolución de conflictos y litigios. Tiene una amplia experiencia profesional que le permitirá agilizar la resolución de las diversas quejas, actuales y futuras, con miras a imprimir el dinamismo que se espera de la entidad que protege al pueblo de vulneraciones a sus derechos humanos. De igual forma con su formación cívica y de servicio social, hará énfasis en la promoción y educación de estos derechos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Es Socio Fundador (en licencia) de la firma “Signature, Regional Law Group”. Una firma regional con presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y con la capacidad de prestar servicios legales y de consultoría en las siguientes materias: Asesoría Financiera, Reestructuraciones, Emprendimiento, Cumplimiento normativo, Blanqueo de Capitales, Arbitraje y Fideicomisos en toda la Región Centroamericana.Actualmente es el Defensor del Pueblo de la República de Panamá, es una institución autónoma e independiente, de índole Constitucional, líder en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, vigilante de la administración pública, revestida de la jerarquía constitucional que le permite legitimar sus actuaciones frente a los poderes del Estado. La Defensoría del Pueblo promueve, protege y defiende el respeto a los derechos humanos, investigando, supervisando y denunciando actos, hechos u omisiones por parte de la administración pública o de los concesionarios de servicios públicos.
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