Petición de cupos para NNA en albergues, la génesis de la distorsión del sistema

Entre febrero y abril de 2020, la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (Senniaf) trasladó desde diferentes oficinas regionales a cinco adolescentes a la fundación Cuestión de Fe (Fuscfe) ubicada en el pueblo de los Caratales, Santiago de Veraguas, liderada por el pastor Dorian Mena. Esto, a pesar que de antemano conocían que se trataba de un sitio de rehabilitación para adictos y cuido de adultos mayores, que no estaba reconocido por la institución como un albergue porque no guardaba las condiciones físicas o el perfil requerido para alojar a las chicas. Ahí se permanecieron meses, en vez de semanas.  

Esta medida administrativa, que pareciera una alternativa coyuntural a la pandemia que afectaba al país, no es más que la punta del iceberg del cuerpo de un sistema distorsionado que ocasiona una deficiente supervisión y monitoreo de Senniaf a los albergues. En el fondo también expone el peloteo al que son sometidos los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) institucionalizados cuando el director pide su traslado, y refleja la carencia de un programa efectivo de reunificación familiar que evite la institucionalización.

“Al ser Senniaf la entidad encargada de pedir cupos, monitorear y capacitar a las instituciones, los directores de los albergues les, cumple un doble rol, ingresos y monitoreo de los albergues, los directores hacen la salvedad de que si algunos de los estándares que deben llenar en atención a los NNA no se cumple, no puede ser Senniaf quien haga la observación porque de antemano sabía que el albergue estaba saturado,no había condiciones para el ingreso y  suficiente personal”.

Lo anterior forma parte de un informe del Departamento de Control y Cumplimiento de calidad de la Senniaf - con fecha de julio de 2019 - elaborado por las trabajadoras sociales, Dorka Reyes y Rosa Mosquera e Idis Rodríguez, Psicóloga, en el que se  describe la problemática que enfrenta la institución al momento de solicitar cupo para los NNA.

Las funcionarias destacan que en casos sensibles de NNA con conductas evasivas o conflictivas se piden cupos en albergues de “puertas cerradas”, que no existen, en vez de priorizar el trabajo con las familias y los adolescentes.

Históricamente el ingreso de NNA en los albergues resulta un ruego para la Senniaf y los Juzgados de Niñez y Adolescencia. En parte, se debe a la falta de documentación o información parcial que acompaña al NNA al ingreso, que luego se convierte en una crisis para el albergue alojante porque  o no cuenta con personal especializado, o es insuficiente, así como el apoyo del gobierno en este renglón.

Para evitar lo anterior, muchas veces los albergues disfrazan el rechazo por “no hay cupo”. La situación parece entrar en un círculo vicioso en el que la Senniaf demora las decisiones, no envía datos, mientras que los albergues callan por temor a afectar el subsidio que reciben del gobierno y mantener la relación.  

“Se piden ingresos en instituciones específicas a sabiendas que no son las indicadas porque tienen un perfil distinto al caso o no tienen cupos”, relatan las funcionarias.

Otro problema que enfrentan las trabajadoras es que piden el cupo sin informar a los directores del albergue o al equipo de la Senniaf, lo que retrasa los ingresos porque cuando los aceptan deben verificar nuevamente la disponibilidad. Todo esto sin contar que el equipo que debe efectuar estas tareas era de 3 personas, quienes manejaban un volumen de casos in crescendo, lo que mermaba la labor de directa con los albergues.

En el caso de Veraguas, como el de muchos otros, supuestamente se trata de una medida temporal, mientras la Senniaf realiza la investigación de restitución familiar de las adolescentes. No obstante las actas de entrega se resumieron a un solo papel membretado solicitando los cuidados y todas las atenciones para las adolescentes, sin notas sobre antecedentes.

Solo una comunicación interna, a la que este medio tuvo acceso, detalla “una menor en riesgo social por consumo de sustancias”. Del resto no dieron información sobre padecimientos o necesidades especiales de las adolescentes que la Senniaf dejó a cuidados de la Fuscfe.

Era principios de la pandemia y los albergues habían cerrado sus puertas por temor a contagios de covid-19. La opción que encontraron las siguientes funcionarias: directora de Protección Especial de Derecho, Celine Brown; la coordinadora Jurídica de Protección Regional Panamá-Encargada, Linaida Miró; la trabajadora social Karina Solis y la coordinadora regional de Changuinola, Rosalía Ábrego, fue ingresarlas Fuscfe.

La fundación opera en una casita pequeña en la que brindan ‘terapia espiritual’ a 18 adultas con problemas de adicción -el 8 de en marzo 2021- y mayores de edad con padecimientos psiquiátricos.

En mayo 2020, al menos dos de las cinco jóvenes salieron huyendo a la casa de una vecina alegando maltratos, acusaron al cuidador que las observaba en el baño, y de la mala calidad de la comida.

La vecina llamó a la Policía y la Senniaf trasladó a las chicas a la capital,  habilitó una casita y luego las restituyó con sus familias. A raíz de este incidente el Ministerio Público abrió una investigación por supuesto maltrato.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, Tomás Herrera, el abogado del pastor, defendió que todo se trató de una pelea entre las chicas en la que el cuidador pudo haber usado la fuerza al separarlas: “Si ellas hubiesen dicho que les pegaban todo el tiempo sería otra cosa”, defendió.

Al buscar la versión de la oficina regional de Senniaf en Veraguas constatamos 4 funcionarios, incluyendo a la secretaria que deben cubrir las comarcas y territorios de difícil acceso donde hay seis albergues. Administrativamente parece una tarea casi imposible tomando en cuenta que “de marzo a agosto de 2020 la oficina no contaba con transporte de la institución y el personal se limitaba en dos psicólogos, una trabajadora social y un coordinador general”, explicó una fuente vinculada a la oficina que solicitó reserva de su nombre.  

“La Senniaf no dejó alimentación o medicamentos para las adolescentes. Simplemente pidieron que las tuvieran ahí por tres semanas. Pasaron meses, el pastor llamó a Senniaf para saber hasta cuando, pero no le dieron respuesta”, dijo el abogado del pastor.

Harold Pineda, coordinador de Coclé y Veraguas de la Senniaf, dijo desconocer cómo o quién tomó la decisión de enviar a las adolescentes a la fundación. Tampoco reconoció las actas de entrega a Fuscfe firmadas por personal del Senniaf que le mostramos y afirmó que en febrero no había sido nombrado. No sabía del hecho. No obstante, negó que las chicas estuvieran golpeadas.

“Vino el licenciado Harold y un grupo de Senniaf a mi oficina y luego fueron al centro” para ver las instalaciones antes de traer a las chicas, relató el pastor Mena. “Por hacer un favor, agregó, ahora termino en un lío legal”, dice. “Las adolescentes presentaban problemas de conducta y la institución no tenía dónde ponerlas”, añadió Mena.

Harold explica que la “norma da 60 días para encontrar familiares”. Cuando los NNA llegan al Senniaf es porque se agotaron las alternativas, “nos toca buscar familia y eso es muy complejo”. Lo que más abunda, añade, es pobreza. “Hay situaciones en las que los niños no han regresado con su familia porque es pobre, por eso yo hago mi gestión para subir el nivel de ingreso a la familia”, manifestó. En esto ha logrado coordinar 15 casos.

En los alrededores de Fuscfe, los vecinos se quejaron de la falta de supervisión de las autoridades, algunos tuvieron que mudarse por el ruido y conductas de las ancianas y adictas en recuperación que rompieron con la acostumbrada quietud del lugar.